El conflicto institucional entre el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y la mayoría opositora del Concejo Deliberante sumó un nuevo capítulo judicial. El jefe municipal presentó una demanda de nulidad ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para cuestionar el pase a planta permanente de 33 empleados del órgano legislativo, al considerar que las designaciones fueron instrumentadas sin respetar los procedimientos establecidos por la normativa interna. La presentación apunta directamente contra las decisiones adoptadas por la presidenta del Concejo, Mercedes Benítez, a quien el Ejecutivo atribuye una presunta usurpación de competencias que corresponden al cuerpo deliberativo en su conjunto.
Cuestionan la legalidad de las designaciones
La demanda solicita que se declaren nulos los decretos 1582/26, 1583/26 y 1584/26, firmados el 9 de septiembre de 2026, mediante los cuales se dispuso la incorporación de los trabajadores. El planteo también alcanza al artículo 3 de la ordenanza 63/26, vinculado con la ampliación de la planta de personal.
El argumento central del municipio se apoya en el artículo 25 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, modificado por la ordenanza 475. Según la interpretación del Ejecutivo, esa disposición obliga a la Presidencia a proponer ante el cuerpo la cantidad de empleados que considera necesarios, mientras que corresponde a los concejales resolver sobre esa propuesta mediante una votación por simple mayoría. Molinuevo sostiene que Benítez avanzó con las designaciones sin contar previamente con esa autorización.
Uno de los elementos incorporados al planteo judicial es lo ocurrido durante la sesión ordinaria del 10 de septiembre, cuando la presidenta informó sobre los decretos que habían sido firmados el día anterior. En esa oportunidad, el concejal Agustín Isa solicitó que se diera lectura a los instrumentos para conocer su contenido. Según la reconstrucción presentada por la Municipalidad, los decretos fueron comunicados al cuerpo, pero no sometidos a una votación específica para autorizar la cantidad de incorporaciones. Para el Ejecutivo, informar sobre una decisión administrativa no equivale a obtener la aprobación formal que exige el reglamento.
Un enfrentamiento que también involucra al presupuesto municipal
La disputa continuó durante el tratamiento del Presupuesto General 2026, en una sesión especial realizada el 23 de septiembre. Allí se incorporó una previsión que ampliaba de 74 a 90 los cargos de la planta permanente del Concejo Deliberante, una decisión que el Ejecutivo interpretó como un intento de respaldar las designaciones cuestionadas.
Molinuevo respondió el 5 de octubre con el decreto 354/2026, mediante el cual vetó parcialmente el artículo 3 de la ordenanza presupuestaria. Sin embargo, tres días después, los concejales rechazaron el veto y mantuvieron su decisión, lo que terminó trasladando el conflicto a los tribunales.
El intendente también puso el foco en el impacto económico de las incorporaciones, que, de acuerdo con las estimaciones de su administración, representarían aproximadamente $570 millones anuales. Cuestionó la necesidad de ampliar la estructura del Concejo y sostuvo que algunos de los trabajadores beneficiados no contarían con antigüedad suficiente. Además, consideró que determinadas funciones previstas para los nuevos puestos, vinculadas con actividades sociales y políticas destinadas a la juventud, corresponderían al Departamento Ejecutivo.
Las acusaciones se producen en un escenario de creciente tensión política, con una mayoría de ocho concejales opositores sobre un total de doce integrantes. Molinuevo vinculó las incorporaciones con intereses partidarios de cara a las elecciones municipales de 2027, aunque esa interpretación forma parte de su posicionamiento político y no constituye una conclusión judicial.
La Justicia deberá definir si se respetaron las atribuciones del Concejo
Junto con el pedido de nulidad, la Municipalidad solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender provisionalmente los efectos de los decretos y evitar que se consoliden las designaciones mientras se analiza la cuestión de fondo. El Ejecutivo argumenta que la incorporación definitiva de los empleados podría generar obligaciones salariales y situaciones administrativas difíciles de revertir ante una eventual sentencia favorable.
La presentación también requiere la conservación de las filmaciones completas de las sesiones del 10 y 23 de septiembre, consideradas elementos relevantes para determinar si las autoridades legislativas respetaron los procedimientos previstos. El municipio pidió que esos registros sean preservados y remitidos sin cortes ni modificaciones.
El expediente abre ahora una discusión que excede las diferencias políticas entre el intendente y los concejales. La Justicia deberá determinar si la Presidencia del cuerpo actuó dentro de sus atribuciones, si las designaciones cumplieron con las exigencias reglamentarias y si las decisiones presupuestarias posteriores tienen capacidad para respaldar los actos cuestionados.
Mientras tanto, el enfrentamiento deja planteado un debate sobre la administración de los recursos municipales, los criterios de incorporación de personal al Estado y los límites de las facultades de las autoridades legislativas. La decisión judicial será determinante para establecer la validez de los nombramientos y el futuro de los 33 trabajadores involucrados en la controversia.
