El procesamiento sin prisión preventiva del abogado Luis Alejandro Ontiveros marca un nuevo capítulo en una causa que viene sacudiendo desde hace meses a los tribunales federales de Tucumán. El juez federal N° 2, José Manuel Díaz Vélez, lo consideró presunto autor responsable de los delitos de tráfico de influencias agravado, en dos hechos, y violación de medios de prueba en concurso real.
La resolución también ordenó un embargo por $100 millones sobre sus bienes y le impuso restricciones personales: deberá someterse al proceso, no podrá comunicarse ni acercarse al denunciante o a eventuales testigos, no podrá cambiar de domicilio y tampoco salir del país sin autorización judicial.
El expediente se originó a partir de la denuncia de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, funcionario de ARCA, quien aseguró que Ontiveros le habría ofrecido influir en decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para beneficiar a su hijo, Jerónimo Martínez Parada, imputado en una causa federal tramitada en Catamarca. Según esa presentación, los ofrecimientos habrían sido por USD 100.000 primero y por USD 80.000 después.
Reuniones, vehículos oficiales y vínculos bajo la lupa
La hipótesis fiscal, sostenida por Agustín Chit, se apoya en la presunta existencia de una “venta de influencia” basada en la extrema cercanía de Ontiveros con el camarista federal Mario Rodolfo Leal. En el expediente también aparece mencionada Solana Casella, esposa del imputado, relatora exclusiva de Leal y postulante al Juzgado Federal N° 1 de Tucumán.
Uno de los datos previos que más peso tuvo en la investigación fue la reconstrucción de encuentros entre Ontiveros y Martínez Salazar Pérez. La causa ubica un primer episodio el 10 de marzo de 2023, cuando se habría ofrecido una gestión judicial a cambio de USD 100.000. Luego, entre el 15 y el 21 de abril de 2025, se habría producido un nuevo contacto por USD 80.000, esta vez para intentar revertir votos en la Cámara Federal.
Durante la pesquisa también se incorporaron registros de geolocalización, audios, mensajes, imágenes y datos del celular del imputado. La fiscalía además señaló que Ontiveros se habría presentado a una de las reuniones en una camioneta Fiat Toro bordó registrada a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asignada a la vocalía de Mario Leal, un punto que reforzó la línea investigativa sobre los vínculos personales, laborales e institucionales que rodean el caso.
El celular, las notas y el intento de borrar pruebas
Otro antecedente clave fue el procedimiento del 4 de junio de 2025, cuando se secuestró el teléfono de Ontiveros. De acuerdo con los informes incorporados al expediente, durante ese operativo se habrían eliminado las aplicaciones WhatsApp y Telegram con un minuto de diferencia, lo que impidió recuperar las bases de datos completas de mensajería.
Ese hecho fue considerado por la Justicia como una maniobra destinada a destruir prueba relevante. Aun así, los peritajes permitieron extraer capturas, imágenes, metadatos y notas digitales del teléfono. Esas anotaciones, según la acusación, incluían referencias a la Cámara Federal, expedientes sensibles, nombres de funcionarios y posibles estrategias, datos que para la fiscalía no se correspondían con el acceso normal de un particular.
La defensa de Ontiveros, encabezada por el estudio de Miguel Ángel Pierri, había cuestionado la investigación y planteado nulidades. Sin embargo, la Cámara Federal ya había ratificado la intervención de Díaz Vélez como juez subrogante, después de que otros magistrados se inhibieran o excusaran. Con el procesamiento, la causa deja atrás la etapa de sospecha inicial y entra en una fase de mayor tensión institucional: la Justicia deberá determinar si existió efectivamente un esquema de intermediación para influir en fallos federales.
