La pulseada entre Osvaldo Jaldo y Carlos Cisneros encontró un nuevo escenario en la Caja Popular de Ahorros. Esta vez, el capítulo pasa por una contratación directa realizada durante la etapa en la que el sector político y sindical vinculado al diputado nacional tenía una fuerte gravitación sobre la institución: el Tribunal de Cuentas puso bajo análisis más de $300 millones pagados a un estudio jurídico y dejó abierta la posibilidad de determinar responsabilidades patrimoniales si se comprueba un perjuicio para el Estado.
El Acuerdo N° 2855, fechado el 6 de agosto, analiza la contratación del estudio Saravia Frías Abogados S.C., aprobada en marzo de 2025 por la entonces conducción de la Caja. El vínculo fue posteriormente declarado de “nulidad absoluta e insanable” por las nuevas autoridades y los desembolsos realizados quedaron ahora bajo la lupa del organismo de control.
La cuestión administrativa tiene una lectura inevitablemente política. La operación cuestionada pertenece a la gestión encabezada por José César Díaz, dirigente identificado con el esquema que durante años orbitó alrededor de Cisneros en la Caja Popular. La actual conducción, puesta en funciones por Jaldo, viene revisando decisiones adoptadas durante aquella etapa y avanzando con anulaciones, sumarios y pedidos de documentación.
Así, lo que formalmente aparece como una discusión sobre contrataciones, controles y fondos públicos se transforma en otro episodio del enfrentamiento que atraviesa al peronismo tucumano: el jaldismo avanza sobre uno de los principales territorios de poder que durante años estuvo vinculado al cisnerismo.
Una contratación de la gestión vinculada a Cisneros que terminó anulada
La contratación comenzó durante la gestión anterior y fue autorizada mediante una resolución del 25 de marzo de 2025. El estudio Saravia Frías fue convocado para brindar asesoramiento jurídico y estratégico en asuntos vinculados con el Banco Central.
Según reconstruyó el Tribunal de Cuentas, el procedimiento se inició a partir de una propuesta formulada por el propio estudio en diciembre de 2024. A partir de allí, el entonces interventor José César Díaz instruyó avanzar mediante una contratación directa.
El expediente cuestiona precisamente esa decisión.
Entre las objeciones aparecen la falta de una fundamentación suficiente para apartarse de un procedimiento competitivo, la inexistencia de un presupuesto base, honorarios cotizados en dólares y montos que superaban los límites establecidos incluso para otras modalidades de contratación.
También se puso en duda que existieran razones de urgencia, imprevisibilidad o exclusividad técnica que justificaran contratar directamente a ese estudio.
El dato político es que todo ocurrió durante la conducción de Díaz, quien históricamente estuvo vinculado al sector de Cisneros y había llegado originalmente a la intervención durante la administración de Juan Manzur.
Hay, sin embargo, un antecedente que forma parte de la historia del caso: cuando Jaldo asumió la Gobernación en 2023 decidió mantener a Díaz al frente de la institución. Incluso encabezó públicamente su puesta en funciones junto con Darío Amatti. Cisneros estuvo presente en aquel acto.
Esa convivencia política quedó atrás.
Con el correr del tiempo, la relación entre Jaldo y Cisneros se deterioró hasta desembocar en una disputa abierta por el control político de la Caja. En enero de este año, el gobernador puso en funciones una nueva conducción encabezada por Guillermo Norry y Antonio Bustamante. Desde entonces comenzaron a revisarse decisiones adoptadas durante la administración anterior.
El expediente del estudio Saravia Frías se incorpora ahora a esa auditoría sobre la herencia recibida.
$300 millones pagados y dudas sobre qué recibió la Caja a cambio
El punto más sensible del Acuerdo aparece cuando el Tribunal detalla los desembolsos.
El estudio facturó un total de $308.011.131,75. De esa cifra, la Caja Popular llegó a pagar $300.306.456,75, mientras quedaron pendientes otros $7.704.675.
Los desembolsos incluyeron $293,2 millones en honorarios y poco más de $7 millones correspondientes a traslados y viáticos.
Pero el problema no es únicamente cuánto se pagó. La investigación deberá establecer qué servicios concretos recibió la institución como contraprestación.
Las actuaciones administrativas mencionadas por el Tribunal señalan que en el expediente no habría documentación suficiente para demostrar la efectiva prestación de los servicios. Los pagos se habrían realizado sobre la base de facturas o recibos, pero sin informes de gestión, certificaciones, resultados o avances que acreditaran cada tarea realizada.
La intervención actual llegó incluso a describir parte de los trabajos cuestionados como una actividad “inexistente, superpuesta y/o de imposible cumplimiento”.
También se detectó una eventual superposición con servicios jurídicos que anteriormente habían sido asignados a otro abogado. El expediente sostiene que existía una importante similitud en las tareas encomendadas, aunque los honorarios establecidos para Saravia Frías eran considerablemente superiores.
Otro elemento que llamó la atención fue una gestión relacionada con una multa de $108 millones. Según las actuaciones citadas, la sanción ya había sido abonada antes de la contratación y, pese a ello, se contrató asesoramiento para procurar dejarla sin efecto. Los honorarios terminaron siendo sustancialmente superiores al valor histórico de aquella multa.
El Tribunal también recoge cuestionamientos sobre trámites ante el Banco Central que podían realizarse virtualmente, mientras que la Caja afrontó gastos y honorarios vinculados con gestiones en Buenos Aires.
Ahora deberá establecerse si efectivamente existió una contraprestación útil y comprobable por los más de $300 millones desembolsados.
Jaldo revisa la herencia de la Caja y profundiza la ruptura con Cisneros
La decisión tiene impacto político porque no aparece como un episodio aislado.
Desde el cambio de conducción, distintas resoluciones adoptadas durante la gestión anterior comenzaron a ser revisadas. Contrataciones, designaciones y movimientos administrativos de la etapa vinculada al cisnerismo fueron quedando bajo observación y, en algunos casos, terminaron anulados.
La Caja Popular fue durante años uno de los principales espacios de influencia política de Cisneros, dirigente de La Bancaria y diputado nacional. Esa gravitación convirtió a la institución en una pieza particularmente sensible cuando la relación con Jaldo comenzó a deteriorarse.
El gobernador decidió modificar la conducción y desde entonces la nueva administración viene avanzando sobre decisiones heredadas. Cada expediente que aparece agrega tensión a una pelea que ya dejó de disimularse puertas adentro del peronismo.
El Acuerdo 2855 va todavía más allá porque el Tribunal de Cuentas dejó expresamente establecido que la anulación del contrato no significa que los pagos realizados hayan sido regulares.
Por ese motivo reclamó que la Caja remita, una vez concluida la información sumaria, el detalle completo de las operaciones: fechas, montos, órdenes de pago, comprobantes y pruebas sobre los servicios que efectivamente habría brindado el estudio.
Además pidió individualizar a los agentes y funcionarios que autorizaron, liquidaron, certificaron y concretaron cada desembolso.
Ese punto abre una nueva etapa. Si se determina que existió un daño al patrimonio estatal, el Tribunal está facultado para establecer responsabilidades y eventualmente avanzar con un juicio de responsabilidad contra quienes hayan participado.
La pelea Jaldo-Cisneros encuentra así otro capítulo en la institución que durante años fue identificada como uno de los principales bastiones políticos del dirigente bancario.
Esta vez son más de $300 millones los que quedaron bajo análisis. Y mientras el Tribunal intenta determinar qué ocurrió con esos fondos, el jaldismo continúa desmontando y revisando decisiones de una etapa de la Caja asociada al poder que supo construir Cisneros dentro del organismo.
