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Los crímenes de Burruyacu: tres hombres asesinados en siete meses y una banda que terminó con tres condenas a perpetua

Durante siete meses, entre fines de 2019 y mediados de 2020, tres hombres fueron asesinados en distintas localidades rurales de Burruyacu. Los hechos ocurrieron en La Marta, Tala Pozo y La Ramada de Abajo, comunidades donde las actividades agrícolas, las viviendas dispersas y las distancias entre poblaciones forman parte de la vida cotidiana. Las víctimas fueron José Antonio Gómez, Damián Florentino Gómez y José Porcel. En un primer momento, cada homicidio podía parecer un episodio independiente de inseguridad rural. Sin embargo, el avance de las investigaciones permitió establecer conexiones entre los sospechosos y reunir los expedientes en un juicio que terminó el 28 de febrero de 2023. Ese día, la Sala Penal Conclusional II de Tucumán condenó a prisión perpetua a Antonio Ismael Sánchez, José Ramón Rojas y Juan Alfredo Acosta, impuso diez años de prisión a Marcelo Bernardo Alderete y absolvió a Pedro Orlando Reynaga.

La historia comenzó en noviembre de 2019, cuando José Antonio Gómez, un hombre de 55 años que cuidaba un campo en La Marta, fue encontrado muerto después de un violento ataque. Según la acusación fiscal reproducida por La Gaceta durante la investigación, los agresores cortaron el suministro eléctrico de la vivienda, ingresaron al inmueble y redujeron a la víctima utilizando cables y alambres. También la amordazaron con una tela, impidiéndole respirar. Los investigadores sostuvieron que fue abandonado inmovilizado y expuesto a altas temperaturas. Después del ataque, los responsables se llevaron objetos de escaso valor, entre ellos linternas y machetes. La reconstrucción de aquella escena reveló una violencia desproporcionada respecto del botín obtenido.

La primera investigación permitió reunir rastros materiales y testimonios, pero inicialmente no estaba claro que aquel homicidio pudiera relacionarse con otros hechos posteriores. Las crónicas contemporáneas describieron una modalidad que preocupaba a los habitantes de las zonas rurales: desconocidos que se acercaban a las viviendas con algún pretexto, obtenían información sobre sus ocupantes y regresaban para cometer robos. Ese supuesto procedimiento fue señalado durante las investigaciones y posteriormente examinado en el juicio. No significa que cada detalle de los movimientos previos haya quedado judicialmente acreditado, pero sí permite comprender el temor que generaron los ataques entre quienes vivían o trabajaban en campos relativamente aislados.

El segundo homicidio ocurrió en enero de 2020, en Tala Pozo. La víctima fue Damián Florentino Gómez, un hombre de edad avanzada que atendía una pequeña despensa. Según la reconstrucción fiscal publicada durante el proceso, los atacantes ingresaron al establecimiento, lo redujeron y lo estrangularon para apoderarse de dinero y mercadería. La investigación identificó como sospechosos a Sánchez, Rojas, Acosta y Reynaga, aunque este último terminaría siendo absuelto en el juicio de 2023. La diferencia es fundamental: haber sido acusado durante la investigación no significa que la responsabilidad penal haya quedado demostrada.

Los dos primeros asesinatos tuvieron características que despertaron la atención de los investigadores. Las víctimas eran hombres que vivían o trabajaban en establecimientos rurales, los ataques ocurrieron en viviendas o pequeños comercios y la violencia empleada superaba ampliamente la necesaria para concretar un robo. Pero todavía faltaba un tercer episodio que terminaría proporcionando elementos para relacionar los expedientes.

El asesinato de José Porcel y las pistas que conectaron los casos

El 26 de junio de 2020 fue asesinado José Porcel, un productor rural de aproximadamente 80 años, en su finca de La Ramada de Abajo. Según la reconstrucción periodística del expediente, los agresores lo atacaron durante un robo y le dispararon en el pecho. También fue víctima del asalto un trabajador del establecimiento, Iván Guillermo Luna. Entre los objetos sustraídos figuraban un teléfono celular y hasta un cachorro. El hecho provocó una fuerte reacción del sector agropecuario, que reclamó respuestas frente a la sucesión de ataques en Burruyacu.

La investigación del crimen de Porcel permitió avanzar sobre las conexiones entre los tres homicidios. Después del ataque, dos sospechosos sufrieron un accidente y fueron detenidos. El análisis de los teléfonos celulares secuestrados permitió reconstruir comunicaciones con otras personas investigadas, entre ellas Rojas y Sánchez. A partir de esos indicios, la Policía desarrolló allanamientos y otras medidas probatorias. También se informó que una tela utilizada para amordazar a José Antonio Gómez contenía rastros genéticos vinculados con Sánchez. Estos elementos fueron señalados en las reconstrucciones periodísticas como parte de las pruebas que permitieron relacionar los ataques, aunque no se accedió a los informes periciales originales para examinar sus resultados y alcances técnicos.

En agosto de 2020, La Gaceta publicó una investigación que planteaba si los sospechosos podían ser considerados asesinos seriales. La expresión tenía impacto periodístico, pero también presentaba un problema conceptual. No toda sucesión de homicidios cometidos por las mismas personas constituye necesariamente una serie de asesinatos en el sentido criminológico. La categoría suele vincularse con patrones de conducta y motivaciones específicas, que no pueden deducirse únicamente de la cantidad de víctimas. En Burruyacu, la hipótesis de la investigación estaba relacionada con robos violentos. Por eso, resulta más preciso hablar de una sucesión de homicidios vinculados con delitos contra la propiedad que afirmar la existencia de una motivación psicológica propia de un asesino serial.

El avance del expediente permitió identificar distintas participaciones atribuidas a los sospechosos. Sánchez y Rojas aparecían vinculados con los tres homicidios, mientras que Acosta, Alderete y Reynaga fueron investigados por intervenciones en determinados episodios. Esta diferenciación sería decisiva durante el juicio, porque el tribunal debía establecer qué delitos correspondía atribuir individualmente a cada acusado y cuáles habían sido probados con el grado de certeza exigido por el derecho penal.

El juicio que terminó con tres perpetuas y una absolución

El debate oral comenzó en febrero de 2023, después de dos postergaciones. La primera se había producido cuando se decidió reunir las investigaciones para desarrollar un juicio conjunto; la segunda estuvo relacionada con dificultades para celebrar una de las audiencias previstas. La acumulación de los expedientes permitió que un mismo tribunal analizara las conexiones entre los tres homicidios y estableciera las responsabilidades correspondientes. Mientras se acercaba la sentencia, la Sociedad Rural de Tucumán y organizaciones de productores reclamaron justicia y acompañaron a los familiares de las víctimas.

El 28 de febrero de 2023, la Sala Penal Conclusional II, integrada por Stella Maris Arce, Patricio Prado y Guillermo Puig, dictó sentencia por unanimidad en el expediente 40137/2020. Antonio Ismael Sánchez, José Ramón Rojas y Juan Alfredo Acosta fueron condenados a prisión perpetua. Marcelo Bernardo Alderete recibió diez años de prisión. Pedro Orlando Reynaga, que había sido acusado por su presunta intervención en el ataque contra Damián Florentino Gómez, fue absuelto. La información fue confirmada oficialmente por el Poder Judicial de Tucumán el 1 de marzo de 2023.

La resolución estableció distintas responsabilidades. Sánchez y Rojas fueron considerados coautores del homicidio en ocasión de robo de José Antonio Gómez. Por el asesinato de Damián Florentino Gómez, el tribunal condenó a Sánchez, Rojas y Acosta por homicidio agravado criminis causa y robo agravado en despoblado y en banda. En relación con el ataque contra José Porcel, se dictaron condenas por homicidio en ocasión de robo y por el robo agravado cometido contra Iván Guillermo Luna, con participación de los cuatro condenados. La absolución de Reynaga significó que no se declaró acreditada su responsabilidad penal en los términos de la acusación sometida a juicio.

La diferencia entre las calificaciones jurídicas resulta relevante. El homicidio en ocasión de robo contempla una muerte producida en el contexto de ese delito, mientras que el homicidio criminis causa requiere una finalidad específica vinculada con la comisión, facilitación u ocultamiento de otro delito, o con la búsqueda de impunidad. No son figuras intercambiables. El tribunal aplicó distintas calificaciones según los hechos y las responsabilidades que consideró demostradas, aunque para explicar exhaustivamente su razonamiento sería necesario consultar los fundamentos completos.

Después de la lectura del veredicto, los magistrados dispusieron prorrogar la prisión preventiva de los condenados durante un año o hasta que la sentencia adquiriera firmeza. La medida no debe confundirse con una confirmación definitiva de las penas: en ese momento todavía podían existir recursos judiciales. La búsqueda realizada para esta entrega no permitió localizar una resolución posterior específica que establezca si las condenas fueron confirmadas en todas las instancias ni cuál es la situación penitenciaria actual de cada condenado.

Los tres asesinatos dejaron una marca profunda en las comunidades rurales de Burruyacu. La sucesión de ataques provocó movilizaciones, pedidos de mayor presencia policial y cuestionamientos a las condiciones de seguridad de los establecimientos agrícolas. Según informó La Gaceta en febrero de 2023, después del crimen de José Porcel se construyó una comisaría en La Ramada de Abajo. Ese dato refleja una consecuencia institucional del reclamo de los vecinos, aunque no permite evaluar por sí solo si la nueva dependencia produjo una reducción de los delitos.

La historia también muestra cómo una investigación inicialmente fragmentada puede cambiar cuando aparecen evidencias capaces de conectar distintos expedientes. Los registros telefónicos, los reconocimientos y los indicios genéticos mencionados por la prensa fueron importantes para orientar las pesquisas. El juicio posterior estableció responsabilidades penales concretas, pero también absolvió a uno de los acusados. Esa combinación recuerda que investigar varios hechos como parte de una misma secuencia no elimina la obligación de probar individualmente la intervención de cada persona.

Entre noviembre de 2019 y junio de 2020, José Antonio Gómez, Damián Florentino Gómez y José Porcel fueron asesinados en tres localidades rurales de Tucumán. En febrero de 2023, la Justicia impuso tres condenas a prisión perpetua y otra de diez años, mientras absolvió al quinto acusado. Lo que comenzó como una serie de crímenes aparentemente separados terminó convertido en un único proceso judicial que reveló conexiones entre los ataques y permitió establecer responsabilidades diferenciadas. La pregunta pendiente, para una reconstrucción definitiva del expediente, es qué ocurrió con aquellas sentencias después del veredicto de primera instancia.

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