Mientras el Ministerio de Desarrollo Social tiene entre sus principales responsabilidades asistir a los sectores más vulnerables de Tucumán, su titular, Federico Masso, autorizó destinar nada menos que $82.600.000 a la adquisición de 2.800 cajas navideñas para el personal de la propia cartera. La operación consta en la Resolución N.º 3847/4 (MDS), del 4 de noviembre de 2026, y fue incorporada al Acuerdo N.º 4341 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, fechado al día siguiente.
Según el documento oficial, la contratación directa fue autorizada con la firma Sucesión de Kotler Luis Jaime, por un monto que representa $29.500 por cada caja navideña. La resolución también faculta a la Dirección de Administración a emitir una orden de pago a favor de la empresa adjudicataria, aunque la operación todavía se encuentra sujeta al correspondiente pronunciamiento del organismo de control.
La cifra llama la atención no solamente por su magnitud, sino también por el destino de los fondos. No se trata de mercadería destinada a comedores comunitarios, familias de bajos recursos o beneficiarios de programas sociales, sino de un obsequio de fin de año para los empleados del Ministerio. Si bien el reconocimiento al personal puede formar parte de una política institucional, resulta legítimo preguntarse si una erogación de más de 82 millones de pesos constituye una prioridad razonable para un organismo cuya función central es atender necesidades sociales.
Los precios minoristas dejan en evidencia una diferencia difícil de ignorar
Una consulta realizada el 9 de noviembre a los precios publicados en la tienda online de Carrefour permite dimensionar el costo de la contratación. La cadena comercial ofrece tres alternativas de cajas navideñas cuyos valores son inferiores a los $29.500 por unidad previstos por el Ministerio.
La caja navideña verde, integrada por cinco productos tradicionales —pan dulce, budín, garrapiñada, turrón y sidra—, aparece publicada a $9.500. La caja roja, que incorpora siete productos, entre ellos vino, sidra y distintas confituras, tiene un precio de $15.990. Incluso la caja azul, una presentación de ocho productos que incluye pan dulce, budín, chocolates, turrón, vino Malbec y espumante Navarro Correas, figura a $27.990, es decir, $1.510 menos que el precio unitario autorizado por Desarrollo Social.
La comparación resulta especialmente significativa porque se trata de precios minoristas, disponibles para consumidores que compran una sola unidad. En cambio, el Ministerio proyecta adquirir 2.800 cajas en una misma operación, un volumen que normalmente debería permitir negociar condiciones comerciales más favorables, mediante descuentos, cotizaciones competitivas o acuerdos directos con proveedores.
Para poner las cifras en perspectiva, si se tomara como referencia el precio minorista de la caja roja de Carrefour, adquirir 2.800 unidades representaría $44.772.000, frente a los $82.600.000 de la contratación ministerial. La diferencia aritmética asciende a $37.828.000. Incluso utilizando como referencia la caja azul, de mayor cantidad de productos, el desembolso teórico sería de $78.372.000, unos $4.228.000 menos que lo autorizado por la cartera social.
Naturalmente, estas comparaciones no demuestran por sí solas un sobreprecio: el acuerdo oficial no especifica el contenido de las cajas contratadas, sus marcas, cantidades ni posibles costos adicionales de distribución. Tampoco se verificó la disponibilidad de 2.800 unidades a los precios minoristas publicados. Sin embargo, los valores constituyen una referencia comercial concreta que obliga a formular una pregunta elemental: ¿qué características justifican pagar $29.500 por cada caja cuando un supermercado ofrece al público alternativas de hasta ocho productos por menos dinero?
El Tribunal de Cuentas todavía no dio luz verde: las explicaciones que debe Masso
El Acuerdo N.º 4341 incorpora otro dato relevante. El Tribunal de Cuentas resolvió devolver las actuaciones al Ministerio de Desarrollo Social y estableció que los plazos para expedirse comenzarán nuevamente cuando el expediente reingrese al organismo. Además, dejó expresamente indicado que el acto administrativo no podrá ejecutarse hasta que exista un pronunciamiento definitivo en el marco del control preventivo.
Esto significa que, de acuerdo con la documentación examinada, no puede afirmarse que los $82,6 millones ya hayan sido pagados, ni que el Tribunal haya determinado la existencia de irregularidades. Lo que sí está acreditado es que Masso firmó una resolución que autoriza una contratación directa por ese importe y que el procedimiento aún debe superar una instancia de control.
La situación merece explicaciones públicas. ¿Qué productos específicos integran las 2.800 cajas? ¿Qué marcas y presentaciones se contrataron? ¿Se solicitaron presupuestos a otros proveedores? ¿Por qué se eligió una contratación directa? ¿Se evaluaron alternativas mayoristas? ¿El precio comprende transporte y distribución? Y, fundamentalmente, ¿qué criterio se utilizó para determinar que $29.500 por unidad era una cifra conveniente para el Estado?
La transparencia no debería limitarse a publicar una resolución con el monto total y el nombre del proveedor. Una compra financiada con recursos públicos debe poder justificarse con información suficiente para demostrar que responde a una necesidad institucional y que se realiza en condiciones económicamente razonables.
Federico Masso ha defendido públicamente la responsabilidad en el manejo de la inversión social. Esa premisa también debería aplicarse a los gastos internos de su Ministerio. Porque cuando una dependencia encargada de atender la vulnerabilidad social proyecta desembolsar más de 82 millones de pesos en regalos navideños para sus propios empleados, mientras los precios minoristas ofrecen referencias más económicas, la discusión no pasa solamente por cuánto cuestan las cajas, sino por cómo se establecen las prioridades y cómo se administra cada peso de los tucumanos.
La contratación todavía puede ser explicada y documentada. Hasta entonces, los números justifican el escrutinio público y un pedido concreto de rendición de cuentas.
