Cada vez que los indicadores educativos de Tucumán muestran dificultades aparecen explicaciones conocidas: pobreza, desigualdad, falta de inversión, problemas de infraestructura y un sistema sometido a fuertes tensiones sociales. Todos esos factores existen y condicionan el aprendizaje. Pero un nuevo estudio plantea una pregunta mucho más incómoda para el Gobierno provincial: ¿qué pasa cuando esas desventajas se tienen en cuenta y, aun así, los resultados siguen estando por debajo de lo que podría esperarse?
Eso es lo que plantea el Índice de Gestión Educativa Provincial elaborado por EDULAB, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). El trabajo no se limita a comparar qué provincia obtiene mejores resultados, sino que intenta calcular qué nivel educativo podría alcanzar cada jurisdicción según sus condiciones sociales y los recursos que tiene disponibles, y luego compara esa estimación con lo que realmente ocurre. En ese análisis, Tucumán aparece en el lugar más desfavorable. Según el modelo, alrededor del 50,6% de los niños y jóvenes tucumanos debería permanecer escolarizado y alcanzar los aprendizajes mínimos considerados por el estudio, pero el resultado observado fue de apenas 42,7%.
La diferencia es importante porque cambia el eje de la discusión. El problema no sería solamente que Tucumán tiene malos resultados educativos, sino que obtiene menos de lo que podría obtener aun considerando sus dificultades económicas, sociales y presupuestarias.
La pobreza explica una parte, pero no todo
Tucumán tiene problemas sociales profundos y menos recursos por alumno que varias de las provincias más ricas del país. También cuenta con una matrícula importante y con miles de estudiantes que viven en hogares atravesados por dificultades económicas que impactan directamente en sus trayectorias escolares. Sería injusto ignorar ese contexto. El punto es que IDESA no lo ignora.
El índice incorpora variables como pobreza, ruralidad, inversión por estudiante y participación de la matrícula estatal para intentar establecer qué resultados serían razonables en cada provincia. Y justamente allí aparece la señal de alarma para Tucumán: aun después de considerar esas desventajas, los resultados quedan por debajo de lo esperado.
Esto no significa que un ranking pueda explicar por sí solo por qué ocurre. No permite afirmar automáticamente que el problema esté en los docentes, en los directores, en la infraestructura, en el ausentismo o en la distribución del presupuesto. Pero sí obliga a mirar con más atención la gestión del sistema. ¿Cómo se distribuyen los recursos? ¿Qué se hace con las escuelas que tienen peores resultados? ¿Cómo se acompaña a los alumnos que empiezan a quedar rezagados? ¿Qué uso se hace de las evaluaciones? ¿Las políticas que se anuncian logran realmente modificar lo que pasa dentro del aula?
La pregunta, en definitiva, es bastante sencilla: si Tucumán tiene determinadas condiciones y determinados recursos, ¿por qué obtiene menos resultados de los que debería?
Un problema que también alcanza a la actual gestión
El Ministerio de Educación, encabezado por Susana Montaldo, viene desarrollando programas de alfabetización, capacitación docente, innovación y análisis de información educativa. Durante septiembre, por ejemplo, la cartera reunió a supervisores y equipos técnicos para trabajar sobre los resultados de las pruebas Aprender y sobre herramientas que permitan tomar decisiones a partir de datos concretos. El propio nombre de una de esas jornadas, “Comprender para transformar”, expresa una idea correcta: primero hay que conocer el problema para poder modificarlo.
El Gobierno también suele destacar experiencias exitosas, alumnos premiados, participación en olimpíadas, ferias de ciencias y proyectos educativos. Esos logros existen y deben ser reconocidos. Pero no alcanzan para describir el funcionamiento general del sistema. Una provincia puede tener estudiantes destacados, docentes excelentes y escuelas que funcionan muy bien y, al mismo tiempo, presentar problemas serios en sus indicadores generales.
Ahí es donde el informe de IDESA adquiere relevancia. No porque permita responsabilizar exclusivamente a una gestión de problemas que vienen de hace décadas, sino porque una parte importante de los datos utilizados corresponde a los últimos años. Susana Montaldo conduce Educación desde diciembre de 2023 y Osvaldo Jaldo gobierna la provincia desde octubre de ese año. Por lo tanto, tampoco puede presentarse la situación como si fuera completamente ajena a la actual administración.
La pregunta que queda para Jaldo y Montaldo
El informe tiene límites y el propio IDESA los reconoce. Su índice no mide de manera directa ni exclusiva la calidad de una gestión educativa. Es un modelo estadístico y puede haber factores que no estén contemplados. Por eso, decir simplemente que Tucumán tiene “la peor gestión educativa del país” puede resultar demasiado categórico si se toma el estudio como una sentencia definitiva.
Pero tampoco tendría sentido descartarlo. El dato principal sigue siendo incómodo: con sus dificultades sociales, con su nivel de pobreza y con los recursos de los que dispone, Tucumán podría estar consiguiendo mejores resultados educativos de los que consigue.
Eso cambia la discusión porque ya no alcanza solamente con señalar la pobreza, la falta de recursos o las desigualdades históricas. Todo eso importa, pero el estudio intenta incorporarlo. Lo que queda entonces es mirar hacia adentro del sistema y preguntarse qué funciona, qué no funciona y qué se está haciendo para corregirlo.
La discusión de fondo no debería quedar atrapada entre quienes usan un ranking para atacar al Gobierno y quienes intentan minimizarlo porque resulta incómodo. Hay una pregunta mucho más importante: ¿qué está haciendo Tucumán con los recursos educativos que tiene?
Y esa es una respuesta que deberán dar tanto el Ministerio de Educación como el Gobierno provincial.
