La noche del miércoles 24 de enero de 2024, Emilse Luna y su pareja regresaban por las calles del barrio San Miguel, en el suroeste de la capital tucumana, a bordo de un carro de tracción a sangre. La mujer tenía 29 años y, según las primeras reconstrucciones, había pasado parte de la jornada acompañando a familiares que atravesaban un problema policial. Cerca de las 21, cuando circulaban por calle Vicente Gallo, fueron interceptados por personas que comenzaron a increparlos. La discusión estuvo relacionada con un episodio ocurrido el día anterior, cuando un sobrino de la víctima había sido detenido mientras se desplazaba en una motocicleta que tenía pedido de secuestro. En medio del enfrentamiento, uno de los agresores extrajo un arma y efectuó varios disparos. Emilse recibió heridas en el tórax que le provocaron la muerte en el lugar. Su pareja también fue alcanzada por los proyectiles y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Padilla, donde logró sobrevivir. El episodio fue presentado inicialmente como un ataque vinculado con una disputa familiar, pero la investigación penal terminaría reconstruyendo una secuencia de amenazas, acusaciones de delación y una agresión armada que, dos años después, llegaría a juicio.
Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, dirigida por Ignacio López Bustos. El fiscal se presentó en el lugar junto con integrantes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, que realizaron el relevamiento de la escena y recogieron muestras para las pericias. La hermana de Emilse había alertado al Sistema de Emergencias 911 e identificado a un sospechoso. Durante las primeras horas circularon dos explicaciones sobre el origen del conflicto: una sostenía que el atacante había responsabilizado a la pareja por haberlo denunciado ante la Policía; la otra indicaba que habían sido las víctimas quienes reclamaron por la detención de su familiar. Ninguna de esas versiones iniciales debía confundirse con una conclusión judicial. Los investigadores todavía necesitaban establecer quién había disparado, qué participación habían tenido las personas presentes y cómo se relacionaba el episodio anterior con el homicidio.
La investigación avanzó sobre un conflicto ocurrido el 23 de enero, apenas un día antes del asesinato. Según la reconstrucción fiscal presentada posteriormente en el juicio, Facundo Nahuel Lazarte, conocido como “Facundito”, había mantenido un enfrentamiento con integrantes de la familia y había formulado amenazas de muerte. El problema estaba relacionado con una motocicleta robada y con la detención de un sobrino de Emilse. Durante la preparación del debate, Nancy Luna, hermana de la víctima, explicó a LA GACETA que el joven detenido había sido interceptado por la Policía mientras circulaba en ese vehículo y que, en la comisaría, sus propietarios habían señalado a Lazarte como presunto responsable del robo. La familiar también relató que la pareja de Emilse había discutido con el acusado para exigirle que asumiera su responsabilidad y que, durante ese enfrentamiento, se habría producido un intento de disparo frustrado por una falla del arma. Estas afirmaciones fueron parte de la reconstrucción familiar y de la hipótesis acusatoria; no constituyen, por sí solas, una sentencia que establezca responsabilidades por el robo de la motocicleta ni por todos los episodios previos denunciados.
La Fiscalía sostuvo que, al día siguiente, Lazarte y Diego Ariel Ibáñez, conocido como “Colmillín”, salieron a buscar a Emilse y a su pareja. Según el relato presentado durante el juicio, ambos interceptaron el carro en el que viajaban las víctimas, conducido por Nazareno Ledesma, y comenzaron a increparlas. Los acusaban de haber proporcionado información a la Policía sobre el robo y desafiaban al hombre a pelear. En ese contexto, Lazarte extrajo un arma de fuego y disparó contra la pareja. Los investigadores atribuyeron a esos disparos tanto la muerte de Emilse como las lesiones sufridas por su acompañante. La acusación consideró que existía intención homicida y que la intervención de los dos sospechosos había sido coordinada. Sin embargo, esa última afirmación debía ser demostrada individualmente respecto de cada imputado. La presencia de una persona en una escena violenta, aun cuando estuviera acreditada, no bastaba por sí sola para atribuirle coautoría penal en un homicidio.
El caso permaneció durante más de dos años en la etapa de investigación y preparación del juicio. Finalmente, el 13 de abril de 2026 comenzó el debate oral y público ante un tribunal integrado por Fanny Siriani, María Soledad Hernández y Sebastián Norniella Parache. Los dos acusados llegaron imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Emilse Luna, y tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por las lesiones sufridas por su pareja. La acusación fue sostenida por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo, con intervención del auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio. Durante la apertura del debate, el Ministerio Público señaló que existían varios testigos presenciales y que sus declaraciones habían permitido reconstruir aspectos fundamentales del episodio. También se incorporaron pericias relacionadas con las lesiones, la mecánica de los disparos y los elementos recogidos durante la investigación.
La diferencia entre estar acusado y resultar condenado
La etapa decisiva del proceso llegó a fines de abril. Durante los alegatos finales, la Fiscalía solicitó 20 años de prisión para Lazarte y 15 años para Ibáñez. El Ministerio Público sostuvo que ambos habían actuado con intención de matar y que el ataque había sido dirigido hacia zonas vitales de las víctimas. Para la acusación, el episodio no había sido una reacción accidental ni un enfrentamiento sin consecuencias previstas, sino una agresión armada precedida por amenazas. La defensa de cada imputado tuvo la oportunidad de cuestionar esa reconstrucción y discutir el valor de las pruebas. El tribunal debía resolver dos cuestiones distintas: si se había demostrado quién efectuó los disparos y si existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al otro acusado.
El 28 de abril de 2026, los jueces anunciaron el veredicto. Facundo Nahuel Lazarte fue condenado a 20 años de prisión por el ataque que terminó con la muerte de Emilse Luna y dejó gravemente herida a su pareja. El tribunal consideró acreditado que había sido quien efectuó los disparos con intención homicida. La decisión fue unánime respecto de su responsabilidad. En cambio, Diego Ariel Ibáñez fue absuelto porque las pruebas producidas durante el juicio no permitieron demostrar su participación penal con el grado de certeza exigido para una condena. La resolución marcó una diferencia sustancial con la acusación original, que había presentado a ambos como coautores. La absolución no significa que el tribunal haya declarado probadas todas las explicaciones ofrecidas por Ibáñez, sino que la acusación no consiguió acreditar suficientemente su responsabilidad.
La sentencia también permite distinguir dos dimensiones del expediente. La primera es la responsabilidad de Lazarte, establecida mediante un juicio oral y una condena de 20 años. La segunda es la situación de Ibáñez, quien enfrentó una acusación por delitos graves, pero terminó absuelto. En una investigación penal, la existencia de una hipótesis coherente sobre un ataque no exime a los acusadores de demostrar la intervención concreta de cada persona. El tribunal aceptó la responsabilidad de quien consideró autor de los disparos y rechazó la imputación contra el segundo acusado. Esa diferencia es especialmente relevante en causas que comienzan con detenciones múltiples o con reconstrucciones basadas en testimonios que ubican a varias personas alrededor de un mismo episodio violento.
El recorrido del caso también expone las consecuencias de conflictos que comienzan con hechos aparentemente menores y terminan en homicidios. La investigación vinculó la muerte de Emilse con una motocicleta robada, la detención de un familiar y las acusaciones cruzadas sobre quién había proporcionado información a la Policía. Pero la existencia de una disputa previa no justifica ni explica por sí sola el uso de un arma de fuego contra dos personas. La sentencia estableció la responsabilidad de Lazarte por el ataque, mientras que la información pública disponible no permite afirmar que el supuesto robo que originó la discusión haya tenido una resolución penal específica ni que todos los hechos previos denunciados por la familia hayan sido objeto de condenas independientes.
Hay además diferencias entre las primeras crónicas y las reconstrucciones posteriores que deben quedar expresamente señaladas. Las noticias publicadas en enero de 2024 ubicaron el ataque en Vicente Gallo al 2300 e identificaron a la pareja de Emilse como Gastón Robles. En cambio, la información difundida durante el juicio de abril de 2026 situó el episodio en Vicente Gallo al 3200 y mencionó a Ángel Robles. Ambas versiones coinciden en los elementos centrales: la fecha, la víctima fatal, el ataque contra una pareja que circulaba en un carro, la utilización de un arma de fuego y la supervivencia del hombre herido. Sin acceso a las actuaciones originales, no corresponde resolver las discrepancias mediante suposiciones. Para una publicación que pretenda precisar la dirección exacta o el nombre completo del sobreviviente, esos datos deben contrastarse con el acta de intervención, la acusación formal o la sentencia escrita.
A casi tres años del homicidio, el caso cuenta con un resultado judicial concreto, pero todavía existen límites de verificación. La condena de 20 años y la absolución fueron informadas el 28 de abril de 2026, pero no fue posible acceder al texto íntegro de la sentencia ni a sus fundamentos escritos. Tampoco se localizó una resolución posterior que permita comprobar si las partes presentaron impugnaciones, si la condena adquirió firmeza o si la absolución fue revisada. Una crónica periodística describió la condena como firme, pero esa afirmación no pudo corroborarse mediante una constancia judicial independiente. Por lo tanto, la situación debe presentarse como una condena dictada en juicio, sin asegurar que todas las vías recursivas estén agotadas.
La historia de Emilse Luna había comenzado con una discusión por una motocicleta y terminó con una mujer de 29 años asesinada en la vía pública, un hombre gravemente herido y dos acusados que recibieron resultados judiciales diferentes. El proceso permitió identificar y condenar a quien el tribunal consideró responsable de los disparos, pero también absolvió a una persona cuya participación no pudo demostrarse. Esa combinación de decisiones recuerda que el esclarecimiento penal no consiste simplemente en obtener condenas, sino en determinar responsabilidades individuales mediante pruebas suficientes.
Emilse Luna murió el 24 de enero de 2024 mientras regresaba con su pareja por las calles del barrio San Miguel. Dos años después, la Justicia condenó a Facundo Nahuel Lazarte a 20 años de prisión y absolvió a Diego Ariel Ibáñez. La investigación reconstruyó una disputa previa relacionada con una motocicleta robada y amenazas que antecedieron al ataque. El caso deja una sentencia de enorme importancia para la familia, pero también una lección sobre el funcionamiento del proceso penal: una acusación puede involucrar a varias personas y, aun así, solamente aquellas cuya responsabilidad se demuestra con pruebas suficientes pueden ser condenadas.
