La intendenta Rossana Chahla volvió a quedar en el centro de una controversia política tras publicar un video para presentar el programa Bacheo Exprés, una iniciativa destinada a reparar las calles deterioradas de San Miguel de Tucumán. Lo que el municipio intentó mostrar como una respuesta innovadora a los problemas de infraestructura terminó provocando cuestionamientos por la manera de comunicar el trabajo de los empleados municipales y, fundamentalmente, por las decisiones administrativas que acompañan el mantenimiento de la ciudad. El legislador Walter Berarducci, recientemente incorporado a La Libertad Avanza, calificó la publicación como una «vergonzosa burla» hacia los obreros municipales y acusó a la administración capitalina de desarticular áreas de trabajo para tercerizar servicios a costos superiores. Aunque esas acusaciones requieren documentación que permita comprobar su alcance económico, el episodio expone una discusión que trasciende las diferencias partidarias: después de tres años de gestión, ¿cuánto mejoró realmente el estado de las calles y cuánto dinero público demandan las soluciones anunciadas?
Una gestión que privilegia la exposición pública y enfrenta cuestionamientos por sus resultados
La comunicación se convirtió en una de las características más reconocibles de la administración de Chahla. Las recorridas de obras, las conversaciones con vecinos, las intervenciones espontáneas y los videos difundidos en redes sociales forman parte de una estrategia que procura mostrar a una intendenta cercana, activa y comprometida con los problemas cotidianos. Esa visibilidad, sin embargo, también abrió interrogantes sobre la distancia entre la construcción de una imagen política y la capacidad de resolver dificultades estructurales que afectan a la ciudad.
En enero de este año, durante una recorrida por las obras de repavimentación de la avenida Néstor Kirchner, un automovilista le reclamó públicamente «menos TikTok y más obras». La respuesta de Chahla fue inmediata: defendió la posibilidad de hacer ambas cosas y vinculó el cuestionamiento con una presunta identificación libertaria del vecino. El intercambio dejó planteada una cuestión relevante: un reclamo ciudadano por el estado de la infraestructura no pierde legitimidad por las preferencias políticas de quien lo formula.
La polémica más reciente ocurrió el lunes 2 de noviembre, jornada de asueto por el Día de los Fieles Difuntos, cuando Chahla presentó el nuevo operativo de bacheo en Villa Urquiza. Su propuesta contempla el uso de un material de aplicación en frío y cuadrillas especiales que puedan trabajar durante fines de semana, feriados y jornadas de lluvia. La posibilidad de intervenir fuera de los horarios habituales representa una mejora operativa potencial, pero la presentación fue cuestionada por Berarducci, quien interpretó que el tono del video ridiculizaba la labor de los trabajadores municipales.
Miles de baches reparados y una planificación que llegó después de años de gestión
Las cifras difundidas por la propia Municipalidad permiten dimensionar tanto el trabajo realizado como la magnitud de la problemática. En marzo de 2026, durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, Chahla afirmó que en dos años su administración había reparado 70.957 baches e intervenido 329 cuadras con obras de pavimento. Son números importantes que evidencian actividad municipal, aunque por sí solos no permiten determinar la durabilidad de las reparaciones ni la recuperación efectiva de la red vial.
El problema tiene antecedentes significativos. En noviembre de 2024, el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián, había informado que, de unas 7.000 cuadras pavimentadas de la Capital, aproximadamente 5.100 presentaban algún grado de deterioro. En ese momento se anunció un plan de recuperación dividido en siete sectores, con una inversión prevista superior a los $4.000 millones.
Durante 2026 continuaron los anuncios. En febrero, la Municipalidad presentó seis frentes simultáneos de reconstrucción de pavimento, enmarcados en 19 licitaciones públicas. En septiembre, funcionarios de Obras Públicas explicaron que trabajaban con un nuevo esquema integral de bacheo y fijaron un horizonte aproximado de tres meses para recuperar condiciones adecuadas de transitabilidad en las calles de la ciudad.
A este panorama se sumó una revelación de la propia administración municipal. El 15 de octubre se presentó el Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto (CIMBA), una herramienta digital que permite registrar reclamos, geolocalizar daños, emitir órdenes de trabajo y documentar las intervenciones. En esa oportunidad, el subsecretario de Obras Públicas, Leonardo Miguez, reconoció que anteriormente se trabajaba con información dispersa, sin geolocalización de los baches y con dificultades para articular los reclamos y las tareas ejecutadas.
La implementación de tecnología para ordenar el mantenimiento urbano constituye un avance. Pero también deja una pregunta incómoda: ¿por qué una herramienta básica de planificación y seguimiento de reparaciones recién se puso en funcionamiento después de casi tres años de administración?
Al momento de su presentación, CIMBA registraba 3.393 trabajos ejecutados, equivalentes a 99.858 metros cuadrados de calzada intervenida. El sistema también contabilizaba 3.480 problemas de pavimento, de los cuales 216 permanecían abiertos en alguna etapa. Estas estadísticas muestran capacidad de relevamiento y seguimiento, pero todavía es necesario conocer indicadores complementarios, como la cantidad de reparaciones que debieron repetirse, el costo por metro cuadrado, los tiempos promedio de respuesta y la duración efectiva de los arreglos.
No se trata de negar las intervenciones realizadas ni de desconocer que parte del deterioro está relacionado con problemas de agua, cloacas, lluvias y daños acumulados durante administraciones anteriores. Precisamente por eso, el mantenimiento vial exige soluciones integrales y planificación sostenida. Tapar un pozo puede resolver una urgencia, pero si no se corrige su causa estructural, el problema puede volver a aparecer.
Empresas contratadas, costos y transparencia: el verdadero examen para Chahla
Uno de los cuestionamientos más importantes formulados por Berarducci está relacionado con la tercerización de servicios municipales. El legislador sostiene que la gestión de Chahla desarticuló áreas operativas para contratar empresas privadas a mayores costos. Hasta el momento, esa afirmación no puede darse por comprobada sin comparar contratos, prestaciones, volúmenes ejecutados y costos de producción propios y tercerizados.
Sin embargo, la participación de contratistas privados sí está reconocida oficialmente. En septiembre de 2026, la Municipalidad informó que su planta asfáltica recuperada producía aproximadamente 30 toneladas diarias de mezcla, equivalentes a la mitad del material utilizado para el bacheo, mientras que otras 30 toneladas eran aportadas mediante empresas contratadas. Por su parte, CIMBA informó en octubre que tenía 13 empresas dadas de alta en el sistema, aunque ese dato no significa necesariamente que todas tuvieran contratos activos.
La contratación de empresas privadas no constituye, por sí misma, una irregularidad. Puede resultar necesaria cuando el municipio no dispone de equipamiento, personal o capacidad suficiente. Pero la eficiencia de ese modelo debe demostrarse con información verificable. ¿Cuánto cuesta producir una tonelada de mezcla en la planta municipal? ¿Cuánto se paga por la que aportan los proveedores externos? ¿Qué empresas realizan las tareas de reparación, bajo qué contratos y con qué mecanismos de fiscalización? ¿Resulta más económico contratar el servicio o ampliar la capacidad operativa propia?
Son preguntas especialmente relevantes si se considera que Chahla informó en marzo haber convocado a más de 35 licitaciones públicas por un monto cercano a los $28.000 millones durante los tres meses anteriores. Esa cifra comprende obras y servicios de distintas áreas y no equivale necesariamente a dinero efectivamente gastado. Pero representa una dimensión presupuestaria que justifica controles públicos rigurosos.
Después de tres años al frente de San Miguel de Tucumán, la intendenta ya no puede limitar sus respuestas a los problemas heredados ni a los anuncios de nuevas herramientas. La ciudad necesita calles seguras, reparaciones duraderas y cuentas claras.
Porque una gestión pública no debería medirse por la cantidad de videos que publica ni por la cantidad de veces que anuncia soluciones, sino por los problemas que efectivamente resuelve y por la transparencia con la que utiliza el dinero de los vecinos.
