Las máquinas están trabajando. Hay retroexcavadoras en ríos, camiones retirando sedimentos, operarios limpiando canales y cuadrillas revisando imbornales. Sería incorrecto afirmar que en Tucumán no se hizo nada para enfrentar una nueva temporada de lluvias.
Pero esa constatación abre una pregunta bastante más amplia: ¿alcanza lo que se hizo?
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa qué tipo de trabajos predominan. Limpieza, dragado, perfilado, retiro de sedimentos, alteo de márgenes, apertura de cauces y mantenimiento de desagües son indispensables, pero en gran medida son intervenciones de mitigación. Sirven para recuperar capacidad de escurrimiento y reducir riesgos. No necesariamente solucionan los problemas estructurales que la provincia arrastra desde hace décadas.
Y esa diferencia es central ante un escenario en el que distintos especialistas vienen advirtiendo sobre la posibilidad de una temporada de lluvias intensa.
Hay, además, una precisión necesaria. Al 30 de septiembre de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional todavía no publicó un pronóstico climático trimestral correspondiente a diciembre de 2026, enero y febrero de 2027. El informe trimestral oficial vigente comprende septiembre, octubre y noviembre. Por eso, expresiones como “Súper Niño” deben tomarse como una denominación periodística y no como una categoría oficial del SMN.
La incertidumbre meteorológica, sin embargo, no elimina un dato comprobable: Tucumán ya sufrió inundaciones graves durante este mismo año y varias de las vulnerabilidades que quedaron expuestas entonces siguen condicionando la capacidad de respuesta.
Provincia: obras y mantenimiento, pero los problemas estructurales siguen ahí
El Gobierno de Osvaldo Jaldo exhibe números para defender su política preventiva.
El Ministerio de Obras Públicas informó que durante 2026 se retiraron más de 10.000 metros cúbicos de material del Canal Sur, que se contrataron más de 12.000 horas máquina y que las inversiones vinculadas con infraestructura hídrica alcanzaron los $12.000 millones.
También están documentadas intervenciones sobre los ríos Salí, Lules, Marapa, Chico, Santa María y Chirimayo, además de canales y arroyos de distintas localidades.
Los trabajos existen. El problema aparece cuando se compara ese despliegue con la magnitud del déficit acumulado.
En La Madrid, por ejemplo, las inundaciones de marzo obligaron a romper en tres sectores la ruta nacional 157 para permitir que el agua saliera del pueblo. La propia Provincia reconoció posteriormente que la localidad está asentada en una depresión natural y que tanto la ruta como el terraplén ferroviario funcionan como barreras para el escurrimiento.
Seis meses después, todavía se ejecutan trabajos sobre el río Marapa y adecuaciones vinculadas con el drenaje de la ruta.
La pregunta, entonces, no es solamente cuánto sedimento se retiró o cuántas máquinas están trabajando. Es por qué un problema conocido desde hace años continúa dependiendo, en buena medida, de intervenciones realizadas cuando la próxima temporada de lluvias ya está a las puertas.
El propio Jaldo admitió esta semana que será necesario poner “mucho más esfuerzo” y realizar “mucha más inversión”.
La declaración tiene una segunda lectura inevitable: si hace falta mucho más, significa que lo realizado hasta ahora no cierra la discusión sobre la vulnerabilidad hídrica de la provincia.
A esto se suma otro problema señalado por especialistas: Tucumán continúa sin una autoridad única de cuenca que concentre planificación, prioridades y ejecución. Provincia, municipios, comunas, Vialidad, organismos hídricos y Nación intervienen sobre distintas partes de un mismo sistema.
El agua, naturalmente, no reconoce esas jurisdicciones.
Capital: limpiar 1.800 imbornales no reemplaza las obras que faltan
En San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla puso buena parte del foco después del último temporal en la basura acumulada en desagües.
La intendenta afirmó que los más de 1.800 imbornales de la ciudad habían sido revisados y limpiados antes de las lluvias. Después de la tormenta, las cuadrillas volvieron a encontrar botellas, bolsas, plásticos e incluso colchones obstruyendo canales y bocas de tormenta.
El problema existe y la responsabilidad ciudadana es indiscutible. Tirar residuos en la calle o dentro de los canales reduce la capacidad de drenaje y puede transformar una lluvia intensa en un anegamiento mucho más grave.
Una ciudad preparada para lluvias intensas no puede depender exclusivamente de que cada imbornal permanezca libre durante una tormenta ni de colocar personal junto a las bocas de desagüe cuando existe una alerta.
El Municipio ejecuta junto con la Provincia una obra hidráulica importante en el barrio 360 Viviendas, que contempla aproximadamente 3.000 metros de canales y la reconstrucción de alcantarillas. En julio se informó un avance del 60%.
Es una intervención concreta, pero también muestra la escala del desafío: mientras un sector recibe una obra estructural, buena parte del resto de la Capital continúa dependiendo de una red antigua, mantenimiento permanente y operativos de emergencia.
Después de casi tres años de gestión municipal, discutir la infraestructura pluvial forma parte inevitable del balance de la administración Chahla.
Puede haber basura. Puede existir vandalismo. Puede faltar colaboración de los vecinos.
Pero la planificación, ampliación y mantenimiento de la infraestructura urbana sigue siendo una responsabilidad pública.
Nación: rutas que funcionan como diques y obras que atraviesan jurisdicciones
La responsabilidad tampoco termina en la Provincia o en los municipios.
La situación de La Madrid muestra con claridad qué ocurre cuando una inundación atraviesa diferentes niveles del Estado.
La ruta nacional 157 funciona como un terraplén junto al pueblo. Durante las inundaciones de marzo debió ser abierta en tres lugares para permitir la salida del agua. Posteriormente, el Gobierno provincial reclamó intervenciones vinculadas con nuevas alcantarillas y mayor capacidad de drenaje.
Las obras de readecuación llegaron hasta septiembre.
El caso sintetiza un problema mayor: una obra vial nacional puede transformarse en una barrera hidráulica local, mientras las soluciones requieren acuerdos entre organismos provinciales y federales.
Algo parecido ocurre con proyectos que dependen de financiamiento nacional. En Tucumán quedaron intervenciones inconclusas después de la paralización de programas de obra pública nacional. Uno de los casos fue un proyecto sobre un tramo del Canal Sur iniciado años atrás bajo Argentina Hace II, cuyo contrato terminó encaminado hacia la rescisión después de quedar con aproximadamente un 30% de ejecución.
No toda esa obra tenía carácter estrictamente hidráulico, por lo que sería incorrecto presentarla como la solución que hubiera evitado inundaciones. Pero su historia refleja otro problema: proyectos que comienzan bajo una administración, quedan paralizados bajo otra y finalmente pasan años sin completarse.
Mientras Provincia, Capital y Nación discuten competencias, presupuestos y responsabilidades, el agua sigue recorriendo exactamente las mismas cuencas.
Ese es posiblemente el dato más preocupante de cara al próximo verano.
No puede afirmarse que Tucumán llegue sin trabajos preventivos. Hay máquinas, limpieza, dragados, defensas y algunas obras estructurales.
Pero tampoco puede reducirse el problema a limpiar canales antes de una tormenta.
La vulnerabilidad hídrica tucumana es el resultado de décadas de urbanización, ocupación de zonas inundables, infraestructura insuficiente, rutas y terraplenes que interfieren con el drenaje y una planificación dividida entre distintas jurisdicciones.
Por eso, cuando vuelva a llover fuerte, la discusión no debería empezar preguntando solamente cuántos colchones aparecieron dentro de un canal.
También habrá que preguntar qué obras estructurales estaban pendientes, cuáles se terminaron, cuáles no, quién debía ejecutarlas y cuánto tiempo pasó desde que el riesgo era conocido.
Porque las inundaciones pueden producirse por lluvias extraordinarias.
Que los problemas conocidos sigan esperando soluciones ya pertenece a otro terreno: el de las decisiones públicas.
