La Justicia tucumana formuló cargos contra dos mujeres acusadas de participar en una maniobra mediante la cual habrían obtenido y desviado más de $4,6 millones pertenecientes al exsuegro de una de las imputadas. Según la investigación, las operaciones se realizaron utilizando las claves de acceso al home banking de la víctima y se extendieron durante varios meses.
Las acusadas son Andrea Natalia Gómez Gallo, de 32 años, y Carla Agostina Montenegro, de 30. La audiencia estuvo encabezada por el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Gómez Gallo conocía el usuario y la contraseña bancaria de su exsuegro debido a que anteriormente lo había ayudado a configurar y utilizar el servicio de banca electrónica. Los investigadores sostienen que habría aprovechado ese acceso para gestionar créditos sin autorización y transferir posteriormente los fondos.
Préstamos y transferencias bajo investigación
La maniobra investigada habría comenzado el 19 de noviembre de 2024, cuando desde la cuenta sueldo de la víctima se gestionó un crédito por $650.000. Según la acusación, el dinero fue transferido posteriormente hacia una cuenta vinculada con Gómez Gallo.
El 3 de febrero de 2025 se habrían concretado otras tres transferencias, por $300.000, $50.000 y $40.000. Meses después, el 21 de abril, se gestionó un nuevo préstamo por $1,2 millones.
Una vez acreditado ese monto, siempre según la investigación fiscal, se realizaron dos transferencias por $500.000 y $700.000 hacia una cuenta vinculada con Montenegro.
Las operaciones habrían continuado el 12 de junio, con una transferencia de $326.600, y el 24 de julio, cuando se gestionó otro crédito por $1,5 millones que luego habría sido enviado en su totalidad a una cuenta relacionada con la principal acusada.
El perjuicio habría superado los $4,6 millones
La Fiscalía también identificó una transferencia de $290.000 realizada el 8 de agosto. Finalmente, el 25 de septiembre de 2025 se habría tramitado un nuevo crédito por $300.000 y el dinero habría sido transferido ese mismo día.
A partir del análisis de todas las operaciones, los investigadores calcularon que el perjuicio económico sufrido por la víctima ascendería a más de $4,6 millones.
Gómez Gallo fue acusada por el delito de defraudación mediante manipulación informática en calidad de autora. En el caso de Montenegro, la Fiscalía sostiene que habría recibido $1,2 millones con conocimiento de su presunto origen ilícito, por lo que fue imputada por encubrimiento por receptación dolosa.
Seguirán el proceso en libertad
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la aplicación de medidas cautelares de menor intensidad contra las dos acusadas con el objetivo de garantizar el avance de la investigación.
La jueza que intervino en el caso hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso que ambas deberán cumplir reglas de conducta durante cuatro meses.
De esta manera, las dos mujeres continuarán atravesando el proceso judicial en libertad mientras se desarrollan las próximas etapas de la causa.
