Carlos Cisneros decidió defenderse por escrito ante la Justicia Federal en una de las causas más delicadas que lo involucran. El diputado nacional negó haber utilizado su influencia política, sindical o sus vínculos con la Caja Popular de Ahorros para someter o presionar a Lourdes Parache, la joven cuya denuncia contra cuatro exjugadores de Vélez terminó derivando en una investigación federal. Sin embargo, en su presentación reconoció que intervino para acompañarla y que facilitó abogados para asistirla durante el proceso.
El escrito fue presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, donde Cisneros está siendo investigado junto con la abogada Patricia Neme y Federico Petraglia. La causa surgió como una derivación del expediente provincial en el que fueron investigados Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. Los cuatro futbolistas terminaron sobreseídos y ese pronunciamiento atravesó posteriormente las instancias de revisión hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
La Corte provincial rechazó el 11 de septiembre de 2026 una queja presentada contra las resoluciones anteriores, mediante la sentencia 1343. Ese fallo está publicado oficialmente por el Poder Judicial de Tucumán. La situación de Cisneros, sin embargo, pertenece a otro expediente: el sobreseimiento de los jugadores no equivale a una condena contra el diputado ni determina su responsabilidad en los hechos que ahora investiga la Justicia Federal.
“Acompañamiento” y abogados: lo que reconoció Cisneros
Cisneros rechazó la hipótesis planteada por la Fiscalía y sostuvo que nunca captó, condicionó, amenazó, sometió ni explotó laboralmente a Parache. Su explicación es que, al tomar conocimiento de que una trabajadora bancaria atravesaba una situación de violencia, realizó un acompañamiento sindical, facilitó asistencia jurídica y promovió una tutela institucional que, según argumentó, forma parte de las funciones de la Asociación Bancaria.
Ese punto es importante porque el diputado no niega haber tenido intervención. Lo que discute es el sentido que tuvo esa intervención. Para Cisneros, se trató de asistencia gremial. La hipótesis que investiga la Justicia Federal es diferente: procura determinar si existió un aprovechamiento de la situación laboral y de dependencia de la joven para influir sobre sus decisiones y utilizarla para otros fines.
La Fiscalía había pedido en marzo la declaración indagatoria de Cisneros, Neme y Petraglia después de analizar elementos remitidos desde la Justicia provincial. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz consideró que existían elementos suficientes para profundizar la investigación sobre posibles conductas comprendidas por la legislación contra la trata de personas. Que una persona sea citada a indagatoria significa que existe una sospecha suficiente para escuchar formalmente su defensa, pero no implica que haya sido declarada culpable.
Cisneros también cuestionó jurídicamente la figura con la que se analiza el caso. Su defensa sostiene que aun cuando se demostrara que existieron intervenciones sobre decisiones judiciales, mediáticas o estratégicas de Parache, eso no alcanzaría automáticamente para configurar explotación laboral o trata de personas. Por ese motivo pidió su sobreseimiento y, de manera subsidiaria, que se dicte falta de mérito.
La influencia sobre la Caja Popular, otro punto bajo discusión
Uno de los aspectos centrales de la investigación será determinar qué capacidad de influencia tenía Cisneros sobre personas vinculadas con la Caja Popular, donde trabajaba Parache. El diputado argumentó que nunca fue empleador ni superior jerárquico de la joven, que no decidía su salario, sus horarios ni su continuidad laboral y que, por lo tanto, no corresponde considerar que existía una relación formal de poder entre ambos.
Sin embargo, también existen declaraciones públicas del propio Cisneros que forman parte del debate sobre su nivel de influencia política alrededor de la entidad. En junio pasado reconoció públicamente haber recomendado a José César Díaz para conducir la Caja Popular durante la gestión de Juan Manzur y relató que transmitía al entonces interventor determinadas posiciones del exgobernador.
Esto tampoco prueba por sí mismo que Cisneros haya cometido un delito. Recomendar a un funcionario o mantener influencia política sobre una institución no demuestra que haya impartido órdenes relacionadas con el expediente judicial. Pero sí vuelve relevante determinar cuál era el verdadero alcance de sus vínculos con quienes participaron posteriormente en la asistencia jurídica y en las decisiones que rodearon a Parache.
Ese es uno de los puntos que deberá reconstruir la investigación federal: quién tomó cada decisión, quién eligió o acercó a los abogados, qué grado de autonomía conservaba la joven y si existieron presiones vinculadas con su relación laboral o sindical.
Una causa que todavía debe determinar responsabilidades
El expediente tiene además una particularidad que obliga a ser cuidadosos con las conclusiones. La causa original contra los cuatro jugadores de Vélez terminó con sus sobreseimientos. El juez Augusto Paz Almonacid consideró que los elementos analizados no permitían sostener la acusación por abuso sexual y posteriormente esas decisiones fueron revisadas por tribunales superiores. En ese proceso surgieron elementos que motivaron la remisión de antecedentes a la Justicia Federal.
Pero una cosa es el resultado de aquella causa y otra, diferente, determinar si detrás de las actuaciones posteriores existió una maniobra delictiva y quiénes participaron de ella.
Cisneros sostiene que su actuación fue sindical, niega haber sometido a Parache y considera que la investigación está dando una interpretación penal incorrecta a esa intervención. La Fiscalía, por su parte, consideró que existen elementos que justifican investigar si hubo captación, abuso de autoridad o aprovechamiento de una relación de dependencia.
Ahora será el Juzgado Federal el que deberá evaluar ambas posiciones junto con las pruebas reunidas. También deberá decidir si acepta el pedido de sobreseimiento formulado por el diputado, dicta otra resolución procesal o considera necesario profundizar la investigación.
Por eso, pese al ruido político que rodea el caso, todavía hay una pregunta que no tiene respuesta judicial definitiva: si Cisneros simplemente acompañó a una trabajadora desde su posición sindical, como sostiene en su defensa, o si esa influencia atravesó un límite que puede tener consecuencias penales.
Eso es, precisamente, lo que la Justicia Federal tiene ahora bajo investigación.
