En la tarde del 12 de octubre de 2009, una disputa por la explotación de una cantera de piedra laja terminó con un hombre muerto y otros dos heridos en El Chorro, un paraje del departamento Trancas, en el norte tucumano. La víctima fatal fue Javier Cristóbal Chocobar, integrante y autoridad de la comunidad indígena Los Chuschagasta. El enfrentamiento ocurrió cuando el empresario Darío Luis Amín llegó al territorio acompañado por Luis Humberto Gómez y Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi, dos expolicías. Los tres pretendían ingresar a un sector cuya posesión era objeto de un conflicto con la comunidad. La discusión derivó en disparos. Chocobar recibió un proyectil en una pierna y murió a consecuencia de la hemorragia. Andrés Joaquín Mamaní y Emilio Jaime Mamaní también fueron alcanzados por disparos, pero sobrevivieron. Lo que comenzó como un conflicto por el control de un terreno terminó convirtiéndose en una causa penal que atravesaría dieciséis años de investigaciones, juicios y recursos judiciales.
El lugar del crimen no era un terreno cualquiera. La comunidad Los Chuschagasta reivindicaba derechos territoriales ancestrales sobre una zona donde existían recursos naturales de interés económico, particularmente una cantera de piedra laja. Amín, por su parte, reclamaba derechos sobre el predio y pretendía desarrollar actividades vinculadas con su explotación. Esa controversia constituyó el trasfondo del enfrentamiento, aunque resulta necesario distinguir entre la disputa por la tierra y los delitos que posteriormente juzgó la Justicia penal. La existencia de un reclamo de propiedad o posesión no habilitaba el empleo de violencia armada. En el juicio, los magistrados consideraron relevante que los acusados hubieran acudido al lugar con armas y con conocimiento de que podían encontrar resistencia de los integrantes de la comunidad.
Aquella tarde, miembros de Los Chuschagasta intentaron impedir el ingreso de los visitantes. Según la reconstrucción publicada durante el proceso judicial, los tres hombres retrocedieron hacia un arroyo y se dirigieron a la zona de la cantera. Allí comenzó una discusión entre Gómez y Andrés Mamaní. El enfrentamiento escaló cuando apareció un arma de fuego y se produjo un forcejeo. Posteriormente hubo varios disparos. Amín, que había llevado una cámara, estaba filmando parte de lo ocurrido. Cuando comenzó la violencia, la cámara quedó colgada de su cuello y siguió registrando fragmentos de la escena, aunque sin mostrar de manera continua todos los movimientos. Ese registro audiovisual se convirtió en uno de los elementos relevantes para reconstruir los hechos.
Javier Chocobar se aproximaba desde su vivienda cuando recibió un disparo en la pierna derecha. La lesión provocó una hemorragia que terminó con su vida en pocos minutos. Andrés Mamaní sufrió una herida de bala en el abdomen y Emilio Mamaní resultó herido en una pierna. El ataque dejó consecuencias que excedieron a las víctimas directas: profundizó el conflicto entre quienes reivindicaban la ocupación ancestral del territorio y quienes pretendían explotarlo económicamente. También abrió un debate sobre la protección de las comunidades indígenas y la respuesta del Estado ante disputas territoriales que pueden derivar en hechos de violencia.
Nueve años hasta la primera sentencia
El proceso judicial avanzó durante años hasta llegar al debate oral de 2018. La Fiscalía, representada por Marta Jerez de Rivadeneira, y las querellas expusieron las pruebas reunidas para establecer la responsabilidad de los tres acusados. Entre ellas figuraban testimonios de integrantes de la comunidad, pericias y el registro audiovisual del enfrentamiento. Las defensas cuestionaron distintos aspectos de la acusación y formularon planteos de nulidad y exclusión probatoria. El tribunal debía resolver no solamente quién había efectuado el disparo que mató a Chocobar, sino también qué participación correspondía atribuir a los otros dos hombres en los hechos investigados.
El 24 de octubre de 2018, la Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán, integrada por Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli, dictó su veredicto. Darío Luis Amín fue condenado a 22 años de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Javier Chocobar y por las tentativas de homicidio agravado contra Andrés y Emilio Mamaní. Luis Humberto Gómez recibió 18 años de prisión, mientras que Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi fue condenado a 10 años. En estos últimos casos, el tribunal estableció responsabilidades como partícipes secundarios, además de delitos vinculados con la portación ilegal de armas. La resolución también incluyó indemnizaciones civiles para la viuda de Chocobar y los dos sobrevivientes.
La distinción entre autor y partícipes secundarios fue central. El tribunal atribuyó a Amín la responsabilidad directa por el homicidio, mientras que consideró acreditada una intervención penalmente relevante de Gómez y Valdivieso. La sentencia no trató a los tres como autores materiales idénticos de cada disparo. Esa diferenciación resulta indispensable para comprender las condenas y evitar simplificaciones sobre el papel de cada acusado. Los magistrados también rechazaron los planteos de nulidad formulados por las defensas, así como pedidos de exclusión de pruebas y denuncias por presunto falso testimonio contra varios testigos. Los fundamentos de la sentencia fueron puestos a disposición pública por el Poder Judicial de Tucumán en noviembre de 2018, bajo el expediente 31295/2009.
El fallo tuvo otra dimensión: los jueces reconocieron expresamente la relevancia del conflicto territorial como antecedente del ataque. Según las reconstrucciones periodísticas de sus fundamentos, consideraron que los acusados sabían que podían encontrar oposición de la comunidad y que la cantidad de armas llevadas al lugar constituía un indicio importante para interpretar su conducta. La discusión por el aprovechamiento económico de la cantera no fue, por lo tanto, un detalle accesorio de la causa. Formó parte del contexto que permitió al tribunal evaluar la secuencia de violencia y las responsabilidades penales.
Sin embargo, la sentencia de 2018 no cerró el expediente. Las defensas interpusieron recursos y la causa continuó su recorrido por las instancias judiciales. Los condenados quedaron inicialmente bajo prisión preventiva, pero en julio de 2020 la Sala IV dispuso el cese de esa medida bajo una caución de un millón de pesos, al considerar los plazos procesales aplicables mientras se aguardaba la firmeza del fallo. La decisión no significó que hubieran sido absueltos ni que se hubiera dejado sin efecto la condena. La cuestión era distinta: la sentencia todavía estaba sometida a revisión y, mientras tanto, se resolvía su situación cautelar.
En junio de 2021 murió Darío Amín, después de contraer COVID-19. Su fallecimiento extinguió la posibilidad de continuar ejecutando una pena privativa de libertad contra él, pero no borró la existencia de la condena dictada en 2018. El expediente siguió abierto respecto de los otros dos condenados. Tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, las defensas llevaron sus planteos a la instancia federal. En mayo de 2023 se presentó un recurso extraordinario federal que terminó colocando el caso bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión de la Corte Suprema, dieciséis años después
El 28 de octubre de 2025 se produjo el avance judicial más importante desde el juicio oral. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los planteos defensivos y dejó firmes las condenas contra Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi. De ese modo quedaron ratificadas las penas de 18 y 10 años de prisión, respectivamente. La decisión llegó dieciséis años después del homicidio y siete años después del primer veredicto.
La firmeza de la condena cambió la situación procesal. Hasta entonces, los condenados habían podido discutir el fallo mediante los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Una vez agotada esa instancia, correspondía avanzar con su ejecución. El abogado querellante Carlos Garmendia informó públicamente que había solicitado la captura de ambos condenados y explicó que debían cumplirse las comunicaciones entre la Corte nacional, la Corte provincial y el tribunal de juicio. Sin embargo, aquella solicitud de octubre de 2025 no permite afirmar por sí sola que las detenciones se hayan concretado. Para establecerlo es necesario consultar las órdenes de captura, las constancias de ejecución y las eventuales actuaciones penitenciarias posteriores.
El caso también alcanzó una nueva proyección pública a través del cine. La directora Lucrecia Martel investigó durante años la historia de la comunidad y el asesinato de Chocobar para realizar el documental Nuestra tierra. La película fue presentada en 2025 en festivales internacionales, entre ellos Venecia y San Sebastián, y recibió un reconocimiento en el Festival de Cine de Londres. La producción volvió a colocar en discusión la relación entre violencia, racismo, derechos indígenas y acceso a la Justicia. El documental no reemplaza al expediente judicial como fuente para determinar responsabilidades penales, pero constituye un registro de la memoria colectiva construida alrededor del crimen.
La muerte de Javier Chocobar expone una característica especialmente inquietante de determinados conflictos territoriales: una controversia que debería encontrar respuestas por vías institucionales puede terminar en una confrontación armada cuando alguna de las partes decide imponer sus pretensiones por la fuerza. En este caso, la Justicia penal estableció responsabilidades concretas y dictó condenas, pero necesitó dieciséis años para alcanzar una decisión firme respecto de los dos condenados sobrevivientes. Durante ese período, la familia de la víctima y los sobrevivientes atravesaron distintas etapas procesales, desde la investigación inicial hasta el juicio, los recursos y la intervención de la máxima instancia judicial del país.
El 12 de octubre de 2009 quedó marcado para Los Chuschagasta por una muerte que ocurrió en una fecha de especial significado histórico para los pueblos originarios. Javier Chocobar murió en medio de una disputa por un territorio que su comunidad reivindicaba como ancestral. Nueve años después, tres hombres fueron condenados por el ataque. Uno de ellos falleció mientras el expediente seguía en trámite. Los otros dos vieron confirmadas sus condenas en octubre de 2025. La decisión judicial cerró una etapa fundamental del proceso penal, aunque no resolvió por sí misma las discusiones más amplias sobre la tierra y los derechos de la comunidad.
Dieciséis años después del disparo que mató a Javier Chocobar, la Justicia argentina dejó firmes las condenas de los dos responsables sobrevivientes. La sentencia llegó, pero lo hizo después de un recorrido extraordinariamente largo. El caso permanece como un antecedente de la violencia asociada a los conflictos territoriales y de las dificultades para obtener una respuesta judicial definitiva en un plazo razonable.
