La denuncia penal presentada por Ángel Eduardo Páez Chahla contra Rossana Elena Chahla, María Emilia Chahla y Amelia Eugenia Testa ya no puede ser leída como un capítulo más de una disputa familiar. Lo que aparece en el escrito es mucho más grave: la acusación de que, durante años, se habría desplegado una ingeniería patrimonial para ocultar, transferir, desafectar y vender bienes del acervo de Elías Chahla mientras Ángel peleaba en la Justicia por ser reconocido como hijo y heredero.
El caso llega a este punto después de un recorrido tan extenso como escandaloso. Páez inició su reclamo filiatorio en 1999. Pasaron más de dos décadas, pruebas de ADN, planteos judiciales, demoras, impugnaciones y una sentencia que finalmente lo reconoció como hijo de Elías Chahla. Recién entonces, según sostiene en la denuncia, pudo advertir con mayor claridad que buena parte del patrimonio que debía integrar la herencia ya habría sido movido, ocultado o colocado fuera de su alcance.
El dato central es político e institucional: una intendenta en ejercicio, que además fue ministra de Salud y diputada nacional, aparece denunciada penalmente por presuntas maniobras de defraudación, administración fraudulenta y ocultamiento patrimonial. No se trata de una denuncia menor ni de una diferencia privada por papeles sucesorios. Se trata de una imputación que golpea directamente sobre la credibilidad pública de Rossana Chahla, justamente una dirigente que administra hoy el municipio más importante de Tucumán y que suele invocar transparencia, gestión y orden institucional.
La denuncia sostiene que las acusadas conocían —o no podían desconocer— la existencia de Páez y su reclamo de filiación. Ese punto es decisivo: si el heredero estaba litigando desde hacía años y era previsible que pudiera ser reconocido judicialmente, cualquier movimiento patrimonial realizado en ese contexto debía extremar la transparencia. Según Páez, ocurrió exactamente lo contrario.
El fideicomiso Maipú y la sospecha de un vaciamiento patrimonial
Uno de los ejes más duros de la presentación es el denominado Fideicomiso de Administración Maipú, constituido el 29 de junio de 2010, pocos meses antes de la muerte de Elías Chahla. Para el denunciante, esa estructura no habría funcionado como una herramienta neutral de administración, sino como un mecanismo de desapoderamiento y ocultamiento patrimonial.
Páez afirma que a ese fideicomiso se transfirió prácticamente la totalidad de los inmuebles del causante. La lista mencionada en el escrito incluye propiedades ubicadas en Marcos Paz, Santa Rosa de Leales, Maipú, Laprida, Monteagudo, Rivadavia, Córdoba, Ayacucho y avenida Sáenz Peña. Según la denuncia, esos bienes luego registraron movimientos de entrada y salida del fideicomiso, desafectaciones, ventas y transferencias a terceros.
El punto más delicado es que, según Páez, en el sucesorio de Elías Chahla solo se habrían denunciado tres inmuebles como parte del acervo hereditario. El resto, siempre de acuerdo con el escrito judicial, habría quedado previamente transferido al fideicomiso o fuera del circuito visible de la sucesión. Allí aparece la acusación más corrosiva: no habría habido una simple administración patrimonial, sino una maniobra progresiva para vaciar la herencia antes de que el nuevo heredero pudiera ejercer sus derechos.
La denuncia también apunta contra la presunta continuidad del control económico sobre los bienes. Páez sostiene que las denunciadas y su entorno habrían seguido manejando, ofreciendo, vendiendo o explotando inmuebles que formalmente ya habían pasado por otras estructuras o terceros. Menciona, entre otros casos, un inmueble de calle Laprida ofrecido a la venta con intervención vinculada a María Emilia Chahla, la operación sobre avenida Sáenz Peña y, especialmente, el inmueble de Marcos Paz, al que describe como el núcleo de la maniobra.
En el caso de Marcos Paz, Páez denuncia ventas sucesivas por montos que considera ostensiblemente inferiores al valor real de mercado. Señala una operación de 2021 por $9,5 millones y otra de 2023 por $20 millones, mientras afirma que el valor del inmueble era muy superior. También sostiene que las propias valuaciones usadas en otros expedientes habrían contradicho esos precios. Si esa hipótesis se confirma, no estaríamos frente a una mala tasación aislada, sino ante una posible estrategia para reducir artificialmente el valor del patrimonio hereditario.
El escrito además menciona acciones posesorias, denuncias policiales, certificados, instrumentos y medidas judiciales que, según Páez, habrían sido usados para consolidar situaciones de hecho y dar apariencia de legalidad a operaciones cuestionadas. La acusación es grave porque describe un patrón: no hechos sueltos, sino una arquitectura jurídica, inmobiliaria y familiar orientada a frustrar derechos hereditarios.
La gravedad institucional que Chahla no puede minimizar
La dimensión institucional del caso es inocultable. Rossana Chahla no es una ciudadana sin responsabilidades públicas. Es la intendenta de San Miguel de Tucumán, una dirigente con peso propio dentro del oficialismo provincial y una figura que ocupó cargos de alta exposición. Por eso, una denuncia por fraude, administración fraudulenta, ocultamiento y vaciamiento patrimonial no puede ser tratada como un expediente privado ni escondida detrás del argumento de que se trata de una pelea familiar.
La vara para una intendenta debe ser más alta. Quien administra recursos públicos, firma actos de gobierno, exige cumplimiento de normas y reclama confianza ciudadana tiene la obligación política de dar explicaciones claras cuando su nombre queda asociado a una acusación de esta magnitud. La presunción de inocencia rige plenamente, pero no cancela la responsabilidad institucional de responder.
Lo más preocupante es la asimetría que atraviesa toda la historia. De un lado, un hombre que durante 26 años litigó para que la Justicia reconociera su identidad y sus derechos. Del otro, una familia con poder económico, llegada política, vínculos profesionales y capacidad para sostener una estrategia judicial prolongada. Esa desigualdad es precisamente lo que vuelve tan sensible el caso: si el Estado no investiga con independencia, la sospecha será que el apellido y el cargo pesan más que la verdad.
La denuncia pide que el Ministerio Público Fiscal investigue si hubo simulación de actos jurídicos, ventas instrumentales, transferencia de bienes a terceros interpuestos y aprovechamiento de estructuras fiduciarias para excluir a Páez del patrimonio de su padre. También reclama especial atención por el rol público de parte de las personas denunciadas. Esa solicitud es razonable: cuando una funcionaria de semejante jerarquía queda señalada en una maniobra de esta escala, el control institucional debe ser más intenso, no más tímido.
Chahla enfrenta así un problema que excede lo judicial. Su capital político queda condicionado por una pregunta simple y demoledora: ¿puede una intendenta sostener un discurso de transparencia mientras pesa sobre ella una denuncia que la acusa de haber participado en un esquema de ocultamiento patrimonial contra un heredero reconocido por la Justicia?
La respuesta institucional no puede ser el silencio. Tampoco alcanza con victimizarse o reducir todo a una disputa de familia. Si la denuncia es falsa, Chahla debe probarlo con documentación, cronología, trazabilidad de bienes y explicaciones públicas. Si hay elementos ciertos, la Justicia debe avanzar sin contemplaciones. En cualquiera de los dos escenarios, Tucumán necesita saber si detrás de este conflicto hubo apenas una pelea sucesoria o si, como denuncia Ángel Páez Chahla, se montó una maquinaria para vaciar una herencia mientras él esperaba que el Estado le reconociera su identidad.
