Una grave denuncia judicial pone bajo la lupa a efectivos de la comisaría de El Chañar. Un docente tucumano aseguró que fue interceptado cuando regresaba a su domicilio, trasladado a la dependencia policial y amenazado con ser involucrado en una causa por drogas si no entregaba dinero.
La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y apunta contra el personal policial que se encontraba de servicio durante la noche del pasado 4 de agosto. El denunciante, identificado como Emanuel Alberto López, sostiene que terminó entregando $2,5 millones entre extracciones de efectivo y una transferencia bancaria.
Los hechos deberán ser corroborados ahora por la investigación judicial, que tendrá entre sus elementos los movimientos bancarios aportados por el docente y las posibles imágenes de cámaras de seguridad.
Lo interceptaron cuando volvía de tomar exámenes
De acuerdo con la denuncia, López regresaba hacia su vivienda en Macomitas luego de haber tomado exámenes en la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi. Viajaba como pasajero en un Chevrolet Corsa cuando, alrededor de las 21.15, el vehículo habría sido interceptado por una camioneta policial.
El profesor relató que dos efectivos descendieron sin identificarse y comenzaron a revisar el automóvil. En ese contexto, uno de ellos habría asegurado que existían unos supuestos “envoltorios” cerca de la palanca de cambios.
El denunciante sostiene que esos elementos nunca fueron exhibidos, pesados ni sometidos a una prueba de campo. También afirma que no se realizó un acta de secuestro ni se convocó a personal especializado en investigaciones vinculadas con drogas.
Posteriormente, siempre según su presentación, fue trasladado hasta la comisaría de El Chañar y uno de los policías se quedó con su teléfono celular.
Denuncia que le pidieron $10 millones y terminaron sacándole $2,5 millones
Una vez en la dependencia policial habría comenzado la supuesta maniobra extorsiva. Según López, los efectivos le plantearon la posibilidad de “llegar a un arreglo” y posteriormente lo amenazaron con involucrarlo en una causa vinculada con estupefacientes.
El docente aseguró que le dijeron que su nombre podía aparecer en los medios de comunicación, que perdería su trabajo y que no volvería a conseguir empleo en el sistema educativo.
La exigencia inicial, de acuerdo con la presentación judicial, habría sido de $10 millones y luego se redujo a $8 millones. Ante la imposibilidad de conseguir esa suma, los policías habrían revisado el homebanking del denunciante y constatado que disponía de aproximadamente $2,6 millones.
Fue entonces cuando, según acusa López, determinaron que debía entregar $2,5 millones.
El profesor relató que fue llevado a un cajero automático bajo vigilancia y realizó extracciones por un total de $1 millón, dinero que habría quedado en poder de uno de los efectivos.
Los restantes $1,5 millones habrían salido mediante una transferencia realizada desde una billetera virtual hacia la cuenta de un tercero. De acuerdo con la denuncia, uno de los policías habría ingresado personalmente el alias del destinatario y López sólo realizó la validación biométrica necesaria para concretar la operación.
Tras la entrega del dinero, afirmó que fue obligado a firmar un acta en la que únicamente figuraba que había sido “demorado” y aseguró que no le permitieron leer por completo el documento ni le entregaron una copia.
Movimientos bancarios y cámaras, claves para determinar qué ocurrió
El docente aportó como elementos de prueba el comprobante correspondiente a la transferencia de $1,5 millones y los registros de las extracciones efectuadas desde su cuenta bancaria.
Además, solicitó que la Justicia obtenga las filmaciones de los cajeros automáticos utilizados esa noche y los registros de las cámaras de seguridad de la propia comisaría de El Chañar.
También pidió que se determine qué policías estaban prestando servicio al momento del episodio y que se realicen medidas de reconocimiento. Otro de los planteos apunta a establecer si existen denuncias anteriores con características similares vinculadas con esa dependencia.
La acusación incluye presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones y extorsión, además de otras posibles figuras que deberán ser analizadas durante la investigación.
Por ahora se trata de la versión presentada por el denunciante ante la Justicia. Será la pesquisa del Ministerio Público Fiscal la que deberá establecer si la secuencia ocurrió tal como fue relatada, identificar a los eventuales responsables y determinar qué sucedió con los $2,5 millones que, según el docente, le fueron quitados bajo amenazas.
