El pedido de los empresarios del transporte para llevar el boleto urbano a $2.400 volvió a instalar un debate sensible en San Miguel de Tucumán: cuánto pueden pagar los usuarios por un servicio que, según admiten distintos sectores del Concejo Deliberante, atraviesa una crisis profunda.
En un escenario económico cada vez más difícil para las familias, los concejales evitaron convalidar de inmediato el planteo de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán. La postura predominante fue que el reclamo debe ser analizado, pero que el momento social no aparece como el adecuado para avanzar con un nuevo incremento tarifario.
El planteo empresario llega, además, en medio de cuestionamientos por las frecuencias, el estado de las unidades y el cumplimiento de los recorridos. Para los usuarios, el problema no se limita al precio del pasaje: también pesa la calidad del servicio que reciben todos los días.
“No es momento”: el freno político al incremento
Tras la sesión extraordinaria en la que asumió Cristian Abel en reemplazo de Carlos Arnedo, el tema del transporte quedó en el centro de la escena política municipal. Abel fue uno de los que marcó distancia del pedido empresario y sostuvo que no es el momento para discutir una suba del boleto, aun cuando reconoció que el sistema atraviesa una situación crítica.
En la misma línea, el concejal Carlos Ale calificó el eventual aumento como una situación desafortunada para el vecino. Si bien admitió que el tema deberá ser tratado, remarcó que el contexto económico del país, la provincia y la ciudad obliga a actuar con prudencia.
El punto que más ruido genera entre los ediles es la contradicción entre el reclamo por mayores costos y las críticas que ya vienen realizándose desde el municipio respecto del funcionamiento del sistema. Según plantearon en el Concejo, no todas las unidades estarían circulando y tampoco se cumplirían plenamente las frecuencias ni los horarios previstos.
Antes que tarifa, exigen discutir el sistema
El debate por el boleto se mezcló con otro reclamo de fondo: la necesidad de enviar los pliegos para redefinir las condiciones del transporte urbano. Los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos insistieron en que la discusión no puede limitarse al valor del pasaje.
Canelada reclamó que se abra el juego a empresas con capacidad y voluntad de prestar un servicio de calidad. En ese planteo incluyó críticas concretas a colectivos sucios, rotos y con frecuencias deficientes. Cobos, por su parte, sostuvo que los pliegos permitirían fijar reglas claras sobre qué unidades deben circular, con qué frecuencia, hasta qué horario y bajo qué condiciones.
Por ahora, el aumento no tiene camino despejado. El pedido empresario quedó bajo análisis, pero el clima político en el Concejo muestra reparos fuertes: los ediles saben que cualquier suba impactará de lleno sobre usuarios golpeados por la crisis y que difícilmente pueda justificarse sin una mejora visible en el servicio.
