La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, decidió romper el silencio luego de que se viralizara un video que presuntamente la muestra en un aeropuerto, en el marco de un viaje a Puerto Iguazú, Misiones. La jefa municipal denunció una campaña de desprestigio, cuestionó la exposición de su familia y anticipó que recurrirá a la Justicia. Sin embargo, su reacción volvió a poner sobre la mesa un interrogante que la acompaña desde hace meses: ¿por qué eligió responder públicamente ante la difusión de imágenes de un supuesto viaje, pero no hizo lo mismo cuando fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de la supuesta adquisición de una mansión en Yerba Buena?
La diferencia no es menor. Mientras que el video abrió una controversia relacionada con su vida privada y sus responsabilidades como funcionaria, la denuncia patrimonial presentada en junio apunta a esclarecer una operación inmobiliaria millonaria y el eventual origen de los fondos utilizados. Pese a la gravedad institucional de esos señalamientos, Graneros no ofreció hasta ahora un descargo personal y detallado sobre aquella operación, aunque su defensa legal negó que fuera propietaria del inmueble.
Un video que provocó una inmediata reacción
La nueva polémica comenzó cuando una cuenta de redes sociales vinculada a La Libertad Avanza difundió imágenes en las que se observa a la intendenta en un aeropuerto, acompañada por otras personas y con equipaje. Según la publicación, Graneros habría viajado el domingo 8 de noviembre desde Salta hacia Puerto Iguazú junto a su pareja y otras personas. Los detalles del supuesto traslado no fueron corroborados de manera independiente.
Frente a la repercusión, la funcionaria publicó dos extensos comunicados para denunciar lo que considera una campaña destinada a perjudicar su imagen y exponer injustamente a su entorno familiar, incluido un sobrino menor de edad. En sus mensajes manifestó sentirse agraviada, rechazó las publicaciones que considera falsas y aseguró que continuará al frente del municipio.
La intendenta sostuvo que habitualmente evita las confrontaciones públicas, pero que la situación la obligó a modificar su actitud. En ese contexto, afirmó que el silencio deja de ser una opción cuando las acusaciones afectan a su familia y buscan confundir a la comunidad. También anunció que adoptará las medidas legales que considere correspondientes.
Sin embargo, sus declaraciones no precisaron si efectivamente realizó el viaje señalado, si tuvo carácter particular u oficial ni cómo se financió. Tampoco incluyeron explicaciones sobre la denuncia patrimonial que pesa sobre ella desde mediados de año.
La mansión de Yerba Buena, una denuncia mucho más grave que sigue sin aclararse
El contraste con la causa por presunto enriquecimiento ilícito resulta inevitable. El 9 de junio de 2026, el legislador Manuel Courel, el concejal Luis Escobar y el abogado Luis María Díaz Augier presentaron una denuncia penal para que se investigara la supuesta adquisición de una residencia de lujo en el country Las Yungas, ubicado en Yerba Buena, por una suma superior al millón de dólares.
Los denunciantes sostuvieron que la operación habría involucrado los lotes 70 y 71 del barrio privado y que parte del pago se habría realizado en efectivo. También solicitaron medidas para establecer la titularidad de los inmuebles, determinar la procedencia del dinero y esclarecer una eventual participación del secretario de Hacienda municipal, Ariel Mendelek, mencionada en la presentación judicial.
La acusación adquirió especial repercusión por la magnitud económica de la propiedad y por la situación social de Graneros, un municipio que enfrenta importantes problemas de infraestructura y vulnerabilidad económica. No obstante, la existencia de una denuncia no acredita que la intendenta haya comprado el inmueble ni que haya cometido un delito.
A diferencia de lo ocurrido ahora con el video del aeropuerto, Graneros evitó pronunciarse personalmente sobre los detalles de la presunta operación inmobiliaria. Fue su abogada, Paula Morales Soria, quien respondió públicamente en julio, negó que la vivienda perteneciera a la intendenta y sostuvo que la acusación carecía de sustento, atribuyéndole motivaciones políticas.
La controversia judicial continuó durante los meses siguientes. Los denunciantes cuestionaron la falta de avances y reclamaron nuevas medidas de investigación, mientras la defensa mantuvo su rechazo a los señalamientos. Hasta el momento, no se conoce una resolución judicial definitiva que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.
Dos polémicas, distintas respuestas y una deuda de transparencia
La reacción de Graneros frente al video también se produjo pocos días después del sobreseimiento de cuatro vecinas que habían sido denunciadas penalmente tras intentar acercarle un petitorio para reclamar asistencia por las inundaciones que afectaron al municipio. Ese episodio había generado una fuerte controversia por la judicialización de un reclamo social.
Ahora, la intendenta eligió defender públicamente su intimidad y su honor frente a una publicación en redes sociales. Ese derecho es incuestionable, especialmente cuando se expone a familiares ajenos a la función pública. Pero también es legítimo exigir que quienes ocupan cargos de gobierno brinden explicaciones ante cuestionamientos relacionados con su patrimonio y el ejercicio de sus responsabilidades.
El problema no es que Raquel Graneros haya decidido hablar, sino la diferencia entre aquello que motivó su reacción inmediata y aquello sobre lo que todavía no ofreció respuestas personales concretas. Una publicación sobre un viaje mereció dos comunicados y advertencias legales; una denuncia penal vinculada con una operación inmobiliaria millonaria recibió, hasta ahora, una respuesta por intermedio de su defensa.
La Justicia deberá determinar si existe algún delito relacionado con la propiedad de Yerba Buena. Mientras tanto, la intendenta conserva su derecho a defenderse y a ser considerada inocente. Pero la transparencia política exige algo más que respuestas judiciales: requiere explicaciones públicas claras cuando existen interrogantes de interés institucional.
Graneros aseguró que el silencio dejó de ser una opción. La pregunta es si esa decisión también alcanzará a la denuncia por la presunta mansión de Yerba Buena.
