Un nuevo capítulo de sospechas sacude a la Justicia Federal de Tucumán. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla denunció a los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal por un supuesto “operativo de limpieza” en el que se habrían destruido documentos, armas, bienes secuestrados y pruebas vinculadas a causas todavía abiertas o no concluidas.
Según la presentación, el procedimiento habría afectado material almacenado desde hacía décadas en los subsuelos del edificio judicial de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Entre los expedientes mencionados aparecen causas de enorme impacto público, como la investigación por el robo de la Ciudad Universitaria de la UNT y el expediente contra integrantes del Clan Ale por asociación ilícita y lavado de activos provenientes de la trata de personas y el narcotráfico.
Una denuncia que apunta al corazón del resguardo judicial
Del Sueldo Padilla afirmó que tenía a su cargo desde hace más de tres décadas la custodia de los elementos secuestrados que ingresaban al tribunal. Según su versión, cada prueba era recibida, rotulada, inventariada y preservada para garantizar su disponibilidad durante los juicios.
El conflicto habría comenzado cuando se ordenó retirar material acumulado en el subsuelo. El secretario sostuvo que se opuso porque entendía que la medida podía violar los procedimientos legales de conservación de pruebas. También aseguró que advirtió que allí había elementos pertenecientes a causas en trámite, expedientes con sentencias no firmes y procesos que todavía no podían considerarse cerrados.
La denuncia quedó radicada en la Justicia Federal y alcanza a los jueces subrogantes Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Cristina Giordano. Ahora deberá determinarse si efectivamente se destruyeron pruebas judiciales, quién ordenó el procedimiento y si existió algún control previo sobre el material descartado.
Cerisola, la UNT y una causa que vuelve a quedar bajo sombra
Uno de los expedientes que aparece mencionado es el vinculado al exrector de la Universidad Nacional de Tucumán Juan Alberto Cerisola, condenado en el marco de la causa por irregularidades en obras relacionadas con la Ciudad Universitaria de San Javier.
De acuerdo con la denuncia, en el subsuelo del Tribunal Oral Federal habría existido documentación y pericias de ingeniería civil vinculadas a ese caso. El temor es que parte de ese material haya quedado comprometido o directamente haya sido eliminado durante el operativo.
La gravedad del señalamiento no radica sólo en el valor histórico del expediente, sino en lo que representa para la UNT y para Tucumán: una causa atravesada por denuncias de desvío de fondos, obras inconclusas y responsabilidades institucionales que durante años quedaron envueltas en demoras, silencios y recortes judiciales.
El Clan Ale y el riesgo de borrar rastros de causas emblemáticas
La denuncia también menciona material vinculado a investigaciones contra el Clan Ale, uno de los grupos más nombrados en causas federales por lavado de activos, trata de personas, narcotráfico y vínculos con sectores del poder político, económico y judicial.
Según la información difundida, en el subsuelo se guardaban armas de fuego, dinero, teléfonos celulares, computadoras, estupefacientes, precursores químicos y documentación perteneciente a distintos procesos. La eventual destrucción de esos elementos podría afectar no sólo expedientes particulares, sino también la reconstrucción de redes de poder que durante años operaron en Tucumán bajo sospecha.
Si la denuncia se confirma, el caso dejaría al descubierto algo más grave que una negligencia administrativa: la posible pérdida de pruebas en causas que involucran a exfuncionarios, estructuras mafiosas y delitos federales de altísima sensibilidad social. En una provincia acostumbrada a ver cómo los expedientes se demoran, prescriben o se vacían de contenido, la pregunta vuelve a ser la misma: quién controla a quienes deben custodiar la prueba.
