La Municipalidad de San Miguel de Tucumán cuenta con secretarías, subsecretarías, direcciones, funcionarios, equipos técnicos y canales digitales destinados a escuchar a los vecinos, prevenir riesgos y solucionar problemas urbanos. Sin embargo, toda esa estructura parece perder sentido cuando una persona asegura haber reclamado más de diez veces por un árbol peligroso y la respuesta efectiva no llega antes de que se desplome. Eso es lo que denunció Angélica Rodríguez, vecina del barrio Sarmiento, quien este lunes 2 de noviembre quedó prácticamente encerrada en su vivienda después de que un ejemplar cayera frente a su domicilio, ubicado en el pasaje Atahualpa Yupanqui al 1100.
El episodio ocurrió cerca de las 10.15, cuando la mujer escuchó un fuerte golpe mientras preparaba la comida. El árbol había caído y bloqueado el acceso a su casa, además de dañar cables y dejarla sin teléfono, internet ni televisión por cable. Afortunadamente, no hubo heridos ni daños estructurales en la vivienda. Pero lo más preocupante de su testimonio no fue solamente la caída, sino la advertencia previa: aseguró que había solicitado en más de diez oportunidades que retiraran el ejemplar. Si sus reclamos fueron efectivamente registrados, la pregunta es inevitable: ¿qué hizo la Municipalidad con esas advertencias?
Una ciudad con funcionarios para cada problema, pero sin respuestas a tiempo
El organigrama municipal exhibe una extensa estructura de autoridades. La Secretaría de Obras Públicas, identificada en el portal oficial bajo la conducción del ingeniero Claudio Fernando Bravo, tiene competencias vinculadas con la infraestructura y la planificación urbana. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezada por Julieta Migliavacca, participa de las políticas ambientales y de forestación. La Secretaría de Atención al Ciudadano, a cargo de Sofía Prado Budeguer, constituye otra pieza del sistema destinado a recibir y canalizar las necesidades de los vecinos.
Pero existe, además, un área con responsabilidades operativas mucho más concretas sobre este episodio: la Secretaría de Servicios Públicos, conducida por Luciano Chincarini, de la que depende la Dirección de Arbolado, encabezada por Guillermo Olivera. Es precisamente esa dependencia la que interviene en la evaluación, poda y extracción de ejemplares que puedan representar riesgos en la vía pública. Por lo tanto, aunque no corresponde atribuir automáticamente la misma responsabilidad a todas las secretarías, sí resulta indispensable establecer cómo se coordinan, quién recibe las advertencias, quién debe actuar y quién controla que el trabajo se complete.
La gestión municipal ha difundido en numerosas oportunidades operativos de poda preventiva, campañas de forestación y relevamientos del estado del arbolado. Incluso informó sobre la existencia de canales específicos para denunciar árboles o ramas con riesgo de caída. Es decir, el Municipio dispone de mecanismos y personal para intervenir. Lo que todavía necesita explicación es por qué, en este caso, una vecina asegura haber insistido tantas veces sin obtener una solución antes del accidente.
La promesa de escuchar a los vecinos
En este escenario también aparece un nombre que merece atención: María Belén Pereyra Colombano, actual directora de Respuesta Rápida de la Municipalidad y anteriormente subsecretaria de Atención al Ciudadano. No se trata de una funcionaria ajena a los mecanismos de recepción y seguimiento de reclamos. Por el contrario, desde el comienzo de la gestión de Rossana Chahla tuvo participación directa en programas destinados a acercar las respuestas municipales a los barrios.
Durante su asunción como subsecretaria, en noviembre de 2023, Pereyra Colombano prometió recibir y derivar los reclamos para que tuvieran una respuesta inmediata, además de realizar un seguimiento de los casos. En febrero de 2024, al presentar los resultados del programa La Muni Cerca Tuyo, explicó que su área recibía los pedidos y articulaba las intervenciones con las dependencias operativas. Entre los reclamos incluidos en aquel programa figuraban, justamente, las solicitudes de poda de árboles.
Hoy, su cargo lleva un nombre todavía más comprometedor frente a situaciones como la denunciada en barrio Sarmiento: Respuesta Rápida. La denominación genera una expectativa concreta de capacidad de gestión y seguimiento, aunque por sí sola no demuestra que la funcionaria haya tenido conocimiento de este reclamo particular. Precisamente por eso, sería importante conocer si su dependencia recibió alguna de las advertencias de Angélica Rodríguez, si las derivó a Arbolado y qué seguimiento realizó. Porque escuchar a un vecino no consiste únicamente en registrar su problema, tomarle una fotografía o prometer una intervención. La atención ciudadana tiene sentido cuando existe una respuesta verificable.
La prevención que no llegó y las explicaciones que faltan
Según informó LA GACETA, después de la caída se presentaron en el lugar agentes municipales de Arbolado y Defensa Civil para evaluar la situación y adoptar medidas de seguridad. La intervención posterior era necesaria, pero también deja planteada una contradicción: la capacidad de movilizar personal después de un incidente no reemplaza la obligación de evaluar oportunamente los riesgos advertidos. Más aún cuando la misma vecina señaló que existe otro árbol en la cuadra que, según su apreciación, también podría caerse.
La intendenta Rossana Chahla ha planteado reiteradamente la importancia de una gestión cercana, eficiente y articulada entre las distintas reparticiones. Este episodio representa una oportunidad concreta para demostrarlo, no mediante una nueva publicación institucional, sino con información precisa. ¿Cuántos reclamos presentó la vecina y en qué fechas? ¿A qué dependencias llegaron? ¿Hubo inspecciones técnicas? ¿Se determinó que el árbol representaba un peligro? ¿Por qué no se intervino antes de la caída? ¿Qué evaluación se realizará sobre el segundo ejemplar denunciado?
Hasta que se conozcan esos antecedentes, no es posible establecer qué funcionario o dependencia pudo haber incumplido una obligación específica. Pero tampoco corresponde naturalizar lo sucedido como un simple accidente inevitable sin investigar las advertencias previas.
La Municipalidad tiene funcionarios para planificar, otros para escuchar, otros para coordinar, otros para cuidar el ambiente y otros para intervenir en el espacio público. Todos forman parte de una estructura sostenida con recursos de los contribuyentes. Lo mínimo que los vecinos pueden exigir es que esa estructura funcione antes de que ocurra una desgracia, no únicamente después.
Angélica Rodríguez tuvo suerte. El árbol no provocó una tragedia. Pero la suerte de una vecina no puede convertirse en el principal mecanismo de prevención de una ciudad.
Porque, al final, la pregunta no es cuántos funcionarios tiene la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, sino para qué sirve tener tantos si un reclamo reiterado puede terminar con un árbol sobre la puerta de una casa.
