Dos armas de fuego dentro de escuelas tucumanas en menos de 48 horas. Un disparo que, por centímetros, no terminó en tragedia. Una adolescente que llegó a clases con un revólver cargado porque, según declaró, había sido amenazada por sus compañeros. Y un antecedente ocurrido apenas cuatro meses atrás, cuando otro estudiante ingresó a un colegio con seis balas.
Los episodios empiezan a ser difíciles de presentar como hechos aislados.
Este jueves, una adolescente de 15 años ingresó a la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez, en Alderetes, con un revólver entre sus pertenencias. El arma tenía capacidad para ocho cartuchos: seis estaban operativos y otros dos habían sido percutados. La joven sostuvo ante los investigadores que había recibido amenazas de compañeros y que decidió llevar el arma por temor a lo que pudiera suceder a la salida.
No hubo disparos dentro del establecimiento. Pero el episodio ocurrió apenas dos días después de lo sucedido en la Escuela Secundaria Congreso, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.
Allí, un adolescente de 14 años llevó otro revólver al aula, lo manipuló delante de sus compañeros y efectuó un disparo que terminó impactando contra una pared. Tampoco hubo heridos.
La provincia volvió a salvarse de una tragedia. La pregunta es cuánto tiempo puede depender la seguridad escolar de que una bala termine contra una pared y no contra una persona.
De más de 80 amenazas a tres alumnos con armas en cuatro meses
Lo ocurrido esta semana no apareció de la nada.
El 7 de abril, un alumno de 17 años ingresó armado a una escuela secundaria de la Capital. Llevaba un revólver cargado con seis proyectiles. El episodio fue descubierto porque otro estudiante advirtió la situación y alertó a las autoridades.
La Policía intervino y el adolescente fue reducido sin que llegara a utilizar el arma.
Después llegó una verdadera ola de amenazas de tiroteos.
Para el 21 de abril, el Ministerio Público Fiscal ya había recibido más de 80 denuncias relacionadas con intimidaciones en establecimientos educativos tucumanos. Aparecieron mensajes en baños y paredes, circularon advertencias por redes sociales y WhatsApp y varias instituciones modificaron por completo sus rutinas.
Hubo escuelas que prohibieron temporalmente el ingreso con mochilas. Otras reforzaron controles y algunas tuvieron policías dentro o en los accesos. En la Escuela de Comercio N°1, además, se encontró una navaja en la mochila de un estudiante.
La situación llegó a tal punto que el Gobierno provincial desplegó alrededor de 2.500 policías para custodiar establecimientos educativos.
Cuatro meses después, las amenazas dejaron lugar a episodios todavía más concretos: el martes un arma fue disparada dentro de un aula y este jueves apareció otro revólver cargado en poder de una estudiante.
Ya son, al menos, tres casos de alumnos que ingresaron con armas de fuego a establecimientos tucumanos desde abril.
Protocolos, gabinetes y familias: la respuesta de Montaldo
El Ministerio de Educación no permaneció formalmente inactivo ante la crisis.
La cartera encabezada por Susana Montaldo cuenta desde octubre de 2025 con una “Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Problemáticas Complejas” y, después de la ola de amenazas de abril, elaboró orientaciones específicas para actuar frente a posibles tiroteos.
También se dispuso reforzar controles de ingreso, articular con la Policía, convocar a las familias e intervenir con equipos interdisciplinarios y gabinetes pedagógicos.
Después del disparo en la Escuela Congreso, Montaldo se presentó personalmente en el establecimiento y explicó que se activaron los protocolos. Hubo intervención de autoridades escolares, equipos de orientación, Policía, Justicia y Desarrollo Social.
La ministra puso nuevamente el énfasis en la contención socioemocional de los estudiantes y en la responsabilidad de los adultos.
Ante la posibilidad de establecer controles o requisas sistemáticas para impedir el ingreso de armas, Montaldo rechazó esa alternativa.
Planteó que el sistema educativo tiene alrededor de 400.000 alumnos y que la respuesta no puede consistir en revisarlos uno por uno. Para la funcionaria, el problema debe abordarse fundamentalmente desde las familias, que tienen la responsabilidad de impedir que niños y adolescentes tengan acceso a armas.
La mirada tiene un fundamento evidente: en el caso de la Escuela Congreso, el revólver pertenecía legalmente al padrastro del adolescente.
Pero el nuevo episodio de Los Gutiérrez incorpora otra dimensión.
La alumna no habría llevado el arma para exhibirla como una travesura. Según su primera declaración, estaba amenazada por otros estudiantes y concurrió armada porque temía una agresión al salir de clases.
Si esa versión se confirma, el interrogante ya no pasa únicamente por cómo consiguió el revólver. También obliga a preguntarse qué nivel de violencia o conflicto existía previamente entre esos alumnos, si la escuela conocía las amenazas y qué mecanismos funcionaron —o fallaron— antes de que una adolescente llegara a la conclusión de que debía entrar armada a clases.
¿Alcanza con actuar después de que aparece el arma?
Ese es el punto que vuelve incómoda la discusión para el Ministerio de Educación.
Los protocolos parecen funcionar una vez que el arma ya fue descubierta: se aísla al alumno, se llama al 911, interviene la Justicia, se convoca a la familia y aparecen los equipos interdisciplinarios.
Pero los últimos hechos obligan a revisar qué está ocurriendo antes.
En abril, tras el caso del estudiante de 17 años y la proliferación de amenazas, el Gobierno anunció medidas, reforzó la presencia policial y difundió guías de actuación. En agosto, dos adolescentes volvieron a ingresar con revólveres a establecimientos educativos en apenas dos días.
El martes incluso hubo un disparo dentro de un aula.
La propia ministra reconoció que llevar un arma a una escuela es un hecho gravísimo, pero descartó los controles generalizados y sostuvo que la prevención debe apoyarse en la familia, el diálogo y los equipos de acompañamiento.
El problema es que los hechos empiezan a exigir una evaluación sobre la eficacia real de esa estrategia.
Hasta el mediodía de este jueves, en los canales oficiales consultados del Ministerio de Educación no aparecía todavía un anuncio específico de nuevas medidas provinciales a partir del episodio registrado en Los Gutiérrez.
La cartera educativa deberá decidir ahora si mantiene el mismo esquema de intervención o si la sucesión de hechos obliga a reforzar la prevención.
Porque la discusión ya no puede limitarse a qué hacer con un adolescente después de encontrarle un arma.
Hay preguntas anteriores que siguen sin una respuesta suficiente: cómo detectar conflictos graves entre estudiantes, qué controles deben existir en los establecimientos, cómo funcionan los equipos de orientación, qué seguimiento se realiza en las escuelas con episodios violentos, cuándo debe intervenir Seguridad y hasta dónde puede descargarse sobre las familias una problemática que ya atravesó las puertas de las aulas.
En Tucumán, en cuatro meses, hubo más de 80 denuncias por amenazas de tiroteos y al menos tres estudiantes ingresaron armados a escuelas.
Dos de esos casos ocurrieron esta misma semana.
Hasta ahora no hubo muertos ni heridos.
Pero, después de un disparo en un aula y otro revólver cargado descubierto 48 horas más tarde, confiar en que la próxima bala también termine contra una pared ya no puede ser una política de prevención.
