El 29 de diciembre de 2017, Natalia Vargas llegó al centro de vuelo de Loma Bola, en el cerro San Javier, para compartir una experiencia de parapente con un grupo de amigos. Tenía 28 años, era médica, había nacido en Concepción y desde hacía aproximadamente tres años residía en Alemania, donde continuaba su formación profesional. Había regresado a Tucumán para pasar las fiestas con su familia y disfrutar de unos días de descanso. Aquella tarde abordó un parapente biplaza conducido por Ariel Salazar, un piloto con una extensa trayectoria en vuelo libre. Poco después del despegue, Natalia comenzó a deslizarse del equipo hasta quedar suspendida en el aire, sin la sujeción adecuada que debía mantenerla asegurada al asiento.
El piloto intentó sostenerla, pero finalmente cayó desde una altura estimada de 120 metros. Su cuerpo fue encontrado durante el operativo de búsqueda desplegado en la vegetación del cerro, a unos 200 metros de la pista. La tragedia conmocionó a Tucumán y alcanzó repercusión nacional, pero lo que comenzó como un accidente deportivo pronto se convirtió en una investigación penal atravesada por contradicciones, acusaciones de negligencia, sospechas de ocultamiento de pruebas y discusiones sobre la responsabilidad de quienes organizaban los vuelos comerciales.
Las primeras explicaciones ofrecidas sobre el episodio atribuyeron la caída a un supuesto ataque de pánico de la pasajera. Según aquella versión, Natalia se habría desesperado durante el vuelo y accionado un mecanismo que provocó su desprendimiento. Sus familiares rechazaron inmediatamente esa reconstrucción y pidieron que se investigara cómo había sido preparado el equipo antes del despegue. La controversia cambió de rumbo cuando amigos de la joven entregaron grabaciones realizadas desde tierra. En esas imágenes se observaba que Natalia había iniciado el vuelo con las piernas colgando de una manera que despertó dudas sobre la correcta colocación de las perneras, las cintas destinadas a mantener al pasajero sujeto al arnés.
El material fue analizado por personas vinculadas con la actividad y por los investigadores. Sergio Bujazha, responsable de Loma Bola Parapente, reconoció públicamente que las imágenes indicaban una falla grave en el procedimiento previo al vuelo y señaló la responsabilidad operativa del piloto. Esa admisión modificó el debate público: la atención dejó de concentrarse en la supuesta reacción emocional de Natalia y pasó a examinar el cumplimiento de las medidas de seguridad que debían haberse verificado antes de despegar.
El 4 de enero de 2018, Salazar habló públicamente sobre lo ocurrido. Reconoció que podía haber cometido un error humano y explicó que, durante la preparación del equipo, se había distraído cuando Natalia se acercó a una amiga. Sostuvo que creía haber colocado correctamente las perneras, aunque admitió que durante el vuelo descubrió que la joven no estaba debidamente asegurada. También rectificó la primera explicación relacionada con un ataque de pánico: según su nuevo relato, Natalia se había asustado al advertir que no estaba sujeta, una reacción que debía diferenciarse de la causa original del accidente. El piloto manifestó que había intentado ayudarla y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de lo sucedido. Esas declaraciones constituyeron un reconocimiento público de una posible falla en el procedimiento, pero no equivalían a una confesión judicial de homicidio culposo ni reemplazaban la obligación de demostrar los elementos del delito. La investigación debía establecer qué controles se habían omitido, quién tenía la responsabilidad de realizarlos y si esas omisiones habían causado directamente la muerte.
La situación se complicó todavía más cuando surgieron dudas sobre la habilitación del piloto. Pablo Jaraba, entonces presidente de la Federación Argentina de Vuelo Libre, confirmó que Salazar no contaba con la licencia expedida por esa entidad para realizar vuelos biplaza. La información fue difundida por medios tucumanos y nacionales y se convirtió en uno de los elementos examinados durante la investigación. Sin embargo, la falta de esa licencia federativa no debe confundirse automáticamente con una condena penal ni con la acreditación de todos los requisitos administrativos que pudieran corresponder a la actividad en aquel momento.
Lo que sí quedó documentado fue que el accidente expuso problemas en los controles y en la organización de los vuelos comerciales. El 5 de enero de 2018, el Gobierno provincial dispuso suspender transitoriamente la actividad de parapente hasta que se garantizaran condiciones de seguridad. Dos meses después, en marzo, autorizó nuevamente los vuelos monoplaza bajo determinadas condiciones, entre ellas la exigencia de licencias y la supervisión de la Federación Argentina de Vuelo Libre. La medida oficial mostró que la tragedia había trascendido el ámbito penal y abierto una discusión sobre las responsabilidades estatales en el control de una actividad turística de riesgo.
La cámara GoPro y las sospechas de encubrimiento
Uno de los capítulos más controvertidos del expediente estuvo relacionado con una cámara GoPro que, según distintos testimonios, había sido colocada en el equipo para registrar el vuelo. Las imágenes podían resultar fundamentales para reconstruir los últimos minutos de Natalia y determinar qué había ocurrido después del despegue. Sin embargo, la cámara y su tarjeta de memoria no fueron entregadas a los investigadores durante las primeras diligencias. La familia denunció esa ausencia y reclamó que se identificara a quienes habían tenido acceso al dispositivo. El 29 de enero de 2018, Salazar fue detenido después de que se librara una orden de captura. La investigación consideraba que podía estar obstaculizando el esclarecimiento del hecho y examinaba su presunta intervención en el ocultamiento de la cámara. La detención fue una medida procesal, no una declaración de culpabilidad, y las sospechas sobre la desaparición del dispositivo debían ser probadas mediante testimonios y otros elementos independientes.
En junio de 2018, la fiscal María del Carmen Reuter solicitó la elevación a juicio de Salazar por homicidio culposo y de otras tres personas por presunto encubrimiento: Jorge Alberto Arcuri, Federico Carona y María Mercedes Gijón. Según el requerimiento fiscal reproducido por la prensa, la hipótesis acusatoria sostenía que Carona había recibido la cámara de manos del piloto y que posteriormente había trasladado el dispositivo a un depósito de Loma Bola, donde se habría extraído la memoria y reproducido su contenido en presencia de otras personas. La Fiscalía consideró que esas conductas podían formar parte de una maniobra destinada a ocultar una prueba relevante. Uno de los testimonios mencionados en el requerimiento fue el del piloto Víctor Palacio Lebón, quien aportó información sobre la presunta circulación de las imágenes. Es indispensable precisar que aquella reconstrucción era una acusación fiscal, no una sentencia que hubiera declarado probado el encubrimiento. Las defensas cuestionaron las imputaciones y presentaron recursos contra el avance del proceso. La documentación periodística consultada no permite confirmar que esas acusaciones hayan terminado en condenas.
La causa también alcanzó al responsable empresarial de Loma Bola, Sergio Bujazha, cuya situación procesal atravesó distintas decisiones. En febrero de 2018 fue imputado por su presunta responsabilidad en la organización y el control de las condiciones de seguridad del servicio. La Fiscalía consideraba que debía investigarse si había omitido medidas que podían haber evitado el accidente. Bujazha rechazó esa interpretación y sostuvo que no había intervenido en la preparación del equipo de Natalia, porque se encontraba realizando otro vuelo cuando ocurrió la tragedia. En mayo de ese año se conoció una resolución del Juzgado de Instrucción de la II Nominación que declaró la nulidad de la acusación en su contra. El empresario celebró públicamente la decisión y defendió su actuación. Pero aquella resolución no fue el último capítulo: la querella impulsó nuevas presentaciones y el expediente volvió a ser revisado por tribunales superiores.
El 4 de mayo de 2020, se informó que la Cámara de Casación Penal había rechazado un recurso presentado por la defensa de Bujazha y había dejado habilitada la continuación de la investigación. La decisión se relacionaba con un pronunciamiento de julio de 2019 que había declarado la nulidad del sobreseimiento del empresario y dispuesto el apartamiento del juez de Instrucción Facundo Maggio y de la fiscal María del Carmen Reuter. Según la reconstrucción periodística, el camarista Enrique Pedicone consideró que el planteo defensivo no reunía los requisitos para revisar excepcionalmente aquella resolución y destacó la necesidad de garantizar un proceso judicial adecuado. La defensa cuestionaba, entre otros aspectos, la aplicación de normas procesales y la validez del procedimiento utilizado para dejar sin efecto la desvinculación anterior. El abogado de la familia, Juan Andrés Robles, respaldó la decisión y sostuvo que correspondía investigar las responsabilidades relacionadas con los protocolos de seguridad. La resolución de 2020 no condenó a Bujazha ni acreditó su participación en un delito: permitió que continuaran las actuaciones que buscaban determinar si existía responsabilidad penal.
A partir de ese momento, el seguimiento público del expediente se vuelve considerablemente más difícil. Las búsquedas realizadas para esta investigación no permitieron localizar una sentencia posterior que determine si Salazar fue juzgado y condenado o absuelto por homicidio culposo, ni resoluciones definitivas sobre las acusaciones de encubrimiento formuladas contra Arcuri, Carona y Gijón. Tampoco fue posible verificar cómo concluyó la investigación respecto de Bujazha después del pronunciamiento de Casación de 2020. Esta falta de información disponible no demuestra que la Justicia haya abandonado el expediente, que los hechos hayan prescripto o que todos los imputados permanezcan sin resolución. Significa, estrictamente, que no se obtuvo documentación pública suficiente para establecer su desenlace procesal actualizado. Afirmar algo más sería convertir una ausencia de información en una conclusión judicial que no está acreditada.
La historia conserva, sin embargo, un aspecto de interés público que excede el resultado penal. Natalia había contratado una actividad turística que requería confiar su seguridad a un piloto y a una organización especializada. La investigación reveló que existían dudas sobre la correcta preparación del equipo, que el piloto reconoció una posible falla humana y que la Federación Argentina de Vuelo Libre había informado que no contaba con su licencia para vuelos biplaza. También permitió conocer que la Justicia examinó un posible ocultamiento de imágenes y que el Gobierno provincial debió adoptar medidas para revisar las condiciones de seguridad de la actividad. Esos antecedentes plantean preguntas institucionales concretas: qué controles se exigían antes de 2017, cómo se verificaba la habilitación de los pilotos, quién supervisaba los procedimientos previos al despegue y qué mecanismos fueron implementados después para impedir que se repitiera una tragedia semejante. La suspensión inicial y la rehabilitación parcial de marzo de 2018 están documentadas; no fue posible comprobar mediante registros administrativos actuales el cumplimiento posterior de todas las medidas anunciadas.
Casi nueve años después, la muerte de Natalia Vargas sigue siendo un caso relevante para examinar cómo se investigan las responsabilidades en actividades turísticas de riesgo y qué ocurre cuando una prueba potencialmente decisiva no aparece en las primeras actuaciones. La investigación permitió cuestionar una explicación inicial que atribuía el accidente a la pasajera y abrió distintas líneas de responsabilidad penal.
Natalia Vargas salió a volar en Loma Bola el 29 de diciembre de 2017 y murió pocos minutos después. Los videos grabados por sus amigos modificaron la reconstrucción inicial, el piloto reconoció una posible falla en el procedimiento y la Justicia investigó tanto el cumplimiento de las medidas de seguridad como el presunto ocultamiento de una cámara.
