El conflicto en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi” sumó un nuevo capítulo con la llegada de las primeras respuestas concretas del Ministerio de Educación. La cartera que conduce Susana Montaldo entregó 50 sillas y 50 pupitres unipersonales para reemplazar parte del mobiliario deteriorado en distintas aulas.
La medida se concretó menos de 24 horas después del acuerdo alcanzado entre representantes del Centro de Estudiantes y funcionarios del área educativa. Según se informó, durante la semana continuará la entrega de mobiliario hasta completar los 250 pupitres comprometidos.
El gesto oficial trajo alivio parcial, pero también dejó expuesta una situación que se repite en Tucumán: muchas veces las soluciones aparecen recién cuando el reclamo escala, se vuelve público y obliga a las autoridades a reaccionar. En este caso, fueron los estudiantes quienes lograron poner sobre la mesa problemas que, por su naturaleza, deberían haber sido detectados y atendidos antes por el Estado.
Reuniones, promesas y una escuela que exige respuestas
Como parte del acuerdo, Educación abrió una serie de reuniones por estamento para recoger inquietudes y ordenar una agenda de trabajo. Ayer se realizó un primer encuentro entre la directora de Educación Secundaria, Rosa Casares, supervisores y alumnos del Centro de Estudiantes. Luego hubo una segunda instancia con docentes de la institución, de la que participaron alrededor de 200 profesionales. Para hoy está prevista una reunión con padres.
Entre las propuestas oficiales figura la implementación de una cosupervisión transitoria, con dos supervisores encargados de analizar y resolver los problemas de la escuela, además de reforzar el diálogo con la comunidad educativa. Según se explicó desde el Ministerio, habitualmente cada establecimiento cuenta con un solo supervisor.
También se planteó la provisión de recursos necesarios y el fortalecimiento de los equipos técnicos docentes, con más profesionales para acompañar el proceso de planificación de la reconversión prevista para 2027. Desde Educación remarcaron que el objetivo es respetar la identidad de la Normal y garantizar la estabilidad laboral de los docentes.
El plazo de siete días y una marcha que sigue en pie
La ministra Montaldo firmó un acta en la que el Gobierno se comprometió a avanzar, en el plazo de una semana, con soluciones concretas para las demandas planteadas por la comunidad escolar. Tras esa firma, los estudiantes resolvieron suspender temporalmente las medidas de fuerza y conceder siete días para que las autoridades presenten avances y un cronograma de cumplimiento.
“Se da plazo de una semana para que presenten iniciativas, el plan de obras, el relevamiento y básicamente todo lo escrito, y que nos den exactamente una fecha”, explicó uno de los representantes estudiantiles, al detallar que esperan precisiones sobre mobiliario, infraestructura y acompañamiento profesional.
De todos modos, la marcha convocada para mañana sigue en pie. Los alumnos buscan mantener visible el conflicto y evitar que las promesas se diluyan con el paso de los días.
La entrega de los primeros pupitres marca un avance, pero no alcanza para cerrar la discusión de fondo. El caso de la Normal vuelve a instalar una crítica más amplia: en Tucumán, demasiadas veces, el Estado parece llegar tarde. No actúa de manera preventiva, sino empujado por la presión pública, por la protesta organizada y por el desgaste de comunidades educativas que deben reclamar para obtener respuestas básicas.
