La denuncia contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, por la presunta compra de una mansión valuada en más de un millón de dólares parece haber ingresado en una zona conocida de la política tucumana: mucho ruido inicial, impacto mediático durante unos días y luego silencio. Mientras tanto, no se conocen avances públicos relevantes sobre la investigación ni nuevas explicaciones oficiales sobre el origen de los fondos que habrían permitido concretar una operación inmobiliaria de semejante magnitud.
El caso había estallado luego de que se difundiera que la jefa municipal, de 29 años, estaría vinculada a una propiedad ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, valuada entre un millón y 1,2 millones de dólares. Según la denuncia presentada por dirigentes opositores, la operación se habría realizado en efectivo y sin registros de créditos hipotecarios que justificaran la compra.
Una causa que empezó con escándalo y ahora parece perder fuerza
La presentación judicial fue impulsada por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el ex candidato a intendente de Alberdi Luis Augier. Los denunciantes pidieron que se investigue a Graneros por presunto enriquecimiento ilícito y que se determine de dónde habrían salido los recursos para adquirir la propiedad.
También solicitaron medidas concretas, entre ellas informes a la administración del country Las Yungas y la declaración testimonial de Ariel Mendelek, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Graneros, señalado en la denuncia como una persona que habría participado en el traslado de parte del dinero utilizado para la operación.
Sin embargo, pasado el impacto inicial, no se informó públicamente si la Justicia avanzó con esas medidas, si se requirió documentación patrimonial o si la intendenta fue convocada a dar explicaciones. La falta de novedades alimenta la sensación de que el expediente corre el riesgo de enfriarse antes de producir respuestas.
La mansión de más de un millón de dólares que dejó de ser tema
El punto más sensible del caso sigue siendo la propiedad. De acuerdo con la información difundida, se trataría de una residencia en uno de los countries más exclusivos de Yerba Buena, construida sobre dos lotes y con gastos mensuales de mantenimiento que superarían el millón de pesos en expensas.
La pregunta que abrió el escándalo sigue sin respuesta pública: cómo una intendenta de un municipio con fuertes carencias sociales y de infraestructura podría justificar una operación inmobiliaria valuada en más de un millón de dólares.
El contraste es políticamente explosivo. Graneros es una localidad del sur tucumano atravesada por problemas históricos de pobreza, caminos, servicios básicos e inundaciones. Por eso, la sospecha sobre una propiedad de lujo no es un dato menor ni un asunto privado: involucra directamente la transparencia patrimonial de una funcionaria pública.
El silencio también es una forma de impunidad
El gobernador Osvaldo Jaldo había marcado una posición prudente, pero clara: sostuvo que no había que prejuzgar, aunque remarcó que la intendenta debía presentarse ante la Justicia y demostrar de dónde obtuvo los recursos. Esa frase puso el caso en el lugar correcto: la discusión no pasa por una condena anticipada, sino por la obligación de rendir cuentas.
Pero desde entonces, el tema empezó a desaparecer de la agenda. La causa se enfría en los medios, no se habla del estado real de la denuncia y la mansión de más de un millón de dólares dejó de ocupar el centro de la conversación pública.
En Tucumán, ese mecanismo ya es conocido. Primero aparece el escándalo, después la indignación, más tarde el silencio y finalmente la sospecha de que nada va a pasar. Si la Justicia no avanza y la política no exige explicaciones, el caso Graneros puede convertirse en otro expediente incómodo que pierde fuerza con el paso de los días.
La pregunta sigue abierta y es simple: qué pasó con la mansión, quién la pagó y con qué dinero. Hasta que eso no se aclare, el silencio no cierra el caso; lo agrava.
