Cada año, cuando comienza la zafra azucarera en Tucumán, las rutas de la provincia se llenan de camiones, tractores y acoplados que transportan la producción hacia los ingenios. Y cada año vuelve a repetirse una historia demasiado conocida: accidentes, personas fallecidas, familias destrozadas, cuestionamientos a los controles y funcionarios que prometen reforzar la seguridad vial. Después, el tema desaparece de la agenda pública hasta que ocurre otra tragedia.
La muerte de Luis Alberto Serrano, un motociclista domiciliado en El Chañar que perdió la vida el martes 10 de noviembre tras colisionar con un camión que arrastraba dos acoplados en la ruta provincial 304, volvió a encender las alarmas. El siniestro ocurrió a la altura de Las Piedritas, en el sector conocido como Boca del Tigre, departamento Burruyacú. La víctima conducía una Honda XR 150 cuando, por circunstancias que todavía investiga la Justicia, impactó contra un Ford Cargo 1722. La violencia del choque le provocó lesiones mortales y la causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo.
Todavía no se estableció cómo se produjo el accidente ni se confirmó públicamente qué carga llevaba el camión o si estaba afectado a la actividad azucarera. Por lo tanto, sería apresurado atribuir esta muerte directamente a la zafra. Sin embargo, el episodio ocurre en una ruta atravesada por el tránsito pesado y en una provincia que arrastra un extenso historial de siniestros vinculados con el transporte cañero.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas tragedias más tendrán que producirse para que la seguridad de las rutas durante la zafra deje de depender de operativos ocasionales y se convierta en una política sostenida y verificable?
Una historia que se repite desde hace más de una década
No se trata de un problema nuevo ni desconocido para las autoridades. El 19 de julio de 2014, se publicaba un informe con un título tan contundente como preocupante: cinco personas habían muerto en apenas 45 días en accidentes que involucraban vehículos utilizados para transportar caña de azúcar.
Entre las víctimas estaban los hermanos Juan Alberto y Norberto Andrés Barrionuevo, fallecidos el 1 de junio de aquel año cuando viajaban en una Trafic por la ruta 38, cerca de Concepción. También César Ceferino Cañete, un motociclista de 31 años que murió el 15 de junio al chocar contra un camión con acoplado en la ruta 334, y Mirco Herrera y Exequiel Guerrero, de 22 y 23 años, quienes perdieron la vida tras colisionar con una rastra cañera en la ruta 325.
En aquel momento, las autoridades provinciales ya hablaban de inspecciones técnicas, controles de documentación, luces reglamentarias y operativos móviles en los caminos. Incluso aseguraban contar con diez grupos de trabajo destinados a fiscalizar la circulación del transporte pesado.
Una década después, el panorama seguía mostrando las mismas dificultades. El 28 de junio de 2024, otro informe periodístico reveló que cuatro accidentes con camiones que transportaban caña habían ocurrido en apenas nueve días y provocado dos muertes. Una de las víctimas fue Miguel Agüero, de 67 años, fallecido en un choque en la ruta 157, a la altura de Manuela Pedraza. La otra fue Nardo Vicente Sandoval, de 59 años, quien murió tras una colisión contra el segundo acoplado de un transporte pesado en Campo Azul, departamento Leales.
En aquel informe se advertía sobre un problema especialmente grave: la falta de señalización adecuada en los accesos y las maniobras de ingreso de los vehículos de carga a las rutas.
Los episodios continuaron en 2025. El 20 de junio, Carlos Antonio Ramírez, de apenas 24 años, murió mientras circulaba en motocicleta por la vieja traza de la ruta 38, a la altura de León Rougés. El joven fue embestido por un camión con acoplado que transportaba caña picada.
Y 2026 tampoco fue la excepción. El 1 de junio, tres integrantes de una familia murieron en un siniestro ocurrido sobre la ruta 38, en la jurisdicción de La Cocha, en el que estuvo involucrado un transporte cañero. El hecho reavivó las advertencias oficiales sobre las restricciones a la circulación nocturna de rastras.
En julio, un motociclista de 78 años murió después de chocar contra un vehículo cañero en la Ruta Alternativa de Alderetes. Y el 3 de octubre se registraron otras dos tragedias: Federico Leonel Juárez, enfermero de 32 años, falleció al impactar con su motocicleta contra un camión que transportaba caña en la ruta 304, a la altura de La Angostura, mientras que José Alejandro Bischof, un camionero cordobés de 66 años, perdió la vida después de una colisión con un tractor que llevaba dos acoplados cargados de caña sobre la ruta 325, en Simoca.
Los casos mencionados no constituyen una estadística completa de la siniestralidad vial durante las zafras. Son antecedentes periodísticos concretos, ocurridos en distintos años y lugares de la provincia, que muestran la persistencia del riesgo.
Controles, prohibiciones y promesas que se repiten después de cada tragedia
Lo más preocupante es que el Estado provincial conoce perfectamente el problema. En junio de 2020, durante la gestión de Juan Manzur, el Gobierno anunció restricciones a la circulación nocturna de rastras cañeras en rutas provinciales y nacionales. Por entonces, el secretario de Transporte y Seguridad Vial, Benjamín Nieva, explicó que la medida buscaba reducir los accidentes y que se trabajarían controles conjuntos con la Policía Vial.
Seis años después, tras la tragedia de La Cocha, la respuesta oficial volvió a concentrarse en las restricciones horarias y en el anuncio de mayores controles. El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, recordó en junio de 2026 que las rastras cañeras tenían prohibido circular entre las 18 y las 7 de la mañana siguiente y aseguró que se reforzarían los operativos en el sur provincial.
El funcionario también reconoció que resulta materialmente imposible controlar todos los vehículos que circulan por las rutas tucumanas. Esa afirmación puede describir una limitación operativa real, pero no alcanza como explicación frente a un problema que lleva tantos años sin resolverse.
Conviene aclarar, además, que las rastras traccionadas por tractores y los camiones de carga habilitados no están sometidos necesariamente a las mismas restricciones. En 2024, la propia Policía de Seguridad Vial señalaba que los camiones que cumplen con los requisitos técnicos pueden circular durante la noche. Por eso, las prohibiciones anunciadas para las rastras no deben interpretarse automáticamente como aplicables a cualquier transporte con acoplados.
Tampoco sería correcto afirmar que el Gobierno nunca hizo nada. Existen controles, disposiciones y trabajos de infraestructura. Durante 2026, la Dirección Provincial de Vialidad informó intervenciones sobre la propia ruta 304, incluyendo señalización horizontal y vertical en una rotonda, además de obras de protección de un puente sobre el arroyo Taruca Pampa. El Ministerio de Obras Públicas también anunció reuniones para coordinar operativos de seguridad vial.
Pero la cuestión central no es cuántas reuniones se realizan, cuántos comunicados se publican o cuántos controles se anuncian. La pregunta es qué resultados concretos producen esas medidas.
¿Cuántos camiones y rastras fueron inspeccionados durante la zafra 2026? ¿Cuántos vehículos quedaron fuera de circulación por incumplir las normas? ¿Cuántas infracciones se detectaron por iluminación deficiente, sobrecarga, documentación irregular o condiciones mecánicas inseguras? ¿Qué medidas específicas se adoptaron en los accesos rurales donde los transportes pesados se incorporan a las rutas? ¿Existe una evaluación pública que permita comparar la siniestralidad de las últimas temporadas?
Sin información sistematizada y accesible sobre esos resultados, resulta difícil determinar si las acciones oficiales son suficientes, si están dando resultados o si deben modificarse.
¿Cuántas muertes más hacen falta para que la seguridad vial sea una prioridad?
La zafra azucarera es una actividad fundamental para la economía tucumana. Genera empleo, moviliza inversiones y sostiene buena parte de la producción provincial. Nadie puede desconocer esa importancia ni pretender que el transporte de caña desaparezca de las rutas.
Pero tampoco puede aceptarse que el desarrollo de una actividad económica implique convivir año tras año con riesgos que deberían ser prevenidos mediante controles eficaces, infraestructura adecuada y responsabilidades claramente establecidas.
La solución exige algo más que pedir prudencia a los conductores. Hace falta una planificación específica para la temporada de cosecha, con fiscalización efectiva del transporte pesado, controles de habilitación y condiciones técnicas, señalización de los accesos a caminos rurales, evaluación de los tramos más peligrosos y coordinación entre el Estado, los ingenios, los productores y las empresas transportistas.
También resulta indispensable que los responsables de la seguridad vial publiquen periódicamente los resultados de los operativos y los datos de siniestralidad, de manera que la ciudadanía pueda evaluar si las políticas implementadas están funcionando.
No se trata de responsabilizar automáticamente a los camioneros cada vez que ocurre un accidente. Las causas de cada siniestro deben determinarse mediante investigaciones técnicas y judiciales, y la responsabilidad individual no puede presumirse por el solo hecho de conducir un vehículo pesado. Pero tampoco debería limitarse toda la discusión a la conducta de los protagonistas de cada choque, dejando afuera las condiciones generales de circulación y la eficacia del sistema de prevención.
El gobernador Osvaldo Jaldo y las autoridades provinciales tienen ante sí un problema que no nació con su administración, pero cuya persistencia requiere respuestas concretas durante su gestión. La antigüedad del conflicto no disminuye la responsabilidad de quienes hoy tienen la obligación de adoptar medidas para reducir los riesgos.
Luis Alberto Serrano murió el 10 de noviembre en la ruta 304. Poco más de un mes antes, Federico Leonel Juárez había perdido la vida en esa misma ruta, en un siniestro que involucró a un camión cargado con caña de azúcar. Son dos muertes distintas, cuyas circunstancias deben investigarse individualmente, pero que vuelven a colocar la seguridad vial del este tucumano en el centro de la discusión.
La pregunta ya no es si el Gobierno conoce el problema. Lo conoce desde hace años. La pregunta es cuándo las medidas de prevención van a demostrar resultados suficientes para que estas tragedias dejen de repetirse.
Porque Tucumán necesita la zafra, necesita a sus productores y necesita que los camiones lleguen a los ingenios. Pero, sobre todo, necesita que quienes salen a trabajar, estudiar o simplemente circular por sus rutas puedan regresar vivos a sus casas.
