La Legislatura de Tucumán se encamina a debatir esta semana un proyecto para declarar la emergencia económica y social por 180 días, con el objetivo de asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur provincial y acompañar la recuperación de las actividades productivas. La iniciativa, promovida por el oficialismo, ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y quedó lista para llegar al recinto.
La propuesta contempla facultades para que el Poder Ejecutivo pueda reasignar partidas, poner en marcha programas extraordinarios y otorgar ayudas económicas directas ante la gravedad de los daños causados por el temporal. El tema aparece como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa, en medio de una situación crítica que golpea a miles de vecinos.
La oposición cuestiona que se dicte una nueva ley
No todos los bloques acompañan el planteo oficial. El legislador Claudio Viña firmó un dictamen en minoría y rechazó la necesidad de una nueva declaración, al sostener que Tucumán ya cuenta con una ley de emergencia hídrica y social vigente desde 2007, prorrogada en sucesivas oportunidades.
Según esa postura, la normativa actual ya otorga herramientas suficientes para actuar ante contingencias climáticas, incluyendo facultades similares a las que ahora se pretenden volver a establecer. Desde ese sector consideran que el problema no pasa por la falta de legislación, sino por la escasa o deficiente aplicación de los instrumentos existentes frente a cada crisis.
Reclamos por fondos y pedido de ayuda nacional
La discusión legislativa también reavivó reclamos por el destino de los recursos públicos. A fines de enero, la legisladora Silvia Elías de Pérez había solicitado informes sobre la utilización de fondos destinados a la emergencia hídrica, entre ellos partidas nacionales enviadas para obras de prevención y mitigación de inundaciones.
En paralelo, el escenario tucumano ya escaló al plano nacional. El diputado Pablo Yedlin reclamó al Gobierno de Javier Milei la declaración inmediata de la emergencia hídrica, social y productiva para Tucumán, al advertir sobre el impacto devastador que dejaron las inundaciones de marzo en distintas localidades del sur y del este provincial. Así, mientras las familias intentan reconstruirse después del desastre, la política vuelve a discutir si hacen falta nuevas leyes o decisiones concretas para que la asistencia llegue a tiempo.
