La investigación judicial por la agresión sufrida por Patricio Ledezma a la salida de un boliche de Tafí del Valle sumó un nuevo capítulo. El juez Javier Núñez Campero rechazó el pedido de sobreseimiento de Máximo Carreras, uno de los jóvenes que habían sido acusados inicialmente por el episodio ocurrido el 29 de enero de 2026. La decisión se conoció después de que la representación legal de la víctima cuestionara el planteo formulado por la defensa, que había recibido el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal.
Con esta resolución, Carreras continuará vinculado al expediente mientras se define su situación procesal. Sin embargo, el rechazo judicial no implica una declaración de culpabilidad ni garantiza que la causa avance hacia un juicio. El expediente deberá ser remitido al fiscal regional, quien tendrá que analizar la solicitud y determinar si corresponde sostener el criterio de la Fiscalía o continuar con la investigación.
La querella consiguió frenar el sobreseimiento
El abogado Ángel Fara, defensor de Máximo Carreras, había solicitado que su representado fuera desvinculado definitivamente del proceso penal al considerar que los elementos reunidos permitían descartar su participación en la agresión. El planteo contó con el respaldo del auxiliar fiscal Hugo Campos, quien actuó siguiendo instrucciones del fiscal Gerardo Salas.
La posición fue cuestionada por José María Molina, abogado de Patricio Ledezma, quien sostuvo que el pedido no reunía las condiciones legales necesarias para disponer el sobreseimiento. Después de evaluar los argumentos de las partes, el juez Núñez Campero hizo lugar a la objeción de la querella y rechazó la solicitud.
La resolución representa un resultado favorable para la postura de la víctima en esta instancia, aunque todavía resta una definición determinante. Si el fiscal regional ratifica el criterio favorable al sobreseimiento sostenido por el Ministerio Público Fiscal, el magistrado deberá disponer la desvinculación de Carreras, conforme al procedimiento previsto por la legislación procesal tucumana.
De la prisión preventiva al sobreseimiento de uno de los acusados
El caso se originó durante la madrugada del 29 de enero, cuando Patricio Ledezma fue agredido a la salida del boliche La Cañada, en Tafí del Valle. El episodio, en el que fueron señalados varios jóvenes oriundos de Concepción, tuvo una importante repercusión pública y derivó en una investigación penal que atravesó distintas etapas y cambios de criterio.
La causa estuvo inicialmente bajo la intervención del fiscal Marcelo Leguizamón y posteriormente pasó a manos de Mónica García de Targa. Durante esa etapa fueron acusados Santiago Bagne y Máximo Carreras, quienes permanecieron detenidos en el penal de Benjamín Paz tras el dictado de una prisión preventiva por 30 días. Sin embargo, la medida fue revocada por magistrados del Tribunal de Impugnación y ambos recuperaron la libertad.
Con el avance de la investigación, las defensas comenzaron a cuestionar la hipótesis inicial sobre la participación de los acusados. En el caso de Santiago Bagne, sus abogados Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate aportaron elementos con los que buscaron demostrar que el joven no había intervenido en la agresión y que, por el contrario, habría intentado detener el enfrentamiento.
Ese planteo finalmente prosperó y Bagne fue sobreseído en agosto, quedando desvinculado del expediente. La defensa de Carreras procuró obtener una resolución similar, pero encontró una oposición que terminó modificando, al menos momentáneamente, el rumbo de su situación judicial.
Una investigación con interrogantes y una definición pendiente
La causa también incluyó pedidos para investigar a otros jóvenes que habrían estado presentes durante el episodio. En marzo, la querella solicitó que se analizara la posible responsabilidad de Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano, Juan Sebastián Molina y Santiago Fernández.
Según la información judicial difundida, si bien algunos de ellos fueron notificados de la apertura de investigaciones, no se registraron avances concretos en la formulación de cargos contra Iturbe, Costa Rojano y Fernández. En este contexto, Carreras permanece como el único imputado formal que continúa vinculado al proceso, mientras se resuelve el nuevo pedido de sobreseimiento.
El expediente llega así a una instancia particularmente sensible: después de varios meses de actuaciones judiciales, medidas cautelares revocadas, un acusado sobreseído y nuevas líneas de investigación, todavía no existe una resolución definitiva sobre las responsabilidades penales por la agresión sufrida por Ledezma.
La intervención del fiscal regional será decisiva para determinar si Carreras continúa sometido al proceso o si finalmente queda desvinculado, como sucedió con Bagne. Mientras tanto, el rechazo del sobreseimiento mantiene abierta una causa que generó una fuerte repercusión social en Tucumán y que continúa atravesada por las diferencias entre la interpretación de las pruebas realizada por la acusación y la posición de las defensas.
Por ahora, la Justicia no cerró el expediente contra Carreras, pero tampoco resolvió su responsabilidad penal. La incógnita sigue siendo si las pruebas reunidas permitirán avanzar hacia una acusación que pueda sostenerse en juicio o si el caso terminará con una nueva desvinculación.
