Con la temporada de lluvias cada vez más cerca y la posibilidad de precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño, las inundaciones vuelven a instalarse en la agenda política tucumana. Esta vez, el legislador opositor Agustín Romano Norri decidió llevar el problema a la Legislatura provincial mediante un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de los 31 puntos críticos de anegamiento identificados en el Plan de Contingencia de San Miguel de Tucumán.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 381-PR-26, busca determinar cuál es el nivel de riesgo actual de cada sector, qué antecedentes de inundaciones existen durante 2025 y 2026 y cuáles son las medidas concretas que el Gobierno provincial viene ejecutando para evitar nuevas emergencias. El pedido también alcanza al Canal Norte y al Canal Sur, dos componentes fundamentales del sistema de desagües metropolitanos, sobre los cuales se solicitan precisiones respecto de su mantenimiento, conservación y capacidad operativa.
Pero el reclamo no se limita a conocer el estado de la infraestructura. Romano Norri también exige detalles sobre las obras hídricas en marcha, sus presupuestos, fuentes de financiamiento y estudios técnicos. En definitiva, busca establecer qué se hizo, cuánto se invirtió y qué trabajos continúan pendientes.
El planteo introduce una discusión incómoda para las autoridades: si existen sectores oficialmente identificados como críticos, la prevención debería comenzar mucho antes de que las calles se conviertan en ríos y las familias deban enfrentar las consecuencias del agua dentro de sus viviendas. Conocer los riesgos y disponer de planes de contingencia constituye apenas el primer paso; lo verdaderamente importante es demostrar que esos diagnósticos se traducen en intervenciones efectivas.
Una ley para terminar con las soluciones aisladas
La segunda propuesta del legislador radical apunta a una de las debilidades estructurales de la gestión hídrica: la falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones del Gran San Miguel de Tucumán. A través del expediente 396-PL-26, Romano Norri presentó un proyecto de Ley de Gestión Pluvial Integral y Drenaje Urbano Sustentable, destinado a establecer un sistema metropolitano de planificación y prevención de inundaciones.
La iniciativa comprende inicialmente a San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas, además de las comunas de El Manantial, San Pablo, Villa Nougués y Cevil Redondo. El objetivo es que los gobiernos locales dejen de abordar el escurrimiento del agua como un problema exclusivamente propio y comiencen a trabajar bajo criterios hidráulicos compartidos.
La propuesta contempla la elaboración de un Plan Maestro Metropolitano, mapas de riesgo hídrico, sistemas de alerta temprana y una Mesa de Coordinación Pluvial para organizar las intervenciones. También incorpora alternativas de infraestructura sustentable, como pavimentos permeables, reservorios, lagunas de retención, jardines de lluvia y recuperación de cauces naturales.
La Dirección Provincial del Agua sería la autoridad de aplicación, en coordinación con otros organismos provinciales y los gobiernos locales. El proyecto también prevé mecanismos de transparencia para publicar diagnósticos, avances de obras y criterios utilizados para establecer prioridades.
El fundamento es sencillo: una obra de desagüe ejecutada en un municipio puede modificar el comportamiento del agua y trasladar el problema hacia otra jurisdicción. Por eso, la planificación exclusivamente municipal resulta insuficiente cuando se trata de cuencas que atraviesan diferentes localidades.
Sin embargo, una eventual ley tampoco resolvería por sí sola los problemas de infraestructura. Su eficacia dependerá del presupuesto disponible, de las facultades reales de coordinación y, sobre todo, de la capacidad de los distintos gobiernos para sostener políticas conjuntas más allá de sus diferencias políticas.
La prevención no puede comenzar cuando llega la inundación
Las iniciativas de Romano Norri llegan en un momento particularmente sensible. Cada temporada de lluvias vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de numerosos sectores urbanos, donde los anegamientos afectan la circulación, las actividades económicas y la vida cotidiana de los vecinos. El crecimiento urbano desordenado, la impermeabilización del suelo y las deficiencias de drenaje agravan un problema que no puede atribuirse exclusivamente a la intensidad de las precipitaciones.
El interrogante central es qué nivel de preparación tiene actualmente el Estado tucumano para enfrentar una nueva temporada de lluvias intensas. La existencia de 31 puntos críticos identificados exige una respuesta precisa: cuáles fueron intervenidos, cuáles mantienen riesgos elevados y qué medidas se encuentran previstas para aquellos sectores donde todavía no se ejecutaron soluciones definitivas.
También será importante conocer si los recursos presupuestados para obras hídricas se tradujeron en mejoras comprobables y si existe una estrategia coordinada entre Provincia, municipios y comunas. El pedido legislativo no demuestra por sí mismo que haya habido incumplimientos o desvíos de fondos, pero sí plantea interrogantes que las autoridades deberían responder con documentación y resultados verificables.
Durante años, el debate sobre las inundaciones en Tucumán ha quedado condicionado por la urgencia de cada temporal. Cuando el agua avanza, aparecen los operativos de emergencia, las recorridas de funcionarios y las promesas de soluciones. Cuando baja, la discusión pierde visibilidad hasta la siguiente tormenta.
La propuesta de Romano Norri intenta modificar esa lógica y trasladar el debate desde la respuesta inmediata hacia la planificación estructural. Su tratamiento legislativo permitirá comprobar si existe voluntad política para establecer responsabilidades compartidas y mecanismos de control sobre las obras.
Los tucumanos no necesitan que cada nueva inundación vuelva a convertirse en una oportunidad para anuncios oficiales. Necesitan saber qué se hizo durante los meses sin lluvias para evitar que la historia se repita. Y esa respuesta debe llegar antes de que el agua vuelva a entrar en sus casas.
