La posibilidad de que Osvaldo Jaldo busque su reelección como gobernador de Tucumán en 2027 se convirtió en uno de los principales focos de conflicto de la política provincial. Una presentación judicial impulsada por cuatro espacios opositores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desató una serie de declaraciones cruzadas entre funcionarios, legisladores y dirigentes de diferentes sectores. El debate gira alrededor del artículo 90 de la Constitución tucumana, que regula los períodos de gobierno y las posibilidades de reelección del gobernador y el vicegobernador. Para quienes impulsan la demanda, la normativa permitiría que una misma persona permanezca hasta 16 años consecutivos ocupando ambos cargos, algo que consideran incompatible con los principios republicanos. Desde el oficialismo, en cambio, aseguran que Jaldo se encuentra transitando su primer mandato como gobernador electo y tiene derecho a presentarse nuevamente.
El oficialismo defiende la candidatura y acusa a la oposición de querer excluir a Jaldo
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, fue una de las dirigentes que respaldó públicamente la posibilidad de un nuevo mandato del gobernador. Consideró que la oposición está trasladando a los tribunales una discusión que debería resolverse en las urnas y sostuvo que los cuestionamientos responden a la dificultad de enfrentar electoralmente al mandatario provincial. Incluso anticipó que Jaldo será el candidato del oficialismo y expresó su confianza en que conseguirá otros cuatro años de gobierno.
Una postura similar adoptó Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), quien aseguró que no existen impedimentos legales para la postulación. Su interpretación se basa en que la Constitución provincial diferencia los cargos de gobernador y vicegobernador, por lo que el período iniciado por Jaldo en 2023 sería el primero en su condición de gobernador electo. Según ese criterio, podría aspirar a una reelección consecutiva en 2027.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse también rechazó la presentación judicial y cuestionó las motivaciones políticas de sus impulsores. Afirmó que la oposición intenta dejar fuera de competencia a un adversario al que no consigue derrotar electoralmente y defendió la constitucionalidad de la disposición provincial. Además, puso en discusión la competencia originaria de la Corte Suprema nacional para intervenir en el caso, al señalar que los conflictos vinculados con las instituciones provinciales deben tramitarse, como regla general, ante los tribunales locales.
La oposición cuestiona los 16 años en el poder y reclama límites a la reelección
Del otro lado se encuentran Cambia Tucumán, el PRO, CREO y FR, los cuatro espacios políticos que impulsaron la acción judicial contra el artículo 90. Los demandantes sostienen que el sistema constitucional tucumano permite una acumulación de mandatos contraria al principio de alternancia democrática.
El legislador Manuel Courel, uno de los firmantes, explicó que la presentación no busca exclusivamente impedir una candidatura de Jaldo, sino cuestionar una disposición que, a su entender, habilita la continuidad de una misma persona en los cargos más importantes del Poder Ejecutivo durante un período excesivamente prolongado. Para respaldar su posición, mencionó el antecedente de la Corte Suprema nacional en el caso del exgobernador sanjuanino Sergio Uñac.
Courel también cuestionó la separación que plantea el oficialismo entre las funciones de gobernador y vicegobernador. Recordó que ambos integrantes son elegidos mediante una misma fórmula electoral y señaló que Jaldo ejerció la conducción del Ejecutivo provincial durante buena parte del período en el que Juan Manzur se desempeñó como jefe de Gabinete de la Nación. Desde esta perspectiva, sostuvo que no puede ignorarse esa continuidad en el ejercicio del poder.
Mariano Campero, precandidato a gobernador, también cuestionó al mandatario provincial. Consideró que el problema central no es la intención de impedirle competir, sino la posibilidad de que una persona permanezca durante 16 años consecutivos en los principales cargos ejecutivos. En su planteo, la discusión tiene consecuencias que trascienden las aspiraciones individuales porque involucra la seguridad jurídica y los límites del poder político.
La Libertad Avanza toma distancia y el manzurismo anticipa impugnaciones
En medio del enfrentamiento, La Libertad Avanza decidió no acompañar la demanda. Su referente provincial, Lisandro Catalán, explicó que el espacio no comparte la estrategia de judicializar anticipadamente el escenario electoral y consideró que las impugnaciones deben realizarse cuando se oficialicen las candidaturas, siempre que existan fundamentos jurídicos concretos. También criticó a los sectores opositores que concentran sus esfuerzos en cuestionar la continuidad de Jaldo sin presentar, según su visión, una propuesta alternativa de gobierno.
La disputa también expuso diferencias internas en el peronismo tucumano. Fernando Juri Debo, dirigente cercano a Juan Manzur, cuestionó duramente las declaraciones del gobernador y planteó que podrían existir condiciones para una intervención del Partido Justicialista provincial por parte de las autoridades nacionales. El exlegislador vinculó esa posibilidad con el acercamiento político de Jaldo al presidente Javier Milei y aseguró que el manzurismo considera que el mandatario no está habilitado para buscar otro período. En ese contexto, anticipó que podrían promoverse impugnaciones cuando se formalice su candidatura.
El enfrentamiento deja planteado un escenario de incertidumbre jurídica y política de cara a las elecciones provinciales de 2027. La controversia no se limita a determinar si Jaldo podrá presentarse nuevamente, sino que también involucra la interpretación de la Constitución tucumana, la autonomía provincial y los límites de la permanencia consecutiva en el poder. La respuesta judicial, si la Corte admite y resuelve el planteo, podría tener consecuencias decisivas sobre la conformación de las futuras candidaturas y el equilibrio de fuerzas en Tucumán.
