La Legislatura tucumana volvió a mostrar que, cuando el oficialismo decide blindar a una funcionaria, la mayoría alcanza no sólo para rechazar una iniciativa opositora, sino incluso para evitar que el tema llegue a discutirse. Eso fue lo que ocurrió con el pedido de interpelación a la ministra de Educación, Susana Montaldo, impulsado por la radical Silvia Elías de Pérez: el bloque peronista hizo valer su número y clausuró el tratamiento sobre tablas del expediente, pese a que días antes el asunto había quedado habilitado para ser considerado en esta sesión.
Un pedido que había quedado abierto, pero sin dictamen
La secuencia política venía arrastrándose desde el 26 de marzo, cuando una moción de preferencia promovida por Elías de Pérez había sido aprobada para que el expediente se tratara en la sesión siguiente. Aquel movimiento generó sorpresa porque parte del propio oficialismo acompañó la habilitación del tema y abrió un ruido interno en el bloque. Sin embargo, al llegar el momento decisivo, el peronismo recompuso filas y se escudó en una cuestión reglamentaria: como el proyecto no tenía dictamen de comisión, necesitaba dos tercios de los votos para ser debatido sobre tablas, una mayoría imposible sin el aval del PJ.
La maniobra no sólo frenó la interpelación, sino que directamente impidió que la oposición desarrollara el planteo en el recinto. Allí quedó expuesta la diferencia entre lo que se insinuó tras aquella votación de marzo y lo que finalmente resolvió el bloque oficialista cuando llegó la hora de la definición. La advertencia previa de Carolina Vargas Aignasse, quien ya había anticipado que no había “ninguna posibilidad” de interpelar a Montaldo, terminó cumpliéndose sin matices.
El informe opositor que el oficialismo no quiso discutir
El pedido de interpelación estaba atado a un informe presentado por Elías de Pérez, que describió una “emergencia absoluta en educación” y trazó un panorama muy crítico sobre el sistema escolar tucumano. Según ese relevamiento opositor, el 60% de los alumnos de tercer grado no comprende lo que lee, el 72% de los estudiantes de primaria no alcanzaría este año los 180 días de clase y habría unos 1.200 docentes fuera de las aulas, afectados a tareas administrativas en otros organismos.
El documento también puso el foco en el deterioro de la infraestructura escolar y mencionó casos puntuales, como la Escuela Patricias Argentinas y la Escuela Evita, donde se denunciaron condiciones críticas y obras demoradas. Sobre esa base, la legisladora radical buscaba que la ministra explicara en persona qué diagnóstico maneja el Gobierno y qué plan tiene para revertir la situación. Pero nada de eso llegó a debatirse en el recinto, porque el oficialismo resolvió cortar la discusión antes de que empezara.
Un blindaje político con costo institucional
Lo ocurrido dejó una señal política nítida. El peronismo no sólo defendió a Montaldo: también evitó exponerla a una instancia de control parlamentario en un momento delicado para la gestión educativa. Así, la discusión dejó de ser exclusivamente sobre escuelas, clases perdidas o estado edilicio y pasó a girar sobre otra cuestión: hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo para impedir que una ministra tenga que rendir cuentas públicamente ante la Cámara.
La oposición leyó esa decisión como una muestra de oscurantismo y de cierre político. Desde el Gobierno, en cambio, Montaldo ya había rechazado la idea de una “catástrofe educativa” y atribuido parte de los problemas recientes a las lluvias y a las dificultades de acceso a establecimientos, al tiempo que defendió la gestión sobre el sistema escolar provincial. En ese marco, la sesión terminó consolidando una imagen conocida en la política tucumana: cuando un tema amenaza con incomodar al Ejecutivo, la mayoría legislativa actúa como escudo antes que como contralor.
