La crisis que atraviesa el universo de la Caja Popular de Ahorros y La Bancaria tucumana sumó un nuevo episodio explosivo. Primero fue un audio en el que se habría convocado a empleadas y afiliadas a participar de actividades de apoyo a Lourdes Parache y al diputado nacional Carlos Cisneros. Después apareció un video, grabado dentro de oficinas de la Caja, en el que dos dirigentes sindicales increpan a un joven empleado señalado por haber filtrado esa grabación.
El caso dejó de ser una simple interna gremial. Lo que está en discusión ahora es mucho más delicado: si dentro de una institución pública y de un sindicato con fuerte peso político se habría usado la presión laboral y sindical para alinear voluntades en torno a una causa judicial que involucra a Cisneros.
La escena que se viralizó muestra a Emilia Gutiérrez Cutín y Andrea Escaño Aragón, identificadas como dirigentes vinculadas a La Bancaria, confrontando al empleado. En el intercambio aparecen reproches personales, acusaciones de traición y advertencias que, según la denuncia periodística, también habrían alcanzado al entorno familiar del joven. Una de las frases que resume el tono del apriete fue: “Mordés la mano que te da de comer”.
Del audio filtrado al video del apriete
El origen inmediato del escándalo fue una reunión gremial en la que se habría informado a afiliadas sobre actividades previstas para los días 7 y 8 de mayo. En ese encuentro, según la grabación difundida, se habló de la necesidad de estar presentes para acompañar a “Luli”, en referencia a Lourdes Parache, y también a Carlos Cisneros, dirigente histórico de La Bancaria y actual diputado nacional por Tucumán.
La convocatoria fue presentada en un contexto aparentemente gremial, incluso con mención a un locro por el Día del Trabajador. Pero el punto sensible fue otro: el pedido de presencia en torno a fechas judiciales vinculadas a la causa que envuelve a Cisneros. La frase “tenemos que estar” quedó instalada como una señal de presión, sobre todo porque no se trataba de una invitación política común, sino de un mensaje dirigido a trabajadoras y afiliadas dentro de un ámbito laboral y sindical.
La filtración del audio encendió la furia interna. De acuerdo con la publicación original, el joven que habría difundido la grabación fue increpado luego dentro de la Caja Popular. Allí apareció el segundo material: un video en el que las dirigentes le reprochan su conducta, lo tratan de traidor y lo exponen frente a terceros.
La gravedad política del episodio no está solamente en el tono de la discusión. Está en el lugar donde ocurre, en los actores involucrados y en el trasfondo judicial. La Caja Popular no es una oficina cualquiera: es un organismo con recursos millonarios, fuerte presencia en el sistema financiero provincial y un largo historial de disputa por su control político. La Bancaria, a su vez, no es un sindicato menor: en Tucumán fue durante años una base de poder para Cisneros.
La causa Vélez y el nuevo expediente federal
Para entender por qué un audio gremial terminó convirtiéndose en un problema político de alto voltaje, hay que volver al origen de la causa. En marzo de 2024, Lourdes Parache denunció por abuso sexual a cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield tras un partido disputado en Tucumán. Esa causa tuvo una enorme repercusión nacional.
Tiempo después, la Justicia provincial sobreseyó a los jugadores al considerar que el encuentro había sido consentido y que la denuncia formaba parte de una maniobra extorsiva. A partir de ese expediente se abrió otra línea de investigación, esta vez en el fuero federal, para determinar si existieron posibles conductas vinculadas con trata de personas con fines de explotación sexual.
En ese marco, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió que se cite a declaración indagatoria a Carlos Cisneros, a la abogada Patricia Neme y a Federico Petraglia, empleado de la Caja Popular, entre otros. También solicitó medidas de coerción, como la prohibición de salida del país, y nuevas diligencias probatorias.
El juez federal Guillermo Díaz Martínez notificó la situación a la Cámara de Diputados de la Nación. Hasta ahora, según las publicaciones consultadas, no habría un pedido explícito de desafuero, pero la comunicación abrió la puerta a una discusión institucional sobre la situación del legislador tucumano.
Cisneros negó las acusaciones y habló de una operación en su contra. La Bancaria nacional también salió a respaldarlo públicamente, al sostener que el dirigente sufre un ataque “injustificado y falaz”. La seccional Tucumán fue en la misma línea y expresó apoyo político, gremial e institucional al diputado.
Ese respaldo, sin embargo, no desactiva el problema central. Al contrario: lo agranda. Porque si el sindicato se encolumna detrás de Cisneros mientras avanza una causa federal, cualquier convocatoria a marchar, acompañar o “estar presentes” queda bajo sospecha. La pregunta ya no es si La Bancaria puede defender a uno de sus dirigentes, sino si esa defensa se ejerce respetando la libertad de sus afiliados o mediante presiones internas.
Una crisis que mezcla gremio, política, Justicia y poder
El caso golpea en un momento especialmente delicado para Cisneros. El diputado, que figura oficialmente con mandato hasta diciembre de 2027 por Unión por la Patria, también es secretario de Administración de La Bancaria a nivel nacional. Esa doble condición le da peso político y estructura sindical, pero también vuelve más sensible cada movimiento.
Durante años, su nombre estuvo asociado al poder interno de la Caja Popular de Ahorros. Ese vínculo comenzó a erosionarse en medio de disputas con el gobierno provincial, observaciones sobre el funcionamiento de la entidad y un reordenamiento político que habría recortado su influencia sobre el organismo.
La Caja, además, no administra recursos menores. Se trata de una institución que maneja fondos vinculados al juego legal, créditos, seguros y transferencias hacia áreas sensibles como salud y deporte. Por eso, cualquier denuncia sobre presiones, manejo político o uso interno de estructuras gremiales y estatales tiene impacto público.
El video del empleado increpado funciona como una postal de esa crisis. Un trabajador que filma para protegerse. Dirigentes que lo enfrentan por haber difundido un audio. Un gremio que dice defender derechos, pero aparece señalado por prácticas de disciplinamiento. Y en el centro, la figura de Cisneros, investigado en una causa federal que amenaza con perforar su blindaje político.
La situación también deja una advertencia para el peronismo tucumano. La pelea ya no se juega sólo en Tribunales ni en los pasillos sindicales. Ahora se libra en la opinión pública, con audios, videos, filtraciones, comunicados, denuncias cruzadas y operaciones de desgaste. En ese escenario, cada gesto se vuelve prueba política.
Lo que empezó como una convocatoria interna terminó mostrando algo más profundo: un sistema de lealtades, silencios y presiones que parece crujir desde adentro. La Bancaria puede insistir en que todo es una persecución contra Cisneros. Sus críticos pueden sostener que el caso expone una maquinaria de poder que se resiste a perder control. Pero hay una imagen difícil de borrar: dentro de la Caja Popular, un empleado tuvo que grabar cómo lo apretaban por haber hecho público lo que muchos no querían que se escuchara.
