El juicio por el asesinato de Érika Antonella Álvarez atraviesa momentos de creciente tensión en Tucumán. Durante la cuarta jornada del debate oral, Marcelo Cosiansi, abogado defensor de Felipe “El Militar” Sosa, abandonó la sala de audiencias después de manifestar su preocupación por presuntas amenazas dirigidas contra su cliente, que tendrían como objetivo impedir que declare antes de la finalización del proceso. El episodio sorprendió a los presentes y sumó un nuevo capítulo de incertidumbre a una causa judicial que mantiene una fuerte repercusión pública.
La situación se tornó todavía más delicada cuando trascendió que la defensa de otra de las personas acusadas, Justina Gordillo, también había denunciado intimidaciones. Según se informó, las amenazas habrían alcanzado tanto a la imputada como a integrantes de su entorno familiar, incluso antes del inicio del juicio. Por el momento, no existen datos oficiales que permitan identificar a los responsables ni determinar si ambos episodios tienen alguna vinculación. A pesar de lo ocurrido, las audiencias siguieron adelante.
Un abogado se retiró de la sala y crece la preocupación por las amenazas
La reacción de Cosiansi se produjo en medio de las expectativas sobre una eventual declaración de Sosa, considerado uno de los principales acusados en el expediente. El defensor expresó su angustia ante la posibilidad de que su representado estuviera recibiendo presiones para guardar silencio, una situación cuya gravedad deberá ser evaluada por la Justicia.
Por su parte, los representantes legales de Gordillo confirmaron que realizaron una presentación ante el Ministerio Público Fiscal para informar sobre los hechos intimidatorios que habrían afectado a la acusada y a sus familiares. La existencia de dos denuncias en el marco del mismo juicio introduce una preocupación adicional: garantizar que todos los involucrados puedan ejercer sus derechos sin condicionamientos externos.
Aunque durante la investigación del homicidio surgieron referencias a posibles conexiones con el narcotráfico, hasta ahora no se acreditó que las intimidaciones denunciadas tengan relación con ese ambiente. Cualquier vinculación deberá establecerse mediante pruebas y no a partir de especulaciones.
La abogada Florencia Abdala, integrante de la defensa de Gordillo, aclaró que su equipo no recibió amenazas personales directas. Precisó que aportaron capturas de publicaciones en redes sociales que mencionaban a la imputada y a sus familiares, y que solicitaron medidas preventivas de protección. Esta aclaración permite distinguir entre las intimidaciones denunciadas y los hechos que efectivamente fueron puestos en conocimiento de las autoridades.
Sosa, su declaración pendiente y la posibilidad de un cambio de abogado
El episodio se produjo después de una jornada en la que Sosa había manifestado su intención de declarar, aunque finalmente decidió permanecer en silencio. Durante aquella audiencia también solicitó asistencia médica al afirmar que se encontraba descompuesto. Un integrante del servicio de emergencias 107 lo examinó y determinó que sus parámetros vitales eran normales, por lo que podía continuar participando del debate.
Cosiansi había señalado anteriormente que su defendido atraviesa un deterioro físico y emocional vinculado con las condiciones de detención. Según su versión, Sosa permanece aislado desde hace nueve meses y pasa aproximadamente 23 horas diarias en una celda. A este escenario se sumaron ahora las presuntas amenazas, que también afectarían al propio abogado y a su familia.
Durante su intervención ante el tribunal, el letrado dejó abierta la posibilidad de apartarse definitivamente de la defensa, aunque no formalizó una renuncia. Su colega Rubén Flores permaneció a cargo de la representación técnica del acusado, lo que permitió continuar con el desarrollo de la audiencia.
Por su parte, el juez Gonzalo Ortega, integrante del tribunal junto a María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira, ratificó la independencia de los magistrados frente a cualquier intento de presión. También señaló que las eventuales intimidaciones deberán denunciarse mediante los canales judiciales correspondientes y que la resolución del caso dependerá de las pruebas incorporadas durante el juicio.
El proceso por el crimen de Érika Álvarez continúa así bajo una atención pública creciente. Más allá de las acusaciones cruzadas y de las circunstancias que rodean a los imputados, la principal responsabilidad del tribunal será garantizar un debate sin interferencias, esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales de cada acusado. Por el momento, no se informó oficialmente sobre la implementación de custodias especiales ni sobre la identificación de posibles responsables de las amenazas denunciadas.
