La oposición tucumana volvió a cargar contra el funcionamiento del sistema judicial de la provincia y denunció la existencia de obstáculos que, según sus dirigentes, dificultan avanzar en investigaciones vinculadas con presuntos hechos de corrupción.
El nuevo capítulo de la disputa se abrió después de que el Ministerio Público Fiscal rechazara el pedido presentado por dirigentes opositores para constituirse como querellantes particulares en la causa que investiga a la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión fue adoptada por el fiscal regional de Concepción, Diego Hevia, quien fundamentó el rechazo en cuestiones procesales. Desde la oposición, sin embargo, anticiparon que recurrirán ante un juez penal para intentar revertir la resolución y conseguir una participación activa dentro del expediente.
El planteo excedió rápidamente el caso de Graneros. Referentes opositores volvieron a instalar una discusión que atraviesa desde hace años la política provincial: los mecanismos de control sobre los funcionarios públicos y la capacidad de la Justicia tucumana para investigar posibles irregularidades dentro del poder político.
La causa de Graneros vuelve a enfrentar a la oposición con el sistema judicial
La investigación comenzó el 9 de junio a partir de una denuncia vinculada con el supuesto crecimiento patrimonial de la intendenta de Graneros y la presunta adquisición de una propiedad valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, en Yerba Buena.
Dirigentes de la oposición buscaron incorporarse posteriormente al expediente como querellantes particulares, con el argumento de que pretendían aportar documentación y solicitar nuevas medidas de prueba.
El Ministerio Público rechazó esa posibilidad.
Según la resolución, el Código Procesal Penal tucumano establece que la condición de denunciante o de representante político no resulta suficiente para asumir el rol de querellante particular. La normativa reserva esa facultad principalmente para la víctima directa del delito y, en determinadas circunstancias, para personas jurídicas vinculadas con la defensa del bien jurídico afectado.
La oposición cuestionó la decisión y considera que una participación directa dentro de la causa permitiría impulsar medidas que, a su criterio, todavía no fueron realizadas.
El planteo será llevado ahora ante el Colegio de Jueces Penales, que deberá revisar la decisión adoptada por la Fiscalía.
Una crítica que apunta más allá de un expediente
El rechazo de la querella terminó convirtiéndose en una plataforma para que sectores opositores profundizaran sus cuestionamientos al sistema institucional tucumano.
Desde el radicalismo sostienen que las dificultades para intervenir en expedientes relacionados con presuntos hechos de corrupción forman parte de un problema más amplio y cuestionan tanto el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal como determinadas características del sistema procesal provincial.
La crítica apunta especialmente a la capacidad que tienen actores externos al proceso para impulsar investigaciones cuando están involucrados funcionarios públicos.
Para la oposición, el problema adquiere una dimensión política porque las sospechas de corrupción afectan recursos y bienes que pertenecen al Estado y, por lo tanto, consideran necesario ampliar las herramientas disponibles para controlar su utilización.
En ese marco, también reaparecieron cuestionamientos históricos sobre la desaparición de organismos especializados en investigaciones anticorrupción y sobre las reformas que atravesó el sistema judicial tucumano durante las últimas décadas.
El discurso opositor intenta instalar así una idea que va mucho más allá de Graneros: que el diseño institucional de la provincia dificulta el avance de investigaciones sensibles para el poder político.
La corrupción se suma a la agenda opositora rumbo a 2027
La disputa judicial también tiene una inevitable lectura política en momentos en que Tucumán comienza a transitar el camino hacia las elecciones provinciales de 2027.
Con un oficialismo que busca consolidar su estructura territorial y distintos espacios opositores intentando fortalecerse, la transparencia, el funcionamiento de los organismos de control y las investigaciones patrimoniales aparecen como temas con potencial para ingresar de lleno en la campaña electoral.
El desafío de la oposición será transformar las denuncias particulares en un discurso político que alcance al conjunto del sistema provincial y, al mismo tiempo, sostener esos cuestionamientos con actuaciones concretas ante la Justicia.
El oficialismo, por su parte, enfrenta el riesgo de que cada investigación sobre funcionarios o dirigentes cercanos al poder sea utilizada para reforzar la narrativa opositora sobre la falta de controles.
La causa contra la intendenta de Graneros queda así inserta en una discusión mucho más amplia. Mientras la Justicia deberá resolver si los denunciantes pueden intervenir directamente en el expediente, la oposición buscará utilizar el caso para profundizar uno de sus principales cuestionamientos al modelo político tucumano: quién controla al poder y qué herramientas existen para investigar posibles irregularidades dentro del Estado.
A medida que se acerque el calendario electoral, esa discusión promete ganar cada vez mayor espacio en la confrontación entre el oficialismo y sus adversarios.
