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Lo encontraron agonizando y con marcas de esposas en el Canal Sur: el crimen de Víctor Paz que terminó con dos policías condenados a perpetua

La mañana del sábado 21 de septiembre de 2013, un vecino descubrió a un hombre gravemente herido en las inmediaciones del Canal Sur, a la altura de la avenida Alem, en San Miguel de Tucumán. Era Víctor Álvaro Paz, de 35 años. Tenía señales de violencia en el cuerpo y marcas en las muñecas compatibles con el uso de esposas. El hallazgo provocó una investigación que rápidamente dejó de concentrarse únicamente en las circunstancias de la muerte y comenzó a examinar la posible participación de integrantes de la Policía provincial. En las primeras horas, la fiscal María de las Mercedes Carrizo ordenó aprehender a efectivos de la comisaría 13ª, una decisión que puso bajo sospecha a quienes debían intervenir para prevenir delitos y proteger a las personas. Una década después, dos policías serían condenados a prisión perpetua por aquel homicidio.

La última vez que la familia había tenido noticias de Víctor fue alrededor de las 23 del viernes 20 de septiembre. A las siete de la mañana siguiente, un vecino advirtió su presencia junto al canal. Las primeras crónicas describieron el hallazgo como el de un cuerpo sin vida, mientras que la reconstrucción judicial difundida años después señaló que había aparecido esposado y agonizando, y que falleció posteriormente como consecuencia de las lesiones. Esa diferencia entre las primeras informaciones periodísticas y la descripción oficial del hecho es importante: sin acceso a las actuaciones médicas y policiales originales, no corresponde establecer con precisión el momento de la muerte ni las circunstancias de la asistencia recibida. Lo que sí quedó documentado es que Paz había sufrido una agresión grave y que la investigación se orientó desde el comienzo hacia una posible intervención policial.

El detalle de las esposas adquirió especial importancia. Según informó La Gaceta el 23 de septiembre de 2013, las primeras versiones indicaban que el hombre había sido reducido por policías después de un presunto episodio delictivo. Algunas fuentes sostenían que dos efectivos lo habían golpeado. Sin embargo, cuando los peritos de Criminalística llegaron al lugar, las esposas ya no estaban. Los investigadores debían establecer si habían sido retiradas, por quién y en qué circunstancias. El hermano de la víctima que concurrió a retirar el cuerpo de la morgue observó hematomas y marcas en las muñecas, de acuerdo con los testimonios familiares recogidos por la prensa. Esos indicios no permitían por sí solos identificar a los responsables, pero justificaban profundizar las diligencias sobre una posible detención y agresión ilegal.

La fiscal Carrizo se presentó en el lugar del hallazgo, conversó con vecinos y posteriormente acudió a la comisaría 13ª. Allí dispuso medidas que incluyeron el secuestro del libro de guardia y la aprehensión de policías que habían trabajado durante la madrugada. En un primer momento se informó sobre cinco efectivos aprehendidos; posteriormente, la cifra llegó a siete. La investigación quedó bajo secreto de sumario, mientras las autoridades policiales evitaban dar explicaciones públicas sobre las circunstancias de la muerte. La cantidad de agentes inicialmente investigados no debe confundirse con el número de personas que terminaron condenadas: una aprehensión durante la instrucción no equivale a una declaración de culpabilidad.

El expediente también estuvo atravesado por un aspecto incómodo de la cobertura inicial. Algunas informaciones destacaron que Víctor Paz había estado detenido anteriormente y registraba antecedentes penales. Esos datos podían formar parte de su historia personal, pero no justificaban una agresión ni modificaban la obligación estatal de proteger su integridad física. Incluso si una persona es sospechosa de un delito o se encuentra legítimamente detenida, las fuerzas de seguridad no están autorizadas a castigarla, golpearla ni abandonarla herida. La investigación debía determinar qué había sucedido aquella madrugada, independientemente de los antecedentes de la víctima.

Otra muerte en la misma familia

Cuando la familia todavía atravesaba las consecuencias del primer crimen, ocurrió una segunda tragedia. El lunes 23 de septiembre de 2013, Gustavo Paz, hermano de Víctor, fue asesinado a balazos cerca de su domicilio. Tenía 27 años. Las primeras crónicas señalaron que el ataque ocurrió apenas dos días después del hallazgo de Víctor y cuando sus familiares acababan de despedirlo. La cercanía temporal de ambas muertes provocó nuevas sospechas y llevó a los investigadores a examinar si existía alguna relación entre los homicidios.

Según las versiones recogidas por la prensa, Gustavo habría sido atacado por personas que vivían en la zona. Su hermana Cinthya sostuvo que había recibido amenazas previas y señaló a determinados sujetos como posibles responsables. También trascendió que algunas de esas personas habían sido mencionadas en las primeras hipótesis sobre el crimen de Víctor. Pero ninguna de esas afirmaciones puede transformarse automáticamente en una conclusión judicial. Se trataba de declaraciones familiares y líneas investigativas formuladas en medio de dos hechos violentos. No fue posible localizar una sentencia o resolución posterior que permita establecer de manera concluyente quiénes fueron condenados por la muerte de Gustavo ni si la Justicia acreditó una conexión entre ambos homicidios.

La sucesión de los hechos convirtió al sector del Canal Sur en el escenario de una crisis que excedía una investigación policial ordinaria. En apenas 48 horas, dos hermanos habían muerto violentamente y varios integrantes de la fuerza de seguridad estaban bajo investigación por el primero de los crímenes. Las noticias de septiembre de 2013 reflejan un clima de temor entre vecinos y familiares, acompañado por distintas versiones sobre enfrentamientos, amenazas y posibles represalias. Sin embargo, la proximidad de dos asesinatos no demuestra necesariamente que respondieran a una misma organización o motivación. Esa distinción es fundamental para no presentar como probado aquello que solamente fue investigado o denunciado.

Diez años después, dos condenas a prisión perpetua

La causa por la muerte de Víctor Álvaro Paz llegó finalmente a una sentencia condenatoria en octubre de 2023. La Sala I de la Cámara Penal Conclusional, integrada por María Fernanda Bahler, Wendy Adela Kassar y Raúl Armando Cardozo, condenó a José Antonio Gerez y Juan Antonio Sánchez Ávila a prisión perpetua. El tribunal los declaró autores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad. La decisión fue difundida oficialmente por el Poder Judicial de Tucumán el 23 de octubre de 2023.

La comunicación judicial reconstruyó el núcleo de los hechos: durante la madrugada del 21 de septiembre de 2013, Víctor Paz fue golpeado por los acusados, apareció esposado y agonizando en las inmediaciones del Canal Sur y murió como consecuencia de las lesiones. Esa descripción es sustancialmente más precisa que las hipótesis publicadas en los primeros días, porque refleja el resultado de un juicio oral en el que se atribuyó responsabilidad penal a dos personas determinadas. Sin embargo, el comunicado no desarrolla las pruebas examinadas, las intervenciones individuales de cada condenado ni la totalidad de los argumentos defensivos. Para conocer esos aspectos sería necesario acceder a los fundamentos íntegros de la sentencia.

La calificación jurídica también merece atención. No se trató simplemente de una condena por homicidio, sino de una figura agravada vinculada con la condición funcional de los autores. El Código Penal argentino contempla una sanción especialmente severa cuando un integrante de una fuerza policial o de seguridad comete un homicidio abusando de su función o cargo. La razón de esa agravación reside en la particular responsabilidad que tienen quienes ejercen facultades coercitivas en nombre del Estado. En el caso de Víctor Paz, el tribunal consideró configurado ese supuesto y aplicó la pena de prisión perpetua a ambos acusados.

La resolución de octubre de 2023 dispuso además la prisión preventiva de Gerez y Sánchez Ávila por seis meses o hasta que la sentencia quedara firme. Esa medida permite afirmar que el tribunal ordenó una restricción cautelar de la libertad después del veredicto, pero no alcanza para establecer la situación penitenciaria actual de los condenados. La prisión preventiva posterior a una sentencia no firme y la ejecución de una pena firme son situaciones procesales diferentes. Tampoco corresponde afirmar que las condenas quedaron definitivamente confirmadas sin consultar las decisiones de los tribunales que pudieran haber intervenido en eventuales recursos.

El recorrido del expediente plantea una pregunta sobre los tiempos judiciales. Entre la muerte de Víctor Paz, en septiembre de 2013, y el veredicto de octubre de 2023 transcurrieron más de diez años. Durante ese período, la familia debió esperar una respuesta penal sobre un hecho que desde el comienzo había involucrado sospechas contra funcionarios policiales. La demora no demuestra por sí sola una irregularidad procesal concreta, porque para evaluarla sería necesario conocer las actuaciones, las suspensiones, las medidas probatorias y los recursos presentados. Pero el plazo constituye un dato objetivo que merece ser señalado, especialmente cuando se trata de investigar una muerte violenta atribuida a agentes estatales.

La historia de Víctor Paz también muestra la diferencia entre las primeras sospechas y el resultado judicial. En septiembre de 2013 se investigó a siete policías. Diez años después, el tribunal condenó a dos. La información pública localizada no permite reconstruir de manera completa qué ocurrió procesalmente con los restantes efectivos inicialmente aprehendidos: si fueron sobreseídos, desvinculados de la causa, absueltos o si sus situaciones se resolvieron mediante otras decisiones. Atribuirles responsabilidad por el solo hecho de haber sido detenidos durante la investigación sería incorrecto.

Algo similar ocurre con el asesinato de Gustavo Paz. Su muerte fue real, ocurrió apenas dos días después y generó sospechas sobre una posible vinculación con el homicidio de su hermano. Pero sin una resolución judicial que permita establecer esa relación, ambos hechos deben conservar su identidad procesal. La segunda muerte forma parte indispensable del contexto histórico de la causa, aunque no puede presentarse como una represalia probada.

El 21 de septiembre de 2013, Víctor Álvaro Paz apareció junto al Canal Sur con lesiones que terminaron costándole la vida. Diez años después, dos policías recibieron la pena máxima por el homicidio. Entre ambos momentos quedó una historia de sospechas institucionales, una familia golpeada por dos asesinatos y una investigación que necesitó una década para llegar a su primera sentencia condenatoria documentada.

La Justicia estableció la responsabilidad penal de dos integrantes de la Policía por el crimen de Víctor Paz. Lo que todavía requiere una verificación documental adicional es la firmeza de esas condenas, su ejecución efectiva y el desenlace judicial del asesinato de Gustavo Paz. Son interrogantes que no deben llenarse con conjeturas, especialmente en una historia donde las primeras versiones estuvieron lejos de ofrecer una explicación completa de lo sucedido.

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