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Escándalo en la Caja Popular: el Tribunal de Cuentas detectó un perjuicio de más de $1.317 millones por sueldos sin tareas acreditadas

El Tribunal de Cuentas de Tucumán dictó una resolución de fuerte impacto institucional al determinar que las irregularidades detectadas en el manejo del personal de la Caja Popular de Ahorros provocaron un perjuicio al patrimonio provincial de $1.317.638.807,55.

La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 4446, firmado el 13 de noviembre de 2026, que puso fin a un Juicio de Responsabilidad iniciado en marzo de 2024, luego de una serie de auditorías sobre empleados que cobraban sus salarios en la institución, pero habían sido destinados a cumplir funciones en otros organismos del Estado.

La resolución declaró patrimonialmente responsables a 32 agentes y extendió la responsabilidad solidaria a José César Díaz, ligado al Cisnerismo, quien se desempeñaba como interventor de la Caja Popular, y a Héctor Javier Díaz, gerente del Departamento Personal.

El Tribunal concluyó que existió daño fiscal por el pago de remuneraciones sin que se acreditara suficientemente la contraprestación laboral correspondiente.

La gravedad del pronunciamiento radica no solamente en la cifra millonaria, sino también en las deficiencias de control que permitieron mantener durante años situaciones administrativas sin los respaldos exigidos por las propias resoluciones que las autorizaban.

Empleados que cobraban de la Caja Popular, pero debían trabajar en otras reparticiones

El origen del caso se encuentra en auditorías realizadas durante agosto de 2022 y agosto de 2023, cuando los contadores fiscales comenzaron a revisar la situación del personal permanente, contratado y afectado a comisiones de servicios.

La investigación se concentró especialmente en los agentes que habían sido enviados a trabajar a otros organismos públicos, aunque continuaban percibiendo sus salarios de la Caja Popular de Ahorros.

El régimen de comisiones establecía una obligación concreta: cada trabajador debía presentar, cada cuatro meses, un informe de las actividades desarrolladas en su destino.

Sin embargo, los resultados del relevamiento expusieron importantes deficiencias.

De los 50 agentes examinados, solamente dos habían cumplido con la presentación de los informes cuatrimestrales. En otros dos casos, la obligación todavía no resultaba exigible por las características o el inicio de la comisión.

En los 46 restantes, los auditores encontraron incumplimientos que motivaron el inicio de las actuaciones.

En numerosas situaciones tampoco aparecían registros de asistencia ni documentación suficiente para verificar las tareas realizadas.

El Tribunal advirtió que estas deficiencias se prolongaron durante distintos períodos, algunos de los cuales se remontaban a septiembre de 2018.

La investigación también alcanzó a dos profesionales contratados mediante locaciones de servicios, María Liliana Pacheco y José Luis Antonio Jiménez, cuyos contratos habían sido observados inicialmente por la falta de precisión en las tareas encomendadas.

No obstante, ambos fueron finalmente sobreseídos luego de aportar elementos que permitieron desvirtuar las imputaciones patrimoniales.

Una distinción central del fallo es que la ausencia de documentación que acredite el trabajo no equivale necesariamente a demostrar que las tareas nunca se realizaron. El Tribunal evaluó las pruebas de cada caso y descartó la responsabilidad cuando consideró suficientemente acreditada la prestación.

Responsabilidad de los funcionarios y cargos fiscales millonarios

La resolución no se limitó a establecer la responsabilidad de los empleados involucrados.

También puso bajo análisis el desempeño de quienes tenían la obligación de supervisar el cumplimiento de las comisiones de servicios y verificar que los fondos públicos se utilizaran correctamente.

En el caso del entonces interventor José César Díaz, el Tribunal señaló que había autorizado y prorrogado comisiones sin expresar las razones necesarias para apartarse del régimen general establecido por una resolución de 2018, que él mismo había suscripto.

Además, consideró incumplidos los deberes de control previo y concomitante sobre la efectiva prestación de servicios.

Respecto de Héctor Javier Díaz, quien asumió las funciones de gerente de Personal en marzo de 2021, el organismo determinó su responsabilidad por las deficiencias en la recepción, control y conservación de los informes obligatorios.

Por ese motivo, ambos fueron incluidos en los cargos fiscales junto con los trabajadores involucrados.

El fallo establece que José César Díaz deberá responder solidariamente por el total de los cargos formulados, mientras que la responsabilidad de Héctor Javier Díaz se encuentra limitada, en determinados casos, a los períodos y montos correspondientes a su gestión.

Entre los cargos fiscales individuales más elevados figuran los siguientes:

  • Daniel Alberto González: $78.570.880,31.
  • Leandro Toll: $76.187.254,30.
  • Natalia María Terán Nougués: $73.573.142,03.
  • Mónica Teresita Moya: $61.190.070,25.
  • César Eduardo Fernández: $56.362.506,16.
  • Marcos Damián Blanco: $53.855.770,61.

Los montos incluyen capital e intereses. Para efectuar los cálculos, los contadores fiscales tomaron las remuneraciones correspondientes a los períodos sin contraprestación suficientemente acreditada y aplicaron intereses hasta el 31 de agosto de 2026.

La suma global de $1.317 millones surge de los 32 cargos individuales y no debe multiplicarse por la cantidad de responsables solidarios.

En paralelo, el Tribunal resolvió sobreseer a 16 personas investigadas al considerar que habían conseguido desvirtuar las imputaciones que dieron origen al proceso.

Ordenan recuperar los fondos y queda expuesta una grave falla en los controles del Estado

El Acuerdo N° 4446 dispuso la clausura del Juicio de Responsabilidad y ordenó formular los correspondientes cargos fiscales a los responsables patrimoniales.

La resolución también estableció que las cantidades deberán actualizarse hasta el momento de su efectivo pago.

En su artículo 36, el Tribunal dispuso dar intervención al Departamento Judicial para que el abogado fiscal Enrique Fabián Salas proceda a percibir o, en su caso, ejecutar los montos establecidos.

Esto significa que el organismo habilitó las actuaciones destinadas a recuperar los fondos, aunque la resolución por sí sola no acredita que el dinero ya haya sido reintegrado al Estado.

El fallo constituye una determinación de responsabilidad patrimonial en sede administrativa, no una condena penal.

Más allá de las consecuencias económicas, el caso expone un problema de funcionamiento institucional: la posibilidad de mantener durante períodos prolongados comisiones de servicios sin mecanismos adecuados de verificación documental.

Los empleados fueron enviados a distintas dependencias públicas mediante resoluciones administrativas, pero los controles que debían acreditar las tareas realizadas resultaron insuficientes en numerosos casos.

El Tribunal reconstruyó esas situaciones mediante documentación salarial, actuaciones administrativas, testimonios y pruebas incorporadas durante el procedimiento.

En algunos casos, esos elementos permitieron descartar perjuicios. En otros, la falta de acreditación de las prestaciones derivó en la imposición de cargos fiscales millonarios.

La investigación deja abiertos interrogantes sobre la supervisión de los organismos que recibían a los empleados, el seguimiento de las comisiones y la eficacia de los procedimientos internos de la Caja Popular.

El dato más significativo es que el Estado provincial terminó pagando durante años remuneraciones cuya contraprestación no pudo ser suficientemente acreditada ante el órgano de control.

Ahora, además de intentar recuperar los más de $1.317 millones determinados por el Tribunal de Cuentas, la administración provincial enfrenta el desafío de garantizar que situaciones semejantes no vuelvan a repetirse.

Porque la cuestión de fondo excede la responsabilidad individual de los agentes: también involucra a los funcionarios que autorizaron, prorrogaron y debieron controlar el destino de los recursos públicos.

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