Eran aproximadamente las nueve de la noche del sábado 12 de septiembre de 2020 cuando Ana Elvira Dominé y su hijo Lucas Javier Quesada regresaban de trabajar. Habían cerrado la distribuidora de bebidas que la familia administraba en calle Lamadrid al 1300 y llevaban la recaudación en un bolso dentro de una camioneta Toyota Hilux. Al llegar a la esquina de avenida Leandro N. Alem y Crisóstomo Álvarez, en la zona sur de San Miguel de Tucumán, Lucas detuvo el vehículo y bajó para realizar una compra en un quiosco. Su madre permaneció en el asiento del acompañante. Lo que ninguno de los dos sabía era que un grupo de delincuentes los había seguido durante varias cuadras, utilizando motocicletas y un taxi. En cuestión de segundos, dos hombres se aproximaron a la camioneta, rompieron un vidrio y forcejearon con la mujer para arrebatarle el bolso. Uno de ellos disparó y el proyectil impactó en su cabeza. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y duró aproximadamente 45 segundos. Ana tenía 52 años.
La escena tuvo una violencia difícil de explicar únicamente por el valor del dinero sustraído. La víctima estaba dentro de un vehículo detenido, mientras su hijo había descendido por unos instantes. Los atacantes aprovecharon esa circunstancia para acercarse y ejecutar un robo que, según establecería posteriormente la Justicia, no había sido improvisado. La investigación reconstruyó que los responsables conocían los movimientos de la familia y habían organizado un seguimiento desde las inmediaciones del comercio. Las cámaras permitieron observar la intervención de distintos vehículos y el momento en que los agresores se aproximaron a la camioneta. La rapidez del episodio no impidió que quedaran registros capaces de orientar la identificación de los participantes.
Ana Dominé había quedado viuda años antes y había continuado con el emprendimiento familiar junto a sus hijos. Su actividad comercial era conocida en la zona. Después del disparo, Lucas intentó auxiliarla y la trasladó al hospital Padilla, donde se constató su fallecimiento. La muerte provocó una fuerte conmoción en Tucumán y generó reclamos de seguridad de comerciantes, familiares y vecinos. Pero, mientras las primeras reacciones se concentraban en la brutalidad del ataque, los investigadores comenzaron a trabajar sobre una pregunta decisiva: cómo habían sabido los asaltantes que la mujer llevaba dinero y de qué manera se habían coordinado para interceptarla.
Una banda organizada y siete personas llevadas a juicio
La reconstrucción de la acusación permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo y atribuirles funciones diferentes. Según la hipótesis presentada durante el proceso, Cristian Raúl Orlando Godoy y Federico Antonio Sánchez descendieron de un taxi conducido por Raúl Antonio Greco y se aproximaron a la camioneta. Godoy rompió el vidrio y forcejeó con Ana Dominé para quitarle el bolso; Sánchez intervino en el ataque y Godoy efectuó el disparo mortal. Sebastián Alfredo Quiroga y Ezequiel Antonio Tous fueron vinculados con las motocicletas utilizadas durante el operativo, mientras que Edgar Ramón Visuara fue señalado como otro de los participantes de la maniobra coordinada. Braian Zenón Leguizamón también fue acusado, aunque su responsabilidad no terminó siendo acreditada en el juicio. Esta reconstrucción corresponde a la acusación y a las conclusiones judiciales publicadas, y no implica que todos los imputados hayan realizado las mismas acciones materiales.
El trabajo de los investigadores no se limitó a identificar a quienes aparecían directamente junto a la camioneta. La hipótesis de un ataque organizado exigía determinar quiénes habían participado del seguimiento, cómo se habían desplazado los vehículos y qué funciones cumplió cada acusado. Los registros de cámaras privadas adquirieron una importancia central. A partir de ellos fue posible reconstruir movimientos previos y posteriores al homicidio, que se complementaron con testimonios y otras medidas probatorias. La existencia de un registro audiovisual no significaba que cada responsabilidad pudiera establecerse automáticamente: los jueces debían valorar la totalidad de las pruebas y determinar si alcanzaban para condenar individualmente a cada persona.
La causa llegó a juicio oral en 2021. El tribunal estuvo integrado por Dante Ibáñez, Fanny Siriani y Diego Lammoglia. El fiscal Carlos Sale sostuvo la acusación contra los involucrados y solicitó penas severas por un ataque que consideraba planificado. Durante el debate se examinaron las circunstancias del seguimiento y la participación atribuida a cada uno de los imputados. La discusión jurídica no se agotaba en establecer quién había disparado. También debía resolverse qué responsabilidad correspondía a quienes habían intervenido en la preparación y ejecución del robo, aunque no hubieran accionado personalmente el arma.
El 26 de noviembre de 2021, los jueces dictaron sentencia por unanimidad. Cristian Raúl Orlando Godoy, Raúl Antonio Greco, Federico Antonio Sánchez y Edgar Ramón Visuara fueron condenados a prisión perpetua. Sebastián Alfredo Quiroga y Ezequiel Antonio Tous recibieron diez años de prisión como partícipes secundarios. Braian Zenón Leguizamón fue absuelto porque el tribunal no consideró demostrada su intervención con la certeza necesaria para condenarlo. El fallo estableció así tres resultados jurídicos distintos dentro de un mismo proceso: condenas a la pena máxima, condenas a penas temporales y una absolución.
La absolución de Leguizamón es un aspecto que no debe omitirse al reconstruir el expediente. Su presencia entre los acusados no autoriza a presentarlo como integrante probado de la banda. En un proceso penal, la acusación habilita el juicio, pero la condena requiere pruebas suficientes para superar la presunción de inocencia. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad de seis personas y no la del séptimo acusado. Esa diferencia es parte sustancial del resultado judicial, no un detalle secundario.
Después de la lectura de la sentencia, los familiares de Ana expresaron una mezcla de alivio y dolor. Nicolás Quesada, uno de sus hijos, señaló que ninguna resolución podía devolverles a su madre, aunque valoró las penas impuestas. Adrián Dominé, hermano de la víctima, reclamó que el Estado mejorara las políticas de prevención del delito y destacó el papel que habían tenido las cámaras privadas en el esclarecimiento del homicidio. Sus declaraciones reflejaron una preocupación que trascendía el expediente: la posibilidad de que un comercio, una familia o cualquier persona fuera víctima de un ataque organizado durante una actividad cotidiana.
La sentencia de noviembre de 2021 no puso fin inmediatamente al expediente. Las defensas recurrieron las condenas y la causa continuó en las instancias superiores. En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó las penas impuestas por el tribunal de juicio. La decisión provincial ratificó la responsabilidad penal establecida durante el debate, pero todavía quedaba abierta la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante los recursos previstos por el ordenamiento jurídico.
El avance más importante llegó el 11 de diciembre de 2025. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisible una presentación de la defensa de Edgar Ramón Visuara. El condenado había cuestionado la valoración de las pruebas y sostenido que su responsabilidad se había establecido indebidamente a partir de sus antecedentes penales. La desestimación del recurso dejó firme su condena a prisión perpetua y cerró esa vía de impugnación. Es importante precisar que la resolución informada se refería específicamente a Visuara: no corresponde extender automáticamente sus efectos procesales a todos los demás condenados sin verificar sus respectivos expedientes.
La decisión de la Corte nacional no significó la realización de un nuevo juicio sobre los hechos. El máximo tribunal examinó la admisibilidad del planteo federal y lo rechazó. La valoración de las filmaciones, los testimonios y las demás pruebas había sido realizada por los tribunales que intervinieron previamente. Esa diferencia importa porque una sentencia puede quedar firme mediante el rechazo de un recurso sin que la Corte Suprema vuelva a examinar directamente cada prueba del expediente.
La firmeza de la condena de Visuara también permite diferenciar dos momentos de la causa. En noviembre de 2021 existía una sentencia condenatoria susceptible de revisión. En diciembre de 2025, respecto de ese condenado, quedó agotada la vía recursiva informada. Para establecer el estado penitenciario actual, las fechas de cómputo de pena o la situación individual de los otros cinco condenados, sería necesario consultar las actuaciones de ejecución y las resoluciones correspondientes.
El caso de Ana Dominé también dejó un debate sobre el valor de las cámaras de seguridad. Las filmaciones privadas contribuyeron a reconstruir los movimientos de los agresores y la secuencia del robo. El hermano de la víctima destacó públicamente ese aporte y reclamó mayores medidas de prevención. Sin embargo, la importancia de las cámaras no debe llevar a una conclusión simplista: registrar un delito puede facilitar su investigación, pero no sustituye las políticas de prevención ni garantiza por sí mismo que un hecho violento pueda evitarse.
La historia tiene, además, una dimensión familiar que ninguna sentencia puede resolver. Ana había continuado adelante con su negocio después de la muerte de su esposo. Trabajaba junto a sus hijos y aquella noche regresaba de una jornada comercial cuando fue atacada. La decisión de detenerse unos segundos frente a un quiosco terminó siendo aprovechada por un grupo que, según la reconstrucción judicial, había organizado el seguimiento para apoderarse de la recaudación. Lo que para la familia era un trayecto cotidiano se convirtió en el escenario de un homicidio.
Entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, el expediente recorrió distintas instancias de la Justicia provincial y nacional. Siete personas fueron llevadas a juicio, seis recibieron condenas y una fue absuelta. Cuatro de las penas fueron de prisión perpetua y dos de diez años. La Corte Suprema de Tucumán confirmó las condenas en 2023 y la Corte nacional dejó firme, dos años después, la correspondiente a Edgar Ramón Visuara.
Ana Elvira Dominé fue asesinada durante un robo que duró menos de un minuto. La investigación permitió reconstruir una operación organizada y establecer responsabilidades penales diferenciadas. El caso permanece como uno de los antecedentes más significativos de la violencia ejercida por bandas dedicadas a robos planificados en Tucumán, pero también como una demostración de la importancia de las pruebas audiovisuales y del control judicial de las acusaciones.
