Osvaldo Jaldo repite que busca un Estado más chico y ordenado. Sin embargo, en los hechos, la “motosierra” provincial vuelve a tropezar con su propia letra chica: apenas asumieron nuevas autoridades en la Caja Popular de Ahorros, el Gobierno autorizó la incorporación de personal por fuera de la regla general de congelamiento. Y el Tribunal de Cuentas, mediante un acuerdo reciente, no puso objeciones.
Una autorización “excepcional” que abre la puerta a más personal
El Acuerdo N° 396 del Tribunal de Cuentas, fechado el 26 de febrero de 2026, tomó conocimiento de una resolución firmada por el Ministerio de Economía y Producción (la N° 189, del 13 de febrero). Allí se habilita a la Caja Popular, “con carácter excepcional”, a designar e incorporar personal técnico, profesional y con oficios específicos bajo modalidades temporarias y de contratación, dentro de la planta no permanente y bajo relación de empleo público.
El texto plantea que cada alta deberá estar “debidamente fundada” y que las resoluciones tendrán que remitirse al Ministerio para su conocimiento. El Tribunal, por su parte, remarca que la autorización no implica una erogación concreta inmediata, y por eso no observa objeciones legales.
Traducido a la política: el congelamiento sigue en los papeles, pero con una ventana abierta por donde se cuelan excepciones. Y la primera gran excepción cae sobre un organismo que ya venía siendo sinónimo de tensiones y sospechas administrativas.
Del “achique” como bandera al ajuste con excepciones
La contradicción golpea por contraste. Jaldo instaló desde el inicio de su gestión el mensaje de “Estado eficiente” y anunció en su momento un achique del empleo público como parte de un paquete de reformas y ordenamiento.
Más cerca en el tiempo, el propio Poder Ejecutivo avanzó con un régimen de prohibición de nuevas designaciones y contrataciones en organismos del Ejecutivo y entes autárquicos, con un esquema de excepciones cuando existan razones de servicio para sostener el funcionamiento.
Pero el caso de la Caja Popular vuelve a poner el foco donde duele: si el objetivo real es bajar el peso del Estado, lo esperable sería auditar, reasignar y ordenar recursos existentes antes de habilitar incorporaciones. Cuando el primer gesto concreto del “ajuste” termina siendo una autorización para sumar contratados, el discurso queda rengo.
Una Caja Popular con antecedentes de “inflación” y poder interno
El contexto agrava el impacto. La autorización llega tras el recambio de autoridades dispuesto por Jaldo en la Caja Popular, con la salida de funcionarios identificados con el espacio interno referenciado en Carlos Cisneros.
Además, la institución arrastra antecedentes que alimentan la discusión sobre sobredimensionamiento y uso discrecional: el Tribunal de Cuentas tuvo actuaciones vinculadas a comisiones de servicio que involucraron a casi 50 empleados de la Caja prestando tareas en otras reparticiones del Estado, un caso que escaló a nivel político y judicial y que expuso, justamente, la elasticidad del manejo de personal dentro del organismo.
Con ese historial sobre la mesa, la pregunta cae de madura: ¿cómo pedir credibilidad en el “achique del Estado” si se habilitan nuevas contrataciones en una estructura cuestionada por su manejo de recursos humanos y por internas de poder?
Si la Provincia pretende sostener que el ajuste es una política y no un slogan, el camino parece obvio: menos excepciones y más transparencia. Porque cuando el primer reflejo del Estado “chico” es autorizar incorporaciones, el mensaje que baja a la sociedad es otro: el Estado no se achica, apenas cambia de ventanilla.
