El 21 de noviembre de 1992, una ráfaga de disparos terminó con la vida del empresario Antonio Macaione frente a su establecimiento de Junín al 1800, en la zona norte de San Miguel de Tucumán. El ataque, ejecutado con un arma automática según las reconstrucciones periodísticas, tuvo características que llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de un homicidio planificado. No se trataba de una pelea circunstancial ni de un episodio cuya violencia pudiera explicarse fácilmente por un enfrentamiento espontáneo: la víctima había sido atacada a balazos en las inmediaciones de su lugar de trabajo y los responsables escaparon. El crimen ocurrió en una provincia donde la actuación de grupos parapoliciales y de personas vinculadas con antiguas estructuras de seguridad ya generaba denuncias y controversias. En ese contexto, las primeras averiguaciones orientaron las sospechas hacia hombres que habían integrado o mantenido relaciones con el denominado Comando Atila, una organización asociada públicamente con Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra. Sin embargo, las sospechas que rodearon al expediente nunca se transformaron en una sentencia que identificara judicialmente a los autores del asesinato.
La investigación comenzó examinando posibles conflictos económicos de Macaione. Una de las hipótesis sostenía que el empresario tenía una deuda importante y que sus acreedores habrían recurrido a personas dedicadas al cobro violento para presionarlo. Otra versión, también mencionada en reconstrucciones posteriores, sugería una eventual disputa relacionada con dinero procedente del narcotráfico. Ambas explicaciones circularon como líneas investigativas, pero no fue posible localizar una resolución judicial que acreditara alguna de ellas como móvil del homicidio. Los investigadores también recogieron referencias sobre un automóvil Renault 12, verde o gris según los testimonios, que habría sido utilizado por los atacantes. Ese dato cobró relevancia porque un vehículo del mismo modelo fue mencionado en las averiguaciones sobre el asesinato del oficial Juan Andrés Salinas, ocurrido meses después. La coincidencia despertó sospechas sobre posibles conexiones entre ambos hechos, aunque compartir un modelo de automóvil no constituye prueba de que los crímenes hayan sido cometidos por las mismas personas.
Entre los primeros detenidos por el caso estuvieron Luciano “Chueco” García y Julián Mopty, descriptos en las crónicas como expolicías vinculados con el grupo parapolicial y con actividades de cobranza para prestamistas. La investigación posteriormente dirigió su atención hacia otros hombres relacionados con ese entorno. El expediente adquirió una dimensión especialmente controvertida cuando José Walter “El Coya” Jerez señaló a Camilo Orce, Miguel Antonio “Tono” Pereyra, Eduardo “Perro” Bovi y Jorge “Feto” Soria como presuntos autores del ataque. Aquella declaración parecía ofrecer una identificación concreta de los responsables y abría la posibilidad de reconstruir la organización del homicidio. Sin embargo, la situación cambió cuando el mismo testigo modificó su relato ante el fiscal Abraham Mussi y sostuvo que había recibido presiones para perjudicar a integrantes del Comando Atila. Las versiones incompatibles comprometieron la credibilidad de una de las principales fuentes de la acusación. Años después, Jerez recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por falso testimonio.
Una segunda versión y el problema de las pruebas
Cuando la hipótesis relacionada con el Comando Atila parecía debilitada por las contradicciones testimoniales, apareció una explicación diferente. Armando “La Vaca” Urueña, detenido en el marco de otra investigación criminal, declaró que José Roberto “El Ruso” Leirman lo había contratado para asesinar a Macaione por pedido del empresario Pedro Marcilese, presuntamente a raíz de una deuda. La declaración incorporaba nombres, un supuesto intermediario y un posible móvil económico, pero tampoco resolvió el expediente. De acuerdo con la reconstrucción periodística, Urueña manifestó temor a ser trasladado a Tucumán porque consideraba que Leirman podía atentar contra su vida. Es importante distinguir la existencia de esa declaración de la acreditación de su contenido: que una persona haya atribuido a otras la organización de un homicidio no demuestra que esas personas lo hayan encargado o ejecutado. No se localizó una sentencia que estableciera la responsabilidad penal de Leirman, Marcilese o Urueña por la muerte de Macaione.
Las dos líneas investigativas revelan una de las mayores dificultades del caso. Por un lado, existían sospechas sobre personas relacionadas con una organización parapolicial; por otro, una declaración posterior describía un supuesto asesinato por encargo derivado de una disputa económica. Ninguna de esas versiones podía considerarse suficiente sin pruebas independientes que permitieran verificar quién había organizado el ataque, quién había disparado, qué arma se había utilizado y cuál había sido el motivo. La retractación de un testigo central, además, introdujo dudas sobre la calidad de las declaraciones recogidas durante la instrucción. La información disponible no permite establecer si se realizaron pericias balísticas comparativas, reconocimientos formales de los sospechosos o diligencias adicionales que hubieran permitido corroborar o descartar las hipótesis. Tampoco es posible determinar, con los documentos consultados, qué consecuencias procesales tuvieron las detenciones iniciales.
El contexto del Comando Atila merece una consideración particular. Durante los años noventa, el grupo estuvo asociado en la prensa tucumana con prácticas violentas y con la figura del expolicía Mario Oscar Ferreyra, conocido como “El Malevo”. Una investigación histórica publicada por LA GACETA en enero de 2020 examinó su trayectoria y recuperó distintos episodios en los que integrantes o personas vinculadas con ese entorno aparecieron mencionadas. Entre ellos figuraba el asesinato de Macaione, junto con otros hechos que alimentaron las denuncias sobre la existencia de estructuras de violencia que actuaban por fuera de los procedimientos policiales regulares. Pero esa reconstrucción histórica no permite atribuir automáticamente todos los delitos mencionados a una misma organización ni responsabilizar a Ferreyra por el homicidio del empresario. Las sospechas de la época deben ser tratadas como tales, especialmente cuando el expediente no produjo una condena que estableciera esas responsabilidades.
La proximidad temporal con el asesinato del oficial Salinas también fue utilizada para examinar posibles conexiones. En ambos expedientes aparecieron referencias a personas relacionadas con ambientes policiales controvertidos y a vehículos de características semejantes. Sin embargo, los dos crímenes conservaron trayectorias investigativas propias y la documentación disponible no permite afirmar que hayan sido parte de una misma operación. En el caso Macaione, la investigación tuvo además la particularidad de incorporar testimonios que se contradijeron entre sí y una segunda versión que desplazaba el foco hacia un supuesto conflicto entre empresarios y cobradores. Esas circunstancias explican por qué, aun después de tantos años, resulta difícil reconstruir una hipótesis única sin incurrir en afirmaciones que excedan lo judicialmente acreditado.
A casi 34 años del asesinato, el caso plantea preguntas que continúan siendo relevantes para comprender el funcionamiento de las investigaciones criminales de aquella época. ¿Qué pruebas concretas respaldaban las primeras detenciones? ¿Qué ocurrió con los sospechosos mencionados por Jerez después de su retractación? ¿La declaración de Urueña fue corroborada mediante otras medidas? ¿Se investigó la procedencia del arma utilizada en el ataque? ¿Existió alguna resolución que determinara el cierre del expediente? ¿Qué documentación permanece disponible para reconstruir el recorrido judicial? Ninguna de esas preguntas autoriza a señalar culpables sin respaldo. Por el contrario, demuestra la necesidad de diferenciar las sospechas históricas de las decisiones judiciales efectivamente documentadas.
El asesinato de Antonio Macaione reúne varios elementos que explican su repercusión y posterior pérdida de visibilidad: un empresario atacado a plena luz de la actividad urbana, una ejecución con armas automáticas, sospechosos relacionados con sectores policiales controvertidos, versiones sobre deudas y posibles actividades ilegales, un testigo que cambió su declaración y una nueva hipótesis que tampoco condujo a una condena verificada. La historia no demuestra que existiera una conspiración institucional ni permite identificar a los autores mediante inferencias periodísticas. Lo que sí exhibe es una investigación que, según las reconstrucciones disponibles, atravesó acusaciones contradictorias sin alcanzar una respuesta penal definitiva.
Antonio Macaione fue asesinado el 21 de noviembre de 1992 frente a su empresa de Junín al 1800. La investigación apuntó hacia personas vinculadas con el Comando Atila, incorporó declaraciones contradictorias y terminó examinando una segunda versión sobre un supuesto homicidio por encargo. Ninguna de esas hipótesis permitió establecer responsabilidades mediante una condena verificada. Casi 34 años después, el caso permanece como una de las historias policiales más controvertidas de Tucumán, no porque se conozca quién ordenó el asesinato, sino precisamente porque las acusaciones nunca consiguieron convertirse en una verdad judicial demostrada.
