El sábado 6 de mayo de 2017, Daiana Abigail Garnica salió de su casa del barrio Julio Abraham, en Alderetes, para encontrarse con un vecino que le había pedido ayuda para realizar una compra. Tenía 17 años, había dejado su teléfono celular cargando y, según la reconstrucción judicial, había recibido varios mensajes en los que aquel hombre insistía en que no contara a su familia que iba a reunirse con él. Nunca regresó. Su desaparición provocó una de las búsquedas más intensas y controvertidas de la historia policial reciente de Tucumán, con allanamientos, numerosos detenidos, rastrillajes en una ladrillera y distintas hipótesis que fueron desde un posible femicidio hasta la intervención de una red de trata de personas. Seis años después, el 2 de mayo de 2023, un tribunal condenó a prisión perpetua a Darío Javier Suárez, el vecino que había convocado a la adolescente y con quien se encontró antes de perderse su rastro. La Justicia consideró acreditado que la había privado ilegítimamente de la libertad y asesinado en un contexto de violencia de género. Pero la sentencia no permitió responder una pregunta que todavía persigue a su familia: dónde está el cuerpo de Daiana y qué ocurrió exactamente durante las horas posteriores a su desaparición.
La investigación comenzó con la revisión de los mensajes que Suárez había enviado al teléfono de la adolescente. El hombre, conocido por la familia, le había pedido que lo acompañara a comprar un aire acondicionado y que mantuviera el encuentro en secreto porque supuestamente se trataba de una sorpresa. Daiana aceptó y salió de su vivienda alrededor de las 19. Según las reconstrucciones posteriores, Suárez regresó solo y, cuando la familia comenzó a preguntar por ella, negó inicialmente haberla visto. Los investigadores concentraron sus sospechas en el vecino, que trabajaba en una ladrillera de Alderetes, y comenzaron a analizar sus movimientos y comunicaciones.
La causa quedó a cargo del fiscal Claudio Bonari y rápidamente adquirió repercusión nacional. Durante las primeras semanas fueron detenidas varias personas vinculadas con el entorno familiar y laboral del sospechoso, mientras se investigaba la posibilidad de que hubiera recibido ayuda para ocultar a la adolescente o hacer desaparecer su cuerpo. También se examinó una hipótesis de trata de personas, impulsada por testimonios y sospechas que surgieron durante la búsqueda. Sin embargo, esas líneas investigativas no demostraron judicialmente la existencia de una red de trata vinculada con la desaparición. El proceso que finalmente llegó a juicio por el femicidio tuvo a Suárez como único acusado.
Los hornos de ladrillos y las pruebas que generaron controversia
Uno de los episodios más recordados de la investigación ocurrió cuando los policías y peritos comenzaron a trabajar en una ladrillera donde se desempeñaba Suárez. La hipótesis inicial del fiscal contemplaba la posibilidad de que Daiana hubiera sido asesinada y que su cuerpo hubiera sido incinerado en uno de los hornos utilizados para fabricar ladrillos. Los investigadores llegaron a desarmar estructuras y analizaron restos encontrados entre las cenizas. En mayo de 2017 trascendió el hallazgo de una pequeña pieza metálica que podía corresponder al piercing que utilizaba la adolescente, además de fragmentos que inicialmente fueron considerados posibles restos óseos o dentales.
La información despertó enormes expectativas, pero los primeros estudios no confirmaron que aquellos elementos pertenecieran a Daiana. El 18 de mayo se informó que los resultados iniciales habían sido negativos y que se solicitarían análisis complementarios. Por lo tanto, nunca correspondió presentar aquel objeto como una prueba concluyente de que el cuerpo había sido quemado en la ladrillera.
La controversia se profundizó en junio de 2017, cuando se conoció una irregularidad relacionada con la conservación de las evidencias. Durante una reunión destinada a comunicar resultados periciales se advirtió que faltaba un sobre que debía contener los presuntos restos óseos y dentales recogidos en la ladrillera. Las fuentes consultadas indicaron que ese material no había llegado al laboratorio junto con las demás muestras y que el fiscal había convocado a los profesionales intervinientes para determinar qué había ocurrido. El episodio generó cuestionamientos sobre la cadena de custodia, un procedimiento fundamental para garantizar que los elementos secuestrados durante una investigación conserven su identidad e integridad hasta el momento de ser examinados.
También se conocieron planteos de las defensas sobre la legalidad de determinados allanamientos, particularmente por la falta de autorización judicial para una de las medidas realizadas en la ladrillera. Esos cuestionamientos alimentaron la controversia pública y los pedidos de nulidad, aunque no impidieron que años después se celebrara el juicio que terminó con una condena. No fue posible verificar mediante documentación judicial pública cuál fue el destino definitivo del sobre mencionado en 2017 ni si las muestras pudieron recuperarse y analizarse posteriormente.
Durante los años siguientes, la investigación continuó mientras la familia mantenía su reclamo de aparición. El expediente avanzó hacia el juicio con una acusación basada especialmente en las comunicaciones entre Daiana y Suárez, los testimonios y otros indicios reunidos por la Fiscalía. En abril de 2023 comenzó el debate oral ante un tribunal integrado por Dante Ibáñez, Rafael Macoritto y Diego Lammoglia. Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Gerardo Arch y Osvaldo Martínez Terán, sostuvieron que el acusado había preparado el encuentro mediante engaños y que su insistencia en mantenerlo oculto demostraba una conducta deliberada.
Durante los alegatos, la acusación también hizo referencia a escritos atribuidos a Suárez y a otros elementos que, según su interpretación, permitían reconstruir su comportamiento hacia la adolescente. La defensa rechazó las acusaciones y el imputado sostuvo su inocencia. Finalmente, el 2 de mayo de 2023, el tribunal lo condenó por unanimidad a prisión perpetua por privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por mediar violencia de género. La sentencia estableció su responsabilidad penal por el femicidio, pero no permitió localizar los restos ni reconstruir con certeza el destino físico del cuerpo.
Junio de 2026: una madre que sigue reclamando respuestas
El paso del tiempo no hizo desaparecer el reclamo de la familia. El 3 de junio de 2026, durante una nueva movilización de Ni Una Menos en la plaza Independencia, la madre de Daiana volvió a hablar públicamente sobre la desaparición. Su testimonio, puso de manifiesto la distancia que existe entre una condena judicial y la necesidad de conocer el destino de una persona desaparecida. La mujer recordó que había transcurrido casi una década sin recuperar el cuerpo de su hija y expresó su convicción de que Suárez no habría actuado solo. También pidió que quienes pudieran conocer detalles de lo sucedido aportaran información. Sus declaraciones reflejan las sospechas y el dolor de la familia, pero no constituyen una prueba de participación de terceros.
La investigación pública disponible no permite afirmar que otras personas hayan sido condenadas por intervenir en el femicidio ni que exista una organización criminal acreditada detrás de la desaparición.
El caso presenta, además, una particularidad administrativa: pese a la condena por femicidio, Daiana continúa figurando en el registro nacional de personas buscadas del Ministerio de Seguridad. Una de las fichas oficiales consultadas mantiene vigente la solicitud de información y publica una recompensa de tres millones de pesos para quienes aporten datos que permitan establecer su paradero.
A nueve años de la desaparición, el expediente deja dos dimensiones claramente diferenciadas. La primera es la responsabilidad penal de Darío Javier Suárez, establecida por el tribunal que lo condenó a prisión perpetua en mayo de 2023. La segunda es la búsqueda de Daiana, cuyo cuerpo no había sido recuperado según la información pública más reciente localizada. Entre ambas permanecen interrogantes que justifican una revisión periodística de las actuaciones: qué ocurrió finalmente con las muestras recogidas en la ladrillera, cuál fue el resultado de las investigaciones sobre posibles colaboradores, si se realizaron nuevos rastrillajes después de la sentencia y qué medidas se encuentran disponibles para obtener información sobre el destino de los restos.
También resta verificar si la condena adquirió firmeza y si existieron decisiones posteriores de tribunales superiores, ya que no fue posible localizar una resolución judicial pública que permita confirmar esos extremos.
La historia de Daiana Garnica comenzó con una adolescente que salió de su casa para acompañar a un vecino a realizar una compra y nunca volvió. Durante años, Tucumán siguió una investigación atravesada por versiones, sospechas, allanamientos y controversias sobre las pruebas. La Justicia finalmente condenó a un hombre por su femicidio, pero la familia continúa sin poder despedirla. El caso demuestra que una sentencia penal puede establecer responsabilidades sin resolver todas las consecuencias de un crimen y que la búsqueda de los restos de una víctima constituye una obligación que no debería desaparecer de la agenda institucional ni de la memoria pública.
Nueve años después, el nombre de Daiana Garnica sigue asociado a una pregunta que la condena no consiguió responder: dónde está su cuerpo y quién puede aportar la información que permita encontrarlo.
