El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, profundizó su enfrentamiento con el Gobierno provincial y reclamó que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dicte sentencia en la demanda promovida por el municipio para modificar el actual régimen de coparticipación.
El jefe municipal calificó el sistema vigente como “obsoleto, arbitrario y no equitativo” y sostuvo que perjudica la autonomía financiera de los gobiernos locales. Según explicó, el planteo llegó a la Justicia después de que fracasaran los pedidos administrativos y legislativos para discutir una nueva distribución de los recursos provinciales.
La ofensiva judicial se desarrolla en medio de una relación prácticamente quebrada entre la Municipalidad de Concepción y la Casa de Gobierno. Molinuevo aseguró que no obtuvo respuestas a sus solicitudes de audiencia con el gobernador Osvaldo Jaldo y con el ministro del Interior, Darío Monteros.
Molinuevo exige una definición de la Corte
El intendente afirmó que el expediente ya se encuentra en condiciones de ser resuelto por el máximo tribunal provincial. Según la información que recibió, dos vocales habrían emitido sus votos y solo restaría la decisión del presidente de la Corte.
Ante la demora, el municipio resolvió hacer público el reclamo y aumentar la presión institucional. “La justicia tardía no es justicia”, expresó Molinuevo al cuestionar el tiempo transcurrido sin una sentencia.
El jefe municipal insistió en que la demanda no busca beneficiar únicamente a Concepción. Aseguró que una nueva ley, basada en criterios objetivos y que incluya la totalidad de los tributos provinciales, permitiría mejorar la autonomía económica de todas las municipalidades, independientemente de su pertenencia política.
Molinuevo también mencionó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculados con reclamos promovidos por las ciudades de La Banda, en Santiago del Estero, y La Rioja. En esos casos, se ordenó avanzar con nuevas normas de coparticipación municipal.
El Pacto Social y la disputa por Ingresos Brutos
Uno de los principales cuestionamientos de Concepción apunta al Pacto Social, el mecanismo mediante el cual numerosos municipios delegaron en la Provincia la administración de sus recursos a cambio de recibir fondos para garantizar el pago de salarios.
Molinuevo recordó que el acuerdo surgió como una medida transitoria frente a una emergencia financiera, pero terminó transformándose en un sistema permanente. Concepción abandonó formalmente ese esquema el 1 de enero de 2024, con el argumento de recuperar su autonomía financiera.
El intendente también cuestionó que Ingresos Brutos, señalado como el tributo de mayor recaudación provincial, no forme parte de la masa de recursos distribuida entre los municipios.
Según sus cálculos, ese impuesto representa aproximadamente el 85% de los ingresos tributarios propios de la Provincia. Sin embargo, las administraciones municipales no reciben una participación directa.
Molinuevo afirmó además que los municipios tucumanos perciben alrededor del 13% de los recursos coparticipables, mientras que el promedio de distribución en otras provincias se acercaría al 20%. Para el intendente, esa diferencia obliga a las ciudades a depender de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Una relación rota con la Provincia y un trasfondo electoral
La discusión por los fondos se desarrolla sobre una relación política cada vez más tensa. Molinuevo aseguró que el diálogo institucional con la Provincia está “totalmente interrumpido” y que no fueron atendidos sus reiterados pedidos de reunión.
Entre los asuntos que pretendía discutir con las autoridades provinciales mencionó la paralización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Concepción. La obra, financiada originalmente por la Nación, habría quedado detenida cuando registraba cerca de un 80% de avance.
El deterioro del vínculo también coincide con el acercamiento del intendente a dirigentes relacionados con La Libertad Avanza. Aunque Molinuevo ratificó su pertenencia a la Unión Cívica Radical y su relación con Roberto Sánchez, admitió que busca construir acuerdos para fortalecer a la oposición.
La demanda por la coparticipación adquiere así una doble dimensión. Por un lado, plantea una discusión institucional sobre la autonomía y el financiamiento de los municipios. Por otro, profundiza la confrontación entre el jaldismo y una de las principales administraciones opositoras del interior tucumano.
Mientras la Corte demora su pronunciamiento, Concepción redobla la presión. Un fallo favorable podría obligar a la Legislatura a revisar un sistema vigente desde hace décadas y abrir una disputa por el reparto de uno de los recursos políticos más sensibles de la provincia.
