La acusación lanzada por José Cano no puede leerse como una declaración más dentro de la pelea política tucumana. Al hablar de una presunta infiltración del narcotráfico en estructuras políticas locales, el legislador elevó el tono del debate público a un nivel institucional mucho más delicado: ya no se trata solamente de discutir seguridad, sino de determinar si existen vínculos, protección, financiamiento o convivencia entre organizaciones criminales y sectores del poder.
El planteo de Cano se produjo después del secuestro de 470 kilos de cocaína en Río Seco, uno de los procedimientos más importantes registrados en la provincia. Para el dirigente radical, ese decomiso no sólo expone el avance del narcotráfico en Tucumán, sino también la posible existencia de redes con llegada a estructuras municipales, políticas y económicas.
La gravedad de la acusación radica en que la palabra “narcopolítica” no describe un delito aislado. Sugiere algo mucho más profundo: que el narcotráfico podría haber dejado de operar únicamente en la clandestinidad para buscar cobertura, influencia o socios dentro del sistema institucional.
Una denuncia que compromete al sistema político
Cano vinculó el caso con dos elementos sensibles: la detención de una persona que habría tenido participación política en Famaillá y el antecedente del exintendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, quien quedó en el centro de un escándalo por declaraciones en las que se jactaba de manejar la droga en su municipio.
Esa conexión política es el corazón de la denuncia. No alcanza con secuestrar cargamentos, detener choferes o identificar vehículos. Si la hipótesis apunta a que hay actores políticos relacionados con estas redes, la investigación debe avanzar sobre una pregunta mucho más incómoda: quiénes permiten, facilitan o se benefician con el movimiento de droga en el territorio.
El riesgo institucional es enorme. Cuando el narcotráfico logra penetrar espacios de decisión, deja de ser sólo un problema policial y se convierte en una amenaza directa para la democracia. Puede financiar campañas, condicionar dirigentes, comprar protección, manipular economías locales y colonizar zonas vulnerables donde el Estado llega tarde o directamente no llega.
Por eso la acusación exige mucho más que respuestas discursivas. Requiere datos, nombres, expedientes, medidas concretas y una investigación que llegue más allá de los eslabones menores.
El decomiso que encendió todas las alarmas
El secuestro de los 470 kilos de cocaína en la ruta 157 reveló una estructura que, por volumen y logística, difícilmente pueda ser explicada como una maniobra improvisada. La droga era trasladada en una camioneta y, según la investigación, se analiza si pudo haber llegado por vía aérea a la región antes de ser movida por tierra.
La hipótesis de los vuelos narcos vuelve especialmente preocupante el escenario tucumano. Si las organizaciones criminales utilizan campos, rutas secundarias, depósitos y redes locales para “enfriar” cargamentos, entonces Tucumán podría estar cumpliendo una función estratégica como centro de acopio y distribución en el NOA.
Cano apuntó justamente contra ese punto: sostuvo que el operativo no habría sido fruto de una investigación de inteligencia criminal previa, sino de un hallazgo en un control de rutina. Esa observación, si se confirma, expone una debilidad preocupante. Un cargamento millonario no debería depender del azar para ser detectado.
La provincia necesita saber si está frente a hechos aislados o ante una infraestructura criminal instalada. La diferencia es decisiva. En el primer caso, se trata de mejorar controles. En el segundo, hay que desarmar redes completas de financiamiento, logística, protección y lavado de activos.
La Justicia, obligada a despejar sospechas
La investigación a cargo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz será clave para determinar el alcance real de la organización detrás del cargamento. Hasta ahora, los detenidos aparecen como posibles eslabones de una cadena más amplia. La gran pregunta es quiénes estaban por encima: quién financió la operación, quién ordenó el traslado, dónde se iba a acopiar la droga y qué conexiones locales tenía la estructura.
En paralelo, Cano reclamó avanzar sobre el circuito económico del narcotráfico. Esa mirada es central porque las organizaciones criminales no sólo se sostienen con armas y transporte, sino con dinero: comercios, inmuebles, vehículos, testaferros, lavado de activos y vínculos con sectores legales de la economía.
La acusación también interpela al oficialismo provincial. Frente a una denuncia de esta magnitud, el Gobierno no puede limitarse a relativizarla por provenir de un adversario político. Si Cano exagera, la Justicia deberá demostrarlo. Pero si hay elementos concretos detrás de sus dichos, el silencio o la minimización serían políticamente insostenibles.
El punto de fondo es que Tucumán no puede naturalizar que se hable de “narcopolítica” como una consigna más. La sola posibilidad de que el narcotráfico haya infiltrado estructuras políticas obliga a una reacción institucional firme, transparente y coordinada. Porque si el poder narco encontró protección en la política, el problema ya no está sólo en las rutas: está dentro del Estado.
