Una investigación del Ministerio Público Fiscal volvió a poner bajo la lupa el crecimiento de las causas por estafas en Tucumán. Esta vez, el caso tiene un componente de mayor gravedad institucional: la acusada es una abogada de 50 años que se desempeñaba en el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y que, según la imputación, habría utilizado incluso una oficina del organismo para sostener la maniobra.
La identidad de la profesional no fue difundida por las autoridades judiciales. De acuerdo con la acusación formulada por la auxiliar Daniela Briz Tomás, bajo instrucciones del fiscal Fernando Blanno, la imputada habría aprovechado su condición de abogada para ofrecer asesoramiento jurídico vinculado a una sucesión y a la posterior transferencia de una camioneta Volkswagen Amarok.
El caso genera preocupación no solo por el presunto perjuicio económico, sino también porque involucra a una persona ligada a una repartición estatal y porque parte de los hechos investigados habrían ocurrido en dependencias del IPLA.
El pago, la sucesión y una transferencia que nunca se habría concretado
Según la imputación, la acusada se presentó ante un heredero y ante el futuro comprador del vehículo como la profesional que se encargaría de iniciar el trámite sucesorio y concretar las gestiones necesarias para transferir la camioneta.
Para avanzar con esos supuestos trámites, recibió el título automotor y un pago de $895.000 en concepto de honorarios profesionales. Ese dinero, de acuerdo con la acusación, fue depositado mediante una transferencia bancaria a una cuenta de la abogada.
La maniobra habría continuado en diciembre de 2024, cuando la imputada se comunicó telefónicamente con uno de los damnificados para informarle que la camioneta ya había sido transferida. Sin embargo, ante nuevos reclamos de los afectados, la situación comenzó a quedar bajo sospecha.
Un título falso y la posible intervención de la Justicia Federal
El punto más delicado de la investigación se produjo cuando, según la acusación, la abogada citó al comprador a una oficina del IPLA ubicada en avenida Salta 174, en la capital tucumana. Allí le habría entregado un presunto título de la camioneta a su nombre.
Luego se comprobó que ese documento era falso. Ese dato elevó la gravedad del caso, ya que no se trataría únicamente de una presunta estafa, sino también de la posible falsificación de un documento público, como lo es el título de un vehículo.
Por ahora, y mientras se esperan pericias e informes bancarios y telefónicos, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó medidas de menor intensidad por el plazo de seis meses. Por esa razón, la acusada continuará el proceso en libertad.
La jueza que intervino en la audiencia hizo reserva de competencia debido a la materia investigada. Si se confirma que el expediente involucra la falsificación de documentación pública, la causa podría pasar a manos de la Justicia Federal.
El caso abre un interrogante institucional sensible: cómo una presunta maniobra de este tipo pudo involucrar a una profesional vinculada a un organismo del Estado y, eventualmente, utilizar una dependencia pública para dar apariencia de legalidad a un trámite que habría sido fraudulento.
