La Legislatura recibió un nuevo proyecto para obligar a funcionarios, autoridades y candidatos a presentar declaraciones juradas patrimoniales públicas. La iniciativa apunta a prevenir el enriquecimiento ilícito y a facilitar el control ciudadano. Pero en Tucumán la pregunta incómoda aparece antes que el entusiasmo: si la provincia ni siquiera logró sancionar una ley de acceso a la información pública, ¿por qué habría que creer que esta vez el control estatal será real?
Una promesa razonable en una provincia opaca
El proyecto impulsado por legisladores radicales propone un régimen integral de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses. La idea, en los papeles, es difícil de objetar: que quienes administran recursos públicos informen qué bienes tienen al entrar, durante y al salir de la función.
El alcance también es amplio. Incluiría al gobernador, vicegobernador, legisladores, ministros, jueces, funcionarios del Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, intendentes, concejales, comisionados comunales, autoridades policiales y candidatos a cargos electivos.
El problema no está en el objetivo declarado, sino en el contexto institucional. Tucumán viene acumulando anuncios de transparencia, pero sigue sin contar con una ley provincial de acceso a la información pública plenamente vigente. Sin esa herramienta básica, cualquier promesa de control ciudadano queda debilitada desde el inicio.
Sin acceso a la información, el control queda a mitad de camino
Una declaración jurada pública puede ser un avance, pero no alcanza por sí sola. Para controlar el patrimonio de un funcionario no basta con conocer una planilla: también hacen falta datos sobre contratos, licitaciones, compras, adjudicaciones, designaciones, subsidios, proveedores y movimientos del Estado.
Ahí aparece la contradicción de fondo. La provincia discute mecanismos para transparentar bienes personales de los funcionarios, pero todavía no garantiza de manera amplia, ordenada y obligatoria el derecho ciudadano a pedir información pública.
El Gobierno provincial había presentado en 2024 un proyecto de ley de acceso a la información y lo definió como una deuda con la sociedad. Organizaciones civiles también venían reclamando ese debate. Sin embargo, la falta de una norma sancionada mantiene abierta la misma sospecha: en Tucumán la transparencia suele avanzar más rápido en los discursos que en los expedientes.
La pregunta no es si sirve, sino quién lo hará cumplir
El nuevo proyecto aparece además en un clima político marcado por denuncias y sospechas sobre enriquecimiento ilícito. Eso puede darle impulso público, pero también encierra un riesgo: que la discusión quede atrapada en la coyuntura y no derive en una reforma institucional sostenida.
Para que prospere, la ley debería tener plazos claros, publicación efectiva, sanciones por incumplimiento, organismos de control independientes y acceso sencillo para cualquier ciudadano. Sin esos requisitos, podría convertirse en otra norma declarativa: correcta en el título, débil en la práctica.
La pregunta, entonces, no es si Tucumán necesita control patrimonial. Lo necesita. La pregunta es por qué esta vez habría que creer que el sistema político va a aprobar una herramienta que limite su propia opacidad. Hasta que no se sancione también una ley robusta de acceso a la información pública, la transparencia seguirá siendo una promesa incompleta.
