El Gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, autorizó una millonaria adjudicación para adquirir medallas y trofeos destinados a los Juegos Estudiantiles Tucumán 2026. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 2660/5 (MED), fechado el 27 de octubre y publicado en el Boletín Oficial de este jueves 12 de noviembre.
La contratación, tramitada mediante la Licitación Pública N.º 04/2026, fue adjudicada a la firma Molipet S.R.L. por un total de $42.891.100, que serán financiados con recursos del Tesoro General de la Provincia.
La cifra resulta especialmente significativa en un contexto de dificultades sociales y económicas, donde buena parte de la población enfrenta problemas para cubrir sus necesidades básicas.
Casi $43 millones para premiar a estudiantes
La compra tiene como finalidad reconocer la participación y los logros deportivos de los alumnos que intervinieron en los Juegos Estudiantiles Tucumán 2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación provincial.
La importancia de fomentar el deporte, promover la integración y reconocer el esfuerzo de los jóvenes es indiscutible. Sin embargo, el debate no pasa por cuestionar la realización de estas competencias, sino por determinar si era necesario comprometer semejante cantidad de recursos públicos para la adquisición de elementos de premiación.
Según los datos del llamado a licitación, la compra comprende 2.768 artículos entre medallas y trofeos. Al dividir el monto adjudicado por esa cantidad, se obtiene un promedio aproximado de $15.495 por pieza, aunque este cálculo reúne productos de diferentes características y no permite establecer cuánto se pagó individualmente por cada modelo.
El decreto también revela que se presentaron tres empresas interesadas en la contratación. Sin embargo, dos propuestas fueron consideradas inadmisibles por la comisión evaluadora, por lo que la adjudicación terminó recayendo en la única oferta que cumplió los requisitos establecidos.
Si bien esa circunstancia no implica por sí misma una irregularidad, plantea la necesidad de conocer los precios unitarios y las condiciones de contratación para determinar si la Provincia obtuvo valores competitivos.
Una inversión que contrasta con la realidad social de Tucumán
El desembolso autorizado adquiere otra dimensión cuando se lo compara con los indicadores sociales de la provincia.
De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 27,9% de la población del Gran Tucumán-Tafí Viejo.
Aunque el indicador representa una mejora respecto de períodos anteriores y no abarca la totalidad del territorio provincial, significa que más de una de cada cuatro personas del principal conglomerado urbano tucumano vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total.
En ese escenario, resulta razonable preguntarse si las autoridades evaluaron alternativas más económicas para premiar a los estudiantes, sin afectar la calidad ni el significado de las distinciones.
Porque reconocer el esfuerzo deportivo es importante, pero también lo es garantizar que los recursos del Estado sean administrados con criterios de eficiencia, austeridad y responsabilidad.
La discusión tampoco debería reducirse a enfrentar el deporte con otras necesidades sociales. El desarrollo deportivo escolar constituye una política pública valiosa, especialmente para sectores vulnerables. Precisamente por eso, sus recursos deben utilizarse de manera transparente y procurando que cada inversión produzca el mayor beneficio posible.
Una adjudicación que también plantea interrogantes por sus fechas
Otro aspecto llamativo del expediente es el momento en que se formalizó la adjudicación.
De acuerdo con el cronograma difundido oficialmente por el Ministerio de Educación, las finales provinciales de los Juegos Estudiantiles Tucumán 2026 se desarrollaron los días 15, 20, 22 y 27 de octubre.
Sin embargo, el decreto mediante el cual se aprobó la licitación y se adjudicó la compra está fechado el 27 de octubre, precisamente el día de la última jornada de competencias, y recién fue publicado el 12 de noviembre.
Esta coincidencia temporal no demuestra que se haya cometido una irregularidad, ya que el procedimiento licitatorio había comenzado meses antes. No obstante, corresponde aclarar cuándo se entregaron efectivamente las medallas y los trofeos, y qué documentación respaldó esas entregas.
También sería importante que el Ministerio de Educación informe el detalle de los precios unitarios, las características de los productos adquiridos y los criterios utilizados para determinar que la oferta adjudicada resultaba económicamente conveniente.
El interrogante de fondo es inevitable: ¿se justifican casi $43 millones en medallas y trofeos en una provincia donde miles de familias todavía no pueden cubrir sus necesidades básicas?
La respuesta requiere algo más que la publicación de un decreto. Exige demostrar que la compra fue necesaria, que los precios fueron razonables y que no existían alternativas capaces de cumplir el mismo objetivo con una menor utilización de fondos públicos.
En definitiva, el problema no es premiar a los estudiantes. El problema aparece cuando una contratación millonaria no está acompañada de información suficiente para que los tucumanos puedan evaluar si su dinero fue administrado de la mejor manera.
