Una serie de irregularidades alrededor de la situación procesal de Javier “Chuky” Casanova abrió un nuevo interrogante entre funcionarios judiciales y de seguridad: si el acusado había ideado una maniobra para recuperar la libertad y evitar quedar detenido por una causa que se tramita en Jujuy por el envío de 50 kilos de cocaína.
Casanova, señalado en distintas investigaciones como un presunto referente del narcotráfico en Tucumán, continuará detenido. Sobre él pesa una orden de captura emitida por el juez federal de Jujuy Esteban Eduardo Hansen el 1 de abril de 2026, que fue incorporada cinco días después a las bases de datos utilizadas por las fuerzas de seguridad de todo el país.
El dato, sin embargo, no habría sido advertido durante las últimas discusiones sobre su situación procesal en Tucumán, donde incluso se había avanzado con la posibilidad de que cumpliera arresto domiciliario.
El nombre de Casanova aparece desde hace años en distintos expedientes judiciales. Fue detenido en septiembre de 2025 luego de ser acusado inicialmente de participar de una balacera. Durante el procedimiento realizado en su vivienda, los investigadores encontraron 34 gramos de cocaína y un arma de fuego.
Posteriormente, el fiscal Mariano Fernández determinó que no había intervenido en el tiroteo y dispuso su sobreseimiento por ese episodio. Sin embargo, lo imputó por portación ilegal de arma y remitió antecedentes a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo ante las sospechas de que podía estar vinculado con la venta de drogas y posibles maniobras de lavado de activos.
El pedido de captura que no apareció en los planteos por su libertad
La investigación por drogas quedó inicialmente en manos del fiscal José Sanjuán, quien consideró que Casanova podía tener una participación que excedía el narcomenudeo. Entre los elementos incorporados surgieron indicios sobre un cargamento de más de 56 kilos de marihuana secuestrado cuando el acusado ya estaba detenido, además de denuncias que lo señalaban como supuesto proveedor de redes dedicadas a la venta minorista de estupefacientes.
Sanjuán se declaró incompetente en diciembre y remitió las actuaciones a la Justicia Federal.
Mientras el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz avanzaba con ese expediente, desde Jujuy se ordenó la detención de Casanova en una investigación diferente.
La causa se originó a partir de un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 20 de agosto de 2025, cuando fueron encontrados 50 kilos de cocaína en un camión. En el operativo quedaron detenidos Aldo Alfredo Ochoa, propietario del vehículo; Víctor Tabarcachi, conductor; y Julián Haydee, acompañante.
Los investigadores jujeños sostienen que la droga pertenecería a una organización presuntamente encabezada por Casanova. A raíz de esos elementos, Hansen ordenó su captura.
Pese a que la medida permanecía vigente, en los trámites posteriores realizados en Tucumán para modificar las condiciones de detención de “Chuky” no se habría mencionado esa situación.
La circunstancia generó cuestionamientos debido a que la existencia de otra investigación penal y de una orden de detención puede ser valorada al momento de analizar el riesgo procesal de un acusado.
Del juicio abreviado al arresto domiciliario
En paralelo, el defensor Fernando Sánchez Domínguez propuso cerrar la causa federal tramitada en Tucumán mediante un juicio abreviado.
Vehils Ruiz consideró posible avanzar con esa salida luego de evaluar que los elementos reunidos no permitían acreditar una comercialización de estupefacientes ni relacionar suficientemente a Casanova con el cargamento de 56 kilos de marihuana.
El 27 de julio las partes acordaron que el acusado reconocería su responsabilidad y aceptaría una pena de tres años de prisión efectiva. Además, se pactó el decomiso de una camioneta, dos motocicletas, un automóvil y un teléfono celular.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez, sin embargo, no remitió inmediatamente el acuerdo al Tribunal Oral Federal. Consideró que todavía debían producirse medidas de prueba y planteó diferencias respecto de la calificación legal propuesta. También señaló que estaba pendiente una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones sobre un planteo presentado por la defensa.
Antes de que transcurriera un mes desde el acuerdo, Sánchez Domínguez solicitó la excarcelación de Casanova. El fiscal se opuso a que recuperara la libertad, aunque avaló la posibilidad de que cumpliera arresto domiciliario en una vivienda del barrio Oeste II.
Díaz Vélez dispuso que la medida sólo pudiera concretarse una vez colocada una tobillera electrónica. Ahora, según fuentes judiciales citadas en el material que dio origen a esta nota, se analiza la posibilidad de revisar esa decisión a partir de los nuevos elementos relacionados con el riesgo procesal.
Un traslado médico que encendió las alarmas
El episodio que profundizó las sospechas se produjo alrededor de un pedido para trasladar a Casanova desde el penal hacia el hospital Avellaneda con el objetivo de realizarle un examen prostático.
La solicitud habría sido impulsada por el Servicio Penitenciario y dirigida al Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, pese a que la situación procesal del detenido se encontraba bajo la órbita de la Justicia Federal.
Otro aspecto que despertó dudas entre las fuentes consultadas fue que se pidiera ese tipo de estudio para un hombre de 30 años y que el procedimiento, según funcionarios del Ministerio de Seguridad, podía efectuarse dentro del penal de Benjamín Paz.
El trámite fue presentado utilizando como referencia la causa iniciada originalmente por el fiscal Sanjuán, pese a que ese expediente había sido remitido a la Justicia Federal meses antes. La jueza Ana María Iácono autorizó el traslado sin conocer, según la información disponible, todos los antecedentes procesales del caso.
La salida finalmente fue desactivada. Ahora se intenta establecer quién promovió el pedido, cuáles fueron los fundamentos médicos utilizados y por qué se acudió a la Justicia provincial para gestionar el traslado.
Desde el Ministerio de Seguridad calificaron la situación como irregular y anunciaron una investigación administrativa.
El episodio también reavivó el recuerdo de lo ocurrido en noviembre de 2025, cuando Casanova recuperó la libertad durante unas 12 horas a raíz de un presunto error administrativo.
En aquella oportunidad se había rechazado una prórroga de prisión preventiva en una de las causas, pero debía continuar detenido por otro expediente. Pese a eso, le colocaron una tobillera electrónica y fue trasladado a un domicilio.
Una trabajadora del sistema de monitoreo detectó luego que Casanova había abandonado la vivienda. La Policía inició su búsqueda y finalmente el acusado se presentó ante las autoridades.
Días después, la misma empleada denunció que desconocidos habían efectuado disparos contra el frente de su casa.
Con esos antecedentes y la aparición del pedido de captura emitido desde Jujuy, la Justicia busca ahora determinar si las últimas irregularidades fueron producto de fallas administrativas independientes o si existió una maniobra destinada a facilitar que Casanova pudiera abandonar su lugar de detención antes de quedar formalmente a disposición del magistrado que lo reclama por la causa de los 50 kilos de cocaína.
