El viernes 6 de febrero de 1987, Rafael Berardi regresaba a su domicilio en la esquina de Muñecas y Corrientes, en pleno barrio Norte de San Miguel de Tucumán, cuando fue interceptado por hombres armados en la cochera del edificio. El empresario fue reducido y trasladado en su propio automóvil, un Toyota Celica, que posteriormente apareció abandonado. Los captores utilizaron luego otro vehículo para llevarlo hasta una vivienda del sur de la capital, donde permaneció privado de su libertad. El secuestro conmocionó a una provincia que no estaba acostumbrada a hechos de esa naturaleza y abrió una investigación que involucraría a la Policía Federal, jueces de distintas jurisdicciones y sospechosos relacionados con otros episodios similares. Los delincuentes exigieron inicialmente dos millones de dólares para liberar al empresario y posteriormente redujeron sus pretensiones a 200.000 dólares. La negociación no llegó a concretarse y Berardi terminó asesinado. Lo que parecía encaminado hacia el esclarecimiento, gracias a las pistas obtenidas en investigaciones paralelas, se transformó con los años en una sucesión de decisiones judiciales contradictorias que impidieron establecer responsabilidades mediante una condena.
El cautiverio transcurrió en una habitación pequeña de una vivienda ubicada en el barrio San Alberto, donde, según la reconstrucción posterior de los investigadores, el empresario fue mantenido bajo vigilancia. Las comunicaciones de los secuestradores con la familia buscaban obtener el rescate, mientras los policías intentaban identificar el origen de las llamadas y establecer quiénes habían organizado el operativo. El episodio adquirió un dramatismo todavía mayor cuando, el 22 de febrero, un desconocido llamó a la redacción del diario vespertino La Tarde para informar que Berardi había sido ejecutado y que su cuerpo se encontraba en las inmediaciones de Bella Vista. Periodistas se trasladaron a la zona indicada y localizaron un cadáver junto a la ruta provincial 301. Horas después se confirmó que se trataba del empresario. Había recibido un disparo en la nuca y los primeros estudios indicaron que la muerte se había producido varios días antes del hallazgo, posiblemente alrededor del 19 de febrero. Esa diferencia entre la fecha de muerte estimada y el aviso telefónico fue uno de los detalles que alimentaron las preguntas sobre las decisiones tomadas por los secuestradores durante las negociaciones.
La investigación comenzó en la Justicia Federal bajo la intervención del juez Jorge Parache y posteriormente quedó a cargo de Ricardo Sanjuán. Durante las primeras semanas, las pesquisas no lograban identificar de manera concluyente a los responsables. Sin embargo, un nuevo secuestro ocurrido en Santiago del Estero permitió encontrar conexiones importantes. El 18 de marzo de 1987, el empresario Victorio Enrique Curi fue capturado por un grupo que exigió también dos millones de dólares. Los investigadores detectaron similitudes en la modalidad de los hechos: las víctimas eran interceptadas cuando estacionaban sus vehículos, los captores utilizaban los automóviles de los secuestrados durante parte del traslado y las exigencias económicas seguían un patrón semejante. Las comunicaciones relacionadas con el cautiverio de Curi llevaron a la Policía Federal hacia Córdoba, donde se investigaban otros secuestros extorsivos atribuidos a una organización que operaba en diferentes provincias. El caso Berardi comenzaba así a integrarse en una investigación más amplia sobre una banda que seleccionaba empresarios y productores rurales con capacidad económica para pagar rescates elevados.
El 30 de marzo de 1987, un operativo de la Policía Federal en Despeñaderos, Córdoba, terminó con un enfrentamiento armado. Roque Di Paoli, señalado como uno de los presuntos organizadores de la banda, murió durante el tiroteo. Otros sospechosos fueron detenidos y Jorge Munir Saade, conocido como “El Turco” o “El Loco”, logró escapar inicialmente y después se presentó ante una unidad militar en condición de desertor. Los investigadores consideraban que Saade y Di Paoli habían tenido participación central en varios secuestros, incluido el de Berardi. También fueron señalados Giorgio López y Demetria Helena Sarmiento, conocida como “Elenita”, a quienes se atribuyeron distintas formas de colaboración. La hipótesis sostenía que Sarmiento había aportado información sobre el empresario y que la vivienda donde residía había sido utilizada para mantenerlo cautivo. López, por su parte, fue vinculado con el traslado y con otros aspectos logísticos del operativo. Estas atribuciones formaron parte de los procesamientos y de las reconstrucciones de la investigación, pero no constituyeron condenas firmes por el crimen tucumano.
Uno de los elementos que más peso tuvo en la hipótesis acusatoria fue la declaración de un sospechoso identificado como José Antonio López, quien aportó información sobre la participación de Saade en la ejecución. Durante una reconstrucción realizada el 24 de abril de 1987, describió cómo habría sido trasladado Berardi hasta una zona de vegetación y señaló al hombre que, según su versión, llevaba el arma utilizada para matarlo. Saade, en cambio, había atribuido la ejecución a Di Paoli, quien ya había muerto durante el enfrentamiento en Córdoba y no podía responder a la acusación. La investigación consideró que existían elementos para cuestionar esa explicación, entre ellos testimonios sobre los movimientos de Di Paoli durante los días en que se estimaba que Berardi había sido asesinado. La reconstrucción permitió formular una hipótesis detallada sobre el crimen, pero la controversia nunca fue resuelta mediante una sentencia condenatoria.
La causa que pasó de la Justicia Federal a la provincial
Cuando parecía que los investigadores habían conseguido identificar a los principales participantes, comenzó una etapa de conflictos procesales que terminaría modificando el destino del expediente. En 1990, tres años después del secuestro, la causa pasó de la Justicia Federal a la Justicia ordinaria de Tucumán. El cambio estuvo precedido por una controversia de competencia que incluso motivó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la reconstrucción publicada por LA GACETA en febrero de 2022, una acordada firmada por los ministros Augusto Belluscio, José Caballero y Carlos Fayt examinó actuaciones vinculadas con el conflicto entre jurisdicciones y cuestionó las consecuencias que podía tener para la administración de justicia y para los derechos de personas que permanecían detenidas. No fue posible acceder al texto íntegro de aquella acordada ni establecer si derivó en alguna sanción disciplinaria. Lo que sí quedó documentado fue que el expediente cambió de fuero y que esa modificación abrió una nueva etapa de planteos defensivos y revisiones judiciales.
Una vez en la Justicia provincial, el expediente pasó inicialmente por el juzgado de Raúl Miguel Ruiz y luego quedó en manos de Ángel Pablo Bossini. La defensa de Saade, ejercida por María Raquel Llobet, presentó distintos planteos de nulidad y cuestionó aspectos de la competencia y de las actuaciones anteriores. Bossini rechazó esas objeciones y en junio de 1990 dictó nuevos procesamientos contra los principales sospechosos. El magistrado sostuvo que existían elementos suficientes para atribuirles participación en el secuestro y homicidio. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, la Cámara II en lo Penal, integrada por Gustavo Adolfo Busquets, Julio Espíndola Aráoz y Pedro Ignacio Lobo, declaró nulos los procesamientos. Los camaristas consideraron que la resolución no había valorado de manera adecuada las pruebas concretas que respaldaban cada imputación y cuestionaron la fundamentación utilizada. La nulidad no implicó declarar inocentes a los acusados ni demostrar que la investigación inicial hubiera sido falsa: significó que los procesamientos no reunían los requisitos jurídicos necesarios para mantenerse vigentes.
La decisión tuvo consecuencias profundas. El expediente continuó en manos de otro magistrado, Rubén Tirso Pereyra, quien había asumido durante la intervención federal de Tucumán. La reconstrucción periodística realizada 35 años después señala que la investigación terminó cerrándose sin que se obtuvieran nuevas pruebas suficientes para sostener una acusación. El propio Pereyra, consultado por LA GACETA en 2022, manifestó que recordaba el caso, pero que no podía precisar cómo había llegado a su juzgado ni cuál había sido la resolución definitiva. Esa declaración es especialmente significativa porque muestra uno de los límites documentales de la historia: aunque existe abundante información sobre las primeras investigaciones y las nulidades de 1990, no se pudo reconstruir con certeza el acto judicial que puso fin al expediente ni sus fundamentos completos. La ausencia de condenados por el asesinato está respaldada por la investigación periodística retrospectiva, pero no fue posible verificar directamente una resolución firme de archivo, sobreseimiento o prescripción.
El caso también expuso una cuestión que atravesaba la seguridad argentina durante los primeros años posteriores al retorno de la democracia. Algunas organizaciones dedicadas a los secuestros extorsivos contaban con integrantes que habían recibido formación militar o policial y que podían utilizar conocimientos sobre vigilancia, traslados clandestinos y retención de personas. La reconstrucción de LA GACETA señaló que Saade había tenido antecedentes vinculados con estructuras militares y que los investigadores examinaban sus contactos en distintas provincias. Sin embargo, esa circunstancia no permite afirmar que el secuestro de Berardi hubiera sido organizado por una institución estatal ni que existiera una operación oficial detrás del crimen. Las responsabilidades individuales que se investigaron deben distinguirse de cualquier hipótesis más amplia sobre protección institucional, para la cual no se localizaron decisiones judiciales concluyentes.
La situación resulta todavía más llamativa cuando se compara el expediente tucumano con otros secuestros atribuidos a la misma organización. En el caso del empresario textil José Maslub, la Justicia dictó condenas contra Saade y otros participantes. En cambio, por el secuestro del productor Daniel Piñeiro Pacheco, los acusados resultaron absueltos por el beneficio de la duda. Esos desenlaces diferentes muestran que las investigaciones debieron resolver pruebas y responsabilidades particulares en cada episodio. No corresponde trasladar automáticamente las condenas obtenidas en otras causas al asesinato de Berardi, aunque los investigadores hubieran considerado que existían conexiones entre los hechos. La pregunta judicial que quedó sin respuesta fue precisamente por qué, pese a las declaraciones, reconstrucciones y sospechosos identificados, el expediente tucumano no llegó a una condena.
Casi cuarenta años después, el asesinato de Rafael Berardi conserva interrogantes que justifican volver sobre el expediente. ¿Por qué la investigación pasó de la Justicia Federal a la provincial después de tres años? ¿Qué consecuencias concretas tuvo la anulación de los procesamientos de septiembre de 1990? ¿Se realizaron nuevas diligencias para corregir los defectos señalados por la Cámara? ¿Cuál fue la resolución que finalmente cerró las actuaciones y qué fundamentos utilizó? ¿Qué ocurrió con las pruebas testimoniales y materiales que habían permitido reconstruir el cautiverio y la ejecución? Las fuentes consultadas permiten identificar esos puntos de controversia, pero no ofrecen documentación judicial suficiente para responderlos de manera definitiva. Tampoco se localizaron publicaciones recientes, hasta noviembre de 2026, que informen sobre una reapertura del expediente o nuevas decisiones relacionadas con el asesinato.
La historia de Berardi es especialmente significativa porque no se trató de un caso sin sospechosos ni de una investigación que nunca consiguió pistas. Por el contrario, los investigadores identificaron a integrantes de una organización que operaba en varias provincias, reconstruyeron aspectos del cautiverio y obtuvieron declaraciones sobre la presunta ejecución. Pero ese avance no se tradujo en una condena por el crimen ocurrido en Tucumán. Las decisiones judiciales posteriores dejaron sin efecto procesamientos y el expediente terminó perdiendo visibilidad, mientras la familia del empresario quedó sin una respuesta penal definitiva.
Rafael Berardi fue secuestrado el 6 de febrero de 1987 y asesinado días después en Bella Vista. Su cuerpo apareció el 22 de febrero, tras una llamada anónima a un diario tucumano. La investigación llegó a identificar sospechosos y reconstruir buena parte del hecho, pero una cadena de conflictos de competencia, nulidades y decisiones judiciales impidió que hubiera condenados por su muerte. Casi cuatro décadas después, el caso sigue planteando una pregunta incómoda: cómo una investigación que parecía haber encontrado a los responsables terminó sin una sentencia que estableciera quiénes cometieron el crimen.
