La Justicia Federal condenó a otros cinco integrantes de una organización dedicada al transporte de estupefacientes desde Salta hacia Tucumán, que había sido desbaratada en septiembre de 2024 durante un operativo de Gendarmería Nacional. El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta impuso penas de entre tres y siete años de prisión, que se suman a una condena dictada anteriormente contra otro de los involucrados. La investigación permitió establecer que los acusados habían organizado el traslado de más de 23 kilos de marihuana mediante un sistema de vehículos coordinados, con un automóvil que abría camino y otro que transportaba el cargamento.
Dos vehículos, radios y un cargamento de marihuana
El procedimiento se realizó alrededor de las 5.30 del 14 de septiembre de 2024, sobre la ruta nacional 68, a unos ocho kilómetros de Cafayate. Los efectivos de Gendarmería interceptaron dos Renault Logan que circulaban de manera coordinada y detectaron que sus ocupantes llevaban radios portátiles para comunicarse entre sí. El primero funcionaba como coche puntero, encargado de advertir sobre posibles controles, mientras que el segundo, que había sido alquilado, transportaba más de 23 kilos de marihuana acondicionados en paquetes dentro de una bolsa de arpillera.
En el vehículo que encabezaba el recorrido viajaban Alejo Ricardo Silva, Emilio Alejandro Tapia, Luciano Cancino y Luis Benjamín Vicente. Detrás circulaban Enzo Javier Gutiérrez y su pareja, Mara Antonella Di Bez, en el automóvil donde se encontró la droga. Según la reconstrucción de la fiscalía, Silva lideraba la operación y había llegado a empeñar un vehículo de su propiedad para financiar la compra del cargamento. Tapia, por su parte, facilitó un automóvil perteneciente a su madre para utilizarlo como coche puntero, mientras que Cancino y Di Bez participaron activamente en la planificación del traslado. A Vicente se le atribuyó una intervención secundaria.
El operativo también estuvo marcado por la fuga de Silva, quien escapó hacia una zona de monte cuando los gendarmes descubrieron los estupefacientes. Permaneció prófugo durante casi once meses y fue detenido el 6 de agosto de 2025, después de regresar de Brasil, país donde, según la acusación, se había mantenido oculto durante buena parte de ese período.
Las condenas y el funcionamiento de la organización
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, integrado por las juezas Gabriela Catalano, Marta Liliana Snopek y Alejandra Cataldi, consideró acreditada la responsabilidad penal de los acusados. Silva recibió una pena de siete años de prisión; Tapia fue condenado a seis años y seis meses; Cancino y Di Bez recibieron seis años cada uno, mientras que Vicente fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación secundaria. En el caso de Di Bez, se dispuso el cumplimiento de la pena bajo arresto domiciliario.
Estas resoluciones se sumaron a la condena de Gutiérrez, quien en abril de 2025 había recibido cuatro años de prisión domiciliaria mediante un acuerdo pleno. De esta manera, el expediente acumula seis personas condenadas por el transporte de estupefacientes.
Durante el juicio, las defensas intentaron demostrar que algunos de los acusados desconocían la existencia de la marihuana en el segundo automóvil. Sin embargo, el tribunal valoró las comunicaciones entre los vehículos, la distribución de funciones y otros elementos incorporados a la investigación para establecer que se trataba de una maniobra organizada. Los investigadores determinaron, además, que los involucrados residían en el barrio Santa Ana de la ciudad de Salta y esperaban obtener beneficios económicos por la operación. La fiscalía también sostuvo que la estructura había comenzado a establecer contactos con otras organizaciones narcocriminales de la región.
Las rutas hacia Tucumán y un beneficio judicial rechazado
La investigación volvió a poner el foco sobre los corredores que conectan Salta con Tucumán, particularmente aquellos que atraviesan los Valles Calchaquíes. Una de las alternativas utilizadas para desplazarse entre ambas provincias permite conectar Cafayate con la ruta nacional 40, continuar por el valle de Santa María e ingresar a territorio tucumano mediante la ruta provincial 307, atravesando Tafí del Valle. Las características geográficas de la zona representan un desafío para los controles y favorecen modalidades de transporte en las que un vehículo intenta detectar anticipadamente la presencia de fuerzas de seguridad.
Otro aspecto discutido durante el juicio fue el pedido de reducción de pena presentado por la defensa de uno de los acusados, quien argumentó haber aportado información sobre una persona presuntamente vinculada con el narcotráfico en el barrio Santa Ana. Sin embargo, dos investigadores de la Policía de Salta explicaron que el sospechoso mencionado ya era conocido y que las averiguaciones realizadas a partir de esos datos no habían arrojado resultados positivos.
El tribunal rechazó por unanimidad el beneficio solicitado al considerar que la información aportada no había resultado suficientemente eficaz para descubrir nuevos delitos o identificar personas hasta entonces desconocidas por los investigadores. Con las seis condenas, la Justicia dio un nuevo paso en el esclarecimiento de una operación de narcotráfico que tenía a Tucumán como destino y que fue frustrada antes de que el cargamento ingresara a la provincia.
