El sobreseimiento de las vecinas de Graneros representa una reivindicación para un grupo de mujeres que pasó de reclamar ayuda por las inundaciones a enfrentar una investigación penal por presuntas amenazas contra dos de las principales figuras políticas de la ciudad. La decisión judicial, informada por Enterate Noticias, pone un cierre favorable para las acusadas en un conflicto que durante meses generó indignación y cuestionamientos por la respuesta institucional frente a un reclamo social. Sin embargo, el desenlace también vuelve a poner en primer plano una contradicción difícil de ignorar: mientras la denuncia contra las vecinas avanzó rápidamente, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta Raquel Graneros, relacionada con la supuesta adquisición de una lujosa propiedad en Yerba Buena, sigue sin respuestas públicas concluyentes.
De reclamar por las inundaciones a enfrentar una causa penal
El conflicto se remonta al 28 de abril de 2026, cuando un grupo de mujeres se acercó a la intendenta Raquel Graneros y a su madre, la legisladora provincial Alejandra Cejas, en las inmediaciones de la Iglesia Inmaculada Concepción. La ciudad atravesaba las consecuencias de fuertes inundaciones que habían afectado viviendas y provocado importantes dificultades en distintos barrios. Según relataron las vecinas, buscaban respuestas de las autoridades y asistencia para las familias damnificadas.
Sin embargo, el episodio terminó en una denuncia penal. La intendenta y la legisladora aseguraron haber recibido insultos y amenazas, incluyendo expresiones que hacían referencia a posibles ataques contra su vivienda. Las mujeres negaron esas acusaciones y sostuvieron que solamente pretendían hacer escuchar sus reclamos por la situación que atravesaban.
La respuesta judicial no tardó en llegar. A comienzos de junio, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos por amenazas simples contra diez vecinas. Durante una audiencia realizada en el Centro Judicial Concepción, el juez Enrique Martín Cacici autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria y dispuso medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de acercamiento a las denunciantes dentro de un radio de 200 metros.
Las acusadas, representadas en su mayoría por la abogada Tania Pamela Visintini, cuestionaron la investigación y rechazaron haber cometido los hechos atribuidos. La defensa también planteó que no se habían individualizado adecuadamente las conductas de cada una de las mujeres y destacó la existencia de registros audiovisuales que, según su interpretación, contradecían aspectos de la denuncia.
El caso adquirió una dimensión social que superó ampliamente los tribunales. Una de las vecinas relató públicamente que debió salir a vender donas para poder reunir el dinero necesario para regresar a su casa después de las actuaciones judiciales. Otras expusieron sus dificultades económicas, los daños provocados por las inundaciones y la falta de soluciones habitacionales. Fátima Cardozo, una de las mujeres involucradas, publicó posteriormente una carta abierta en la que reclamó condiciones de vida dignas y cuestionó las promesas de asistencia que, según afirmó, nunca se concretaron.
Ahora, la noticia del sobreseimiento cambia el escenario de aquella causa. Para las mujeres que sostuvieron su inocencia desde el comienzo, el resultado significa dejar atrás la acusación penal. También invita a reflexionar sobre las consecuencias que puede tener la judicialización de conflictos sociales, especialmente cuando los denunciados son ciudadanos que reclaman ante autoridades con recursos institucionales y capacidad de representación legal.
La mansión de Yerba Buena y una denuncia que continúa sin aclararse
Mientras las vecinas debían responder ante la Justicia, otra denuncia de enorme repercusión pública comenzó a comprometer políticamente a la intendenta. El 9 de junio de 2026, el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el dirigente Luis Díaz Augier promovieron una presentación penal para que se investigara un posible enriquecimiento ilícito de Raquel Graneros.
El eje de la denuncia fue la supuesta adquisición de una propiedad de lujo en el country Las Yungas, en Yerba Buena, por una suma superior al millón de dólares. Según los denunciantes, la operación habría comprendido los lotes 70 y 71 del sector 12, posteriormente unificados, y se habría realizado mediante un importante desembolso de dinero en efectivo.
Entre los elementos aportados figuraban liquidaciones de expensas del barrio privado en las que, según los dirigentes, aparecía el nombre de Raquel Graneros vinculado con ambos inmuebles. Los importes correspondientes a junio ascendían a $570.090 y $566.690, respectivamente. También solicitaron investigar la eventual intervención de Ariel Mendelek, secretario de Hacienda municipal, quien, de acuerdo con la denuncia, habría trasladado parte del dinero destinado a la operación inmobiliaria.
La presentación planteó interrogantes sobre la titularidad de los inmuebles, la procedencia de los fondos y la compatibilidad de una operación de semejante magnitud con los ingresos declarados por la funcionaria. Ninguno de esos señalamientos constituye por sí solo una prueba de enriquecimiento ilícito, pero justifican el reclamo de que las circunstancias denunciadas sean esclarecidas.
La defensa de Graneros rechazó las acusaciones. Su abogada, Paula Morales Soria, negó que el inmueble señalado perteneciera a la intendenta y calificó de falsas las afirmaciones difundidas por sus denunciantes. Esa posición también debe ser considerada al evaluar una investigación cuyo resultado permanece pendiente.
En julio, Courel reclamó públicamente que la Justicia actuara con la misma rapidez que había demostrado frente a las vecinas denunciadas por amenazas. El contraste resultaba especialmente significativo: en un expediente, diez mujeres habían sido sometidas a medidas judiciales en pocas semanas; en el otro, los denunciantes seguían reclamando medidas para esclarecer una operación inmobiliaria millonaria.
El 7 de octubre, el legislador presentó un nuevo escrito ante el Ministerio Público Fiscal para solicitar información sobre el estado de la investigación patrimonial. Para entonces, la Justicia ya había rechazado el pedido de los denunciantes de intervenir como querellantes particulares, debido a que no fueron considerados víctimas directas del presunto delito. Sin embargo, esa resolución no implicó una absolución de la intendenta ni una determinación sobre la veracidad de la denuncia.
El reclamo de Courel apuntaba a conocer si el expediente continuaba activo, había sido archivado o desestimado, y qué diligencias se encontraban pendientes. La preocupación central era evitar que el transcurso del tiempo debilitara la posibilidad de obtener documentación bancaria, patrimonial, registral y contractual.
La diferencia entre ambos procesos es, por lo menos, motivo suficiente para exigir explicaciones. No porque se pueda afirmar que existe una protección judicial deliberada, algo que no está acreditado, sino porque las investigaciones de interés público deben contar con procedimientos claros y resultados verificables, independientemente del poder político o económico de las personas involucradas.
Una Justicia que debe responder con la misma vara
El 16 de octubre se conoció un nuevo obstáculo para los denunciantes: el fiscal regional Fernando Blanno rechazó el pedido de Courel para acceder a información sobre el expediente. Fundamentó su decisión en el artículo 148 del Código Procesal Penal de Tucumán, que establece que quien formula una denuncia no adquiere automáticamente la condición de parte del proceso. El legislador reaccionó denunciando una presunta protección política hacia la intendenta y cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público Fiscal.
La resolución puede tener fundamentos procesales válidos. Sin embargo, rechazar el acceso de un denunciante a las actuaciones no responde una pregunta fundamental: ¿qué hizo concretamente la Justicia para determinar si existió una operación inmobiliaria irregular y cuál fue el origen de los fondos involucrados? La obligación de investigar un posible delito de acción pública no desaparece porque quienes presentaron la denuncia carezcan de legitimación para intervenir como querellantes.
El contraste entre los dos expedientes resulta especialmente sensible. En uno, mujeres que atravesaban una situación de vulnerabilidad social enfrentaron rápidamente una investigación penal, con restricciones a su libertad de circulación y la obligación de someterse al proceso. En el otro, una funcionaria pública quedó bajo sospecha por una operación patrimonial millonaria, pero transcurridos casi cinco meses desde la presentación inicial, no se conocen públicamente resultados concluyentes que permitan despejar los interrogantes.
Esto no significa que Graneros haya cometido un delito ni que exista una decisión judicial deliberada de protegerla. La intendenta conserva plenamente su presunción de inocencia y tiene derecho a defenderse de acusaciones que considera falsas. Lo que resulta legítimo exigir es que la investigación avance con independencia, que se esclarezcan los hechos denunciados y que exista información institucional suficiente sobre su estado.
El sobreseimiento informado de las vecinas constituye una noticia importante, no solamente para las mujeres involucradas, sino también para una comunidad que necesita poder reclamar ante sus gobernantes sin que esa participación termine injustificadamente convertida en un problema penal.
Pero la historia no termina allí. Las inundaciones, los reclamos habitacionales y las dificultades que originaron aquella protesta siguen formando parte de la realidad social de Graneros. Y las preguntas sobre la propiedad de Las Yungas tampoco desaparecieron.
La Justicia tiene ahora la responsabilidad de esclarecer una denuncia que involucra a una funcionaria pública y una operación inmobiliaria cuyo valor, según sus denunciantes, superaría el millón de dólares. Determinar quién adquirió la vivienda, cómo se realizó la transacción y si los recursos involucrados tienen un origen legítimo permitiría tanto identificar eventuales responsabilidades como descartar sospechas infundadas.
Para las vecinas de Graneros, el sobreseimiento representa una victoria frente a una acusación que siempre rechazaron. Para la sociedad tucumana, todavía queda pendiente otra respuesta: qué sucedió con la mansión atribuida a la intendenta y por qué, después de tantos meses, la investigación no ofrece conclusiones públicas.
Porque la Justicia no solamente debe actuar: también debe demostrar que su capacidad para investigar y resolver no depende de la posición social o política de las personas involucradas.
