Osvaldo Jaldo eligió, por ahora, una salida previsible: condenar la agresión contra el diputado nacional Federico Pelli, confirmar la detención del presunto atacante y volver a poner el foco en la emergencia por las inundaciones. No hubo un gesto público contra Darío Monteros ni señales de una crisis abierta puertas adentro. El mensaje oficial fue otro: bajar el tono, pedir responsabilidad y tratar de que el episodio no escale en medio del operativo en La Madrid y otras zonas castigadas por el temporal.
Ese movimiento del gobernador expone una lógica política clara. En la Casa de Gobierno entienden que abrir una disputa interna en pleno desastre hídrico sería admitir que el caso dejó de ser un hecho violento aislado para convertirse en una crisis de conducción. Por eso Jaldo buscó correr la discusión hacia la asistencia a los damnificados y a la necesidad de preservar la convivencia, mientras Monteros también repudió lo ocurrido y se mostró alineado con esa idea de priorizar la ayuda y la presencia estatal.
Pero esa estrategia de contención tiene un límite evidente: el episodio ya no se discute sólo en términos policiales o judiciales. La agresión a Pelli, que terminó con el legislador lesionado y luego sometido a una cirugía, abrió una disputa política directa sobre las responsabilidades del entorno que controlaba la escena en La Madrid. Y ahí es donde el nombre de Monteros quedó en el centro.
La oposición libertaria puso el foco en el ministro
La Libertad Avanza decidió no dejar margen para la interpretación. Lisandro Catalán fue directamente contra Monteros y reclamó su salida, con una frase que elevó la presión sobre Jaldo: sostuvo que, si el ministro del Interior sigue en funciones, el mensaje para la sociedad tucumana sería grave. En otras palabras, el espacio libertario ya no discute solamente la agresión, sino el costo institucional de sostener al funcionario.
El señalamiento no quedó limitado a una conferencia de prensa. Pelli formalizó una denuncia penal por lesiones contra Marcelo “Pichón” Segura, identificado como el hombre que le dio el cabezazo. Al mismo tiempo, desde el entorno libertario sumaron acusaciones políticas sobre la cercanía del agresor con el esquema territorial del oficialismo. Esa combinación vuelve más delicada la situación del ministro, porque desplaza el eje desde el autor material hacia las responsabilidades políticas del contexto en el que ocurrió el ataque.
El problema para el Gobierno es que el caso tomó velocidad. Lo que al comienzo podía presentarse como un episodio repudiable en medio del caos por las inundaciones, ahora se convirtió en una ofensiva opositora contra uno de los ministros más sensibles de la gestión. Monteros no es un funcionario menor: es una pieza central en la relación del Ejecutivo con municipios, comunas y dirigentes del interior. Por eso, cualquier desgaste suyo impacta de manera directa en el corazón político del jaldismo.
Jaldo resiste, pero el costo de sostener a Monteros sube
La presión ya empezó a multiplicarse por distintas vías. Además del pedido de salida impulsado por LLA, el legislador José Seleme promovió que la Legislatura cite a Monteros y al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que den explicaciones sobre lo ocurrido en La Madrid. En paralelo, también aparecieron denuncias cruzadas y nuevos reproches públicos que impiden clausurar rápido el conflicto.
Ahí aparece la principal dificultad para Jaldo. Su apuesta parece ser que la situación se descomprima con el correr de las horas, a medida que avance la causa judicial y el Gobierno retome el control de la agenda con la asistencia a los inundados. Sin embargo, cada paso que suma repercusión pública empuja el caso en sentido contrario. Cuanto más se instala la idea de que hubo una trama política detrás del ataque, más difícil resulta proteger a Monteros sin pagar un costo.
En ese equilibrio incómodo se mueve hoy el gobernador. Todavía no mostró disposición a sacrificar a su ministro del Interior, pero tampoco logró cerrar la controversia. Y mientras el oficialismo intenta encapsular el daño, la oposición empuja para que el episodio deje una consecuencia concreta en el gabinete. La pregunta ya no es sólo qué pasó en La Madrid, sino cuánto está dispuesto Jaldo a resistir para sostener a Monteros.
