La Legislatura tucumana se prepara para debatir el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que busca restringir el acceso y la permanencia en cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado a personas con condenas mayores a tres años por delitos dolosos.
El oficialismo llegaría a la sesión con los votos necesarios, entre legisladores propios y aliados, para convertir en ley el dictamen de mayoría emitido por la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Carolina Vargas Aignasse.
La propuesta incorpora el criterio de “doble instancia” para activar las restricciones. También contempla un listado amplio de delitos, entre ellos defraudación al Estado, narcotráfico, delitos contra la integridad sexual y delitos de lesa humanidad. Además, alcanza a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios.
La oposición pide cambios para hacerla más operativa
Aunque desde distintos sectores opositores valoraron que el tema llegue al recinto, también marcaron diferencias con el texto que impulsa la mayoría. El radical Agustín Romano Norri firmó un dictamen de minoría y sostuvo que la iniciativa representa un paso adelante, pero advirtió que hay aspectos que deberían modificarse para que la norma sea más rápida y efectiva.
Uno de sus cuestionamientos apunta al organismo que debería administrar el Registro Público Provincial de Ficha Limpia. Según el legislador, ese registro tendría que depender del Poder Judicial y no de un área del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Gobierno, para evitar sospechas, malas interpretaciones o posibles usos políticos.
Romano Norri también planteó que el sistema de restricciones debería funcionar de manera automática, sin depender de que un ciudadano presente una impugnación contra un candidato. Para el opositor, la aplicación de la ley debe ser clara, ágil y sin margen para maniobras discrecionales.
El debate central: primera o segunda instancia
Otro de los puntos sensibles es el momento en que debe aplicarse la prohibición para competir por un cargo. El legislador José Macome defendió una postura más estricta y sostuvo que una condena en primera instancia debería ser suficiente para impedir una candidatura.
Macome advirtió que permitir postulaciones de personas condenadas implica dejar abierta una puerta a la corrupción. En su mirada, Ficha Limpia debe elevar los estándares éticos de quienes buscan representar a la ciudadanía.
Desde ese sector rechazan que la propuesta sea interpretada como una proscripción. El argumento opositor es que no se trata de vulnerar derechos políticos, sino de garantizar la idoneidad de quienes aspiran a ocupar funciones públicas.
Con estas diferencias, el proyecto llegará al recinto con chances concretas de ser aprobado, pero con una discusión de fondo todavía abierta: si la futura ley será una herramienta efectiva de control institucional o si nacerá con mecanismos que, según la oposición, podrían demorar o debilitar su aplicación.
