El transporte público tucumano seguirá bajo régimen de emergencia hasta el 31 de mayo de 2028. El gobernador Osvaldo Jaldo promulgó la Ley N° 9.978, que extiende por dos años más la emergencia del Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros de jurisdicción provincial.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, le permite al Poder Ejecutivo continuar otorgando subsidios y compensaciones mensuales a las empresas del sector, con el objetivo de sostener la prestación del servicio y evitar despidos.
En los hechos, la decisión confirma que la crisis del transporte dejó de ser una situación excepcional para transformarse en una política casi permanente. Siga el baile: colectivos con frecuencias cuestionadas, unidades deterioradas, usuarios molestos, empresarios que reclaman asistencia y un Estado que vuelve a poner plata para que el sistema no termine de colapsar.
Subsidios millonarios y boleto bajo presión
Solo en abril, la Provincia destinó más de $7.000 millones en subsidios a los empresarios nucleados en AETAT. Mientras tanto, el sector ya elevó un pedido ante el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para llevar el boleto mínimo de $1.250 a $2.400, según el estudio de costos presentado por las empresas.
El combo vuelve a encender el malestar de los usuarios: un servicio caro, sostenido con fondos públicos y, al mismo tiempo, señalado por sus deficiencias. La postal se repite: el pasajero paga el boleto, el Estado aporta subsidios y aun así persisten los reclamos por demoras, unidades en mal estado y prestaciones que no siempre responden a las necesidades cotidianas.
La ley establece que las compensaciones serán determinadas por el Poder Ejecutivo según las variables económicas vinculadas a la explotación del servicio, aunque condicionadas a la disponibilidad del Tesoro provincial.
Una emergencia que se volvió costumbre
La prórroga de la emergencia expone la fragilidad estructural del sistema de transporte tucumano. La caída de subsidios nacionales, el aumento del combustible, los costos laborales y la falta de renovación del parque automotor profundizaron una crisis que viene arrastrándose desde hace años.
El Gobierno provincial busca evitar una paralización del servicio y contener un conflicto de alto impacto social. Pero la continuidad del esquema también abre una pregunta incómoda: hasta cuándo se seguirá financiando con recursos públicos un sistema que no logra traducir esa asistencia en una mejora visible para los pasajeros.
La nueva ley le da aire a las empresas y margen de maniobra al Ejecutivo. Pero para los usuarios, la discusión sigue siendo mucho más concreta: cuánto cuesta viajar, cuánto hay que esperar el colectivo y en qué condiciones llega cada unidad. Mientras esas respuestas no aparezcan, la emergencia seguirá sonando menos a solución y más a estribillo repetido.
