El Consejo del Salario no logró alcanzar ayer un acuerdo para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y, ante la falta de consenso entre trabajadores y empresarios, será nuevamente el Gobierno nacional el que determine por decreto el nuevo piso salarial.
La distancia entre las propuestas quedó expuesta durante la reunión. Las centrales sindicales reclamaron que el salario mínimo se ubique, como piso, en $911.202 y plantearon que llegue a $993.300 en diciembre de 2026.
Del otro lado, los representantes empresarios ofrecieron un esquema de incrementos que llevaría el mínimo hasta apenas $468.000 en abril de 2027.
La propuesta empresaria contemplaba una suba del 1,8% para septiembre y aumentos del 1,7% mensual entre octubre y abril. El planteo quedó muy lejos de las pretensiones de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que finalmente decidieron retirarse de la reunión plenaria y dejaron al encuentro sin quórum.
Actualmente, el SMVM se ubica en $376.600 para los trabajadores mensualizados y en $1.883 por hora para quienes cobran por jornal. Ese monto surgió del cronograma de actualizaciones acordado en noviembre de 2025 y rige desde agosto.
El salario mínimo no solo funciona como referencia para establecer la remuneración básica de los trabajadores, sino que también interviene en la determinación de distintos programas sociales, prestaciones y subsidios. Por eso, su actualización tiene impacto más allá del universo de trabajadores alcanzados directamente por el piso salarial.
La discusión se produjo, además, en un escenario en el que el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, una cifra que implicaría un ingreso bruto cercano a los $1.100.000. Sin embargo, las posiciones expuestas en el Consejo del Salario quedaron muy alejadas de ese objetivo.
Tras la reunión, la CGT difundió un comunicado titulado «Sin diálogo real no hay acuerdo posible. El salario no puede ser un ingreso de pobreza», en el que cuestionó la propuesta empresaria y la actitud del Gobierno. La central obrera sostuvo que los incrementos planteados por los empleadores «apenas alcanzan para un kilo de pan» y denunció una coincidencia entre ambas posiciones.
La CGT también objetó la modalidad virtual de la convocatoria y reclamó que las comisiones del Consejo del Salario vuelvan a funcionar de manera presencial. Según la central, una instancia destinada a discutir el ingreso de los trabajadores debe garantizar un intercambio efectivo entre sindicatos, empresarios y el Estado.
La organización aclaró que su retiro del plenario no significa renunciar al diálogo, sino reclamar una negociación con propuestas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo. Mientras las partes mantienen sus diferencias, el Gobierno deberá ahora establecer por decreto cuánto aumentará el salario mínimo y cuál será su evolución durante los próximos meses.
Desde ATE mencionaron sin tapujos que «el Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer. Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno».
